A las 10 de la noche del lunes 3 de agosto de 1998 empezó una pesadilla que todavía no termina. En un feroz ataque, que duró más de dos días, las Farc se tomaron simultáneamente un batallón del Ejército y la base antinarcóticos de la Policía en Miraflores, Guaviare. Unos 800 subversivos, entre quienes se encontraban mujeres y algunos menores de edad, atacaron por la espalda a menos de 200 hombres de la Fuerza Pública. Nueve de ellos murieron y los que corrieron con la suerte de salir vivos de la sanguinaria arremetida terminaron encadenados en selvas y montañas a merced de sus crueles carceleros.
Arbey Delgado, William Donato, Robinson Salcedo y Luis Alfredo Moreno hoy cumplen una década en el infierno. Son los últimos cuatro uniformados de la toma a Miraflores que permanecen secuestrados. Buena parte de sus compañeros recobró la libertad gracias a un intercambio humanitario, y una liberación unilateral por parte de las Farc, en 2001, en plenos diálogos de paz en San Vicente del Caguán, Caquetá, durante el gobierno de Andrés Pastrana. Otros cinco regresaron a la vida el pasado 2 de julio, gracias a la ‘Operación Jaque’ del Ejército.
Ellos, por ser los de mayor rango, no fueron incluidos en el pacto humanitario de hace siete años. La guerrilla quiso mantenerlos retenidos como parte de su botín de guerra, como parte del grupo de los llamados “canjeables”, del cual todavía quedan 27 soldados y policías lejos de casa.
Delgado cumplió 38 años el pasado 7 de abril. Cuando ocurrió la toma a Miraflores era sargento del Ejército y luego fue ascendido a sargento mayor. Las últimas noticias que se tuvieron de él las trajo Consuelo González de Perdomo: seis cartas y dos fotos que comparten doña Amelia, su madre, y Gladys de Delgado, su esposa. En ellas cuenta que está afectado con un dolor en la boca del estómago, que no ve la hora de regresar a la empresa arenera en la que trabajó junto con su padre, Norberto Delgado, como cargador de volquetas y, además, pide a su familia que cada vez que cumpla años le manden serenata a través de la radio. Hace cuatro meses le pusieron la primera, no obstante esperan que para la próxima él ya esté en casa.
Este militar, oriundo de San Agustín, Huila, y el mayor de la Policía, William Donato, son dos de los uniformados más citados por el resto de sus compañeros de infortunio, tanto en pruebas de vida como en los testimonios de aquellos que han regresado a la libertad. Todos coinciden al mencionar la fortaleza y la dignidad como las principales virtudes con las que ambos se han armado para sobrellevar su tragedia. Pero especialmente hablan del compañerismo y la solidaridad de estos dos hombres para con el resto de secuestrados.
La ex congresista González, quien pasó su secuestro de más de seis años con un grupo de militares y policías de Miraflores, y varios civiles, cuenta que todas las noches Donato y Delgado son los encargados de ayudar a lanzar las antenas de radio a los árboles para que tengan mejor señal las frecuencias. Donato y el ex gobernador del Meta, Alan Jara, se convirtieron en su
más grande ayuda, pues decidieron ‘adoptarla’ cuando llegó y colaborarle en todo. “Les debo mucho, me ayudaban con mi carga en las largas marchas. Siempre estuvimos muy unidos”.
Según lo ha contado en cartas enviadas a su esposa, Claudia Rujeles; Alan Jara y Donato empezaron su amistad el mismo día en que el ex gobernador fue secuestrado y llevado al campamento de los soldados y policías, en julio de 2001. El policía cedió su espacio en el cambuche para que el político tuviera un lugar donde dormir. También le donó su radio. “Desde entonces, William es el ‘lanza’ de Alan. Mi esposo me ha recomendado mucho en sus pruebas de vida que me relacione con las familias de él y del coronel Luis Mendieta, dos de sus grandes amigos de cautiverio”.
De Luis Alfredo Moreno, en cambio, no se sabe nada hace cinco años y tres meses. Cuando Luis Eladio Pérez fue liberado, a principios de 2008, le contó a la familia de este sargento segundo del Ejército que había compartido con él un tiempo de cautiverio, pero que hacía 24 meses los habían separado. Y nada más. Ni una carta, ni un video, ni una foto hay para aliviar la pena de la señora Esperanza Chagüezá, madre del militar, quien está enferma de una rodilla, según cuenta Janeth, su hija.
La misma historia que padece la familia de Robinson Salcedo, de quien tampoco se tienen muchas noticias desde 2003, y por cuya ausencia su madre, Trinidad Orjuela, de 77 años, sufre quebrantos de salud que le han impedido mandarle mensajes radiales. “Tratamos de ir cada 15 días”, dice Marta, hermana del militar.
Enfermedades, penas del corazón, tristeza, desolación... relatos que se repiten entre los familiares de cada uno de los más de tres mil —no hay una cifra oficial exacta— secuestrados de Colombia.
Estos cuatro que hoy cumplen 10 penosos años lejos del hogar les tocó ser testigos de una de las acciones más crueles y sangrientas de la historia de la guerrilla. De un golpe certero al corazón de la Fuerza Pública: la toma a Miraflores, que se suma a otros feroces ataques de las Farc por la misma época a peajes, puestos de policía, puentes, hospitales, entre otros, que llenaron de terror a los colombianos. Terror con el que demostraron el poderío militar que tenían. Terror con el que quisieron doblegar a un país.
Infierno en el que lamentablemente todavía continúan muchos ciudadanos y sus familias.
Golpe a la Fuerza Pública
La base antinarcóticos de Miraflores fue concebida para acabar con el procesamiento de droga en Guaviare, departamento que tradicionalmente ha sido epicentro de ese delito, y controlar el tráfico de narcóticos en esa región del país. Este centro de operaciones se caracterizó por su alta tecnología y porque allí llegaba a trabajar lo mejor de la Fuerza Pública. La toma de hace 10 años significó un golpe certero al corazón de la Policía y del Ejército, y un triunfo para las Farc, que por esa época se dio el lujo de demostrar todo su poderío militar en ataques como el de Patascoy y Las Delicias, entre otros. Con la arremetida a Miraflores quedó establecido que la guerrilla también intentaba defender el negocio con el que se ha financiado: el narcotráfico.