El 95% de las 19.000 hectáreas terrestres que conforman el Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT) se encuentra en manos de particulares y apenas el 5% restante pertenece al Gobierno. Así lo admiten abiertamente funcionarios de la oficina de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC). Mientras que en el pequeño porcentaje estatal funcionan oficinas en medio de predios boscosos, en la mayoría de hectáreas de poseedores, ocupantes o colonos con falsas tradiciones se erigