La tierra

El Huila, dicen los historiadores, quedó arruinado después de la Guerra de los Mil Días (1899-1902). Los beligerantes arreaban el ganado, que era la única riqueza de la región, para alimentar y calzar a sus tropas. En el conflicto con el Perú (1932) el departamento aportó gran parte de los contingentes que fueron a pelear en las selvas pretendidas por la Casa Arana, que competía con ferocidad a los caucheros huilenses, tolimenses y caucanos. José Eustasio Rivera lo cuenta.

Por la misma época se inicia la siembra de arroz con riego en Campoalegre y Palermo. El algodón, el sorgo, el tabaco y otros cultivos comerciales vendrían después de la Violencia (1946-53), cuando gran parte de las tierras más planas y fértiles a orillas del río Magdalena habían sido concentradas en pocas manos.

Los campesinos fueron desalojados y expulsados hacia las cordilleras y hacia las selvas. La gran mayoría de colonos que abrieron el Caquetá y el piedemonte del Meta eran opitas. En estas regiones, donde los campesinos apenas sobrevivían, echaron raíces las Farc, fundadas a raíz del triunfo del gobierno de Valencia y Ruiz Novoa en Marquetalia (1964).

Cinco años antes, Fidel Castro se había tomado el poder y poco después proclamado el socialismo en Cuba. Kennedy fundó, para contrarrestar su influjo en América Latina, la Alianza para el Progreso, uno de cuyos programas más destacados fue la reforma agraria.

En Colombia la lucha contra el latifundio venía afianzándose desde el reconocimiento constitucional de la función social de la propiedad (1936), pero fue en los años sesenta cuando, amparados en la AID, un acuerdo entre algunos liberales y unos pocos conservadores permite sacar adelante la Ley 135 de 1981, que autorizó reformar la rígida estructura agraria.

Durante el gobierno de Lleras Restrepo (1966-1970) el campo vivió un notable revolcón más de expectativas que de realidades. El Incora titula tierras baldías en zonas alejadas, parcela rastrojeras empobrecidas de terratenientes a unos pocos campesinos, construye distritos de riego y organiza empresas comunales.

Los terratenientes y gamonales opusieron una tenaz resistencia que obligó al Gobierno a organizar el movimiento campesino en una poderosa asociación (ANUC), que pronto desborda el marco legal y se lanza a la invasión de haciendas.

En el Huila, donde el conflicto armado revestía gran fuerza, la reforma agraria fue particularmente tímida. El esfuerzo se orientó a la titulación de predios baldíos. No obstante, los campesinos sin tierra, muchos jornaleros en las grandes empresas arroceras, invadieron tierras que, por presión de los acontecimientos de orden público, terminaron siendo tituladas.

Al sur de Neiva y ribereñas del Magdalena, se organizaron ocho empresas comunitarias. Dos han sido muy nombradas: la de Escalereta, en el municipio de El Agrado, y la de Veracruz, en el municipio de Gigante. La primera fue resultado del tesón campesino y de la pobreza municipal.

Los jornaleros invadían, la Policía los encarcelaba y el Alcalde los soltaba porque no tenía con qué alimentarlos. Así muchas veces, hasta que los invasores se quedaron con la hacienda.

En Gigante —donde aún crece la ceiba plantada en 1853 cuando se decretó la abolición de la esclavitud en Colombia—, la falta de agua impedía que los cultivos de arroz, sorgo y maíz fueran rentables y el ganado lechero diera para el sustento.

La situación era tan crítica que los parceleros tuvieron que volver a jornalear. Hasta que un día un inversionista les propuso a los comuneros un negocio: tomar las tierras comunales en comodato durante 15 años a cambio de construir en ellas un distrito de riego.

Así fue. Los campesinos se volvieron primero peones en las obras de riego y luego en los cultivos beneficiados. Hace cinco años, los socios de la empresa comunitaria, ya viejos, pudieron gozar del logro de sus luchas y sacrificios. Después de cuarenta años, al menos sus hijos acariciaban el sueño de una tierra propia y fértil.

El agua

El sueño fue interrumpido una tarde cuando llegaron unos empleados uniformados a informarles que esas tierras irían a ser inundadas para construir la represa del Quimbo.

Los campesinos más viejos recordaban que desde los años cuarenta se oía hablar de la obra que finalmente confundieron con la hidroeléctrica de Betania, aguas abajo de la desembocadura del torrentoso río Páez en el Magdalena, contratada por Misael Pastrana, inaugurada por Virgilio Barco y privatizada por Gaviria.

Fue la más gigantesca y controvertida obra de generación eléctrica construida en el país: 7.400 hectáreas inundadas, a lo largo de 53 kilómetros que almacenan 2.000 millones de metros cúbicos de agua para producir 540 megavatios, el 8% de la demanda del país.

La polémica sobre los efectos sociales y ambientales de represar nuestro río madre duró varios años. Los años que duró la construcción de la obra y los años en que los sedimentos fueron reduciendo el volumen de agua y la generación de electricidad, efectos debidos a la deforestación de la cuenca del Alto Magdalena y en particular a las cargas de barro y arena arrastradas por el río Páez desde el nevado del Huila.

La empresa hispano-chilena Emgesa compró en 1991 la hidroeléctrica de Betania. Tanto el gobierno como la compañía eran conscientes de la acelerada sedimentación del lecho y por eso tenían prevista la construcción del Quimbo, así como ahora tienen proyectadas otras hidroeléctricas aguas arriba en la medida en que las de abajo vayan disminuyendo la generación de energía por idéntico fenómeno.

Los proyectos, todos sobre el Alto Magdalena, son: Pericongo, Isnos, Chillurco, Oporapa, Guarapas, con una potencia calculada en 1.424 megavatios: tres veces Betania. Y como una cosa lleva a la otra, tal como la propiedad de Betania lleva a la construcción y propiedad del Quimbo, Emgesa va por todo: la cuenca alta del río Magdalena.

Abriendo el zoom y mirando lejos, nuestro río madre, eje de nuestra civilización, quedará represado arriba, envenenado en el medio por todas las aguas negras que le botan pueblos y ciudades, y destruidas sus ciénagas y humedales en el bajo Magdalena al ritmo de la codicia terrateniente.

La obra

El proyecto de la hidroeléctrica del Quimbo fue negociado por el gobierno de Uribe en bolsa, enmarcado por el Plan 2019 o Visión Colombia II Centenario, cuyas bases son la confianza inversionista y la seguridad democrática.

La obra es la primera que se vende bajo el esquema de subasta por cargo de confiabilidad, que significa que a Emgesa se le garantiza “un ingreso fijo independiente de su participación diaria en el mercado mayorista asignado por un período de 20 años, reduciendo así el riesgo de su inversión”, según la Comisión de Regulación de Energía y Gas. En plata blanca: pura ganancia para la empresa.

La construcción de la obra está calculada en 700 millones de dólares y tendrá capacidad para generar 400 megavatios, el 5% de la demanda eléctrica del país, cifra que representará para la fecha de su inauguración, en 2014, exactamente el excedente de electricidad que el Sistema Eléctrico Nacional estará produciendo cuando entren en servicio las hidroeléctricas de Pescadero, Porce IV, Hidrosogamoso, Cucuana en el Tolima, Urrá II.

La venta del futuro Quimbo fue hecha en junio de 2008 y la opinión pública del Huila la fue conociendo poco a poco, casi de una manera secreta. La razón es simple: la hidroeléctrica tendría la exclusiva función de producir energía para la exportación a Ecuador, Centroamérica —Plan Puebla-Panamá— y el Caribe —Santo Domingo y Puerto Rico.

El embalse tendría una longitud de 28 kilómetros e inundaría 8.800 hectáreas: 5.300 están en producción y 2.000 de ellas son tierras de antiguos parceleros del Incora.

*Espere el próximo domingo la segunda parte del  reportaje, con los pros y contras de este proyecto.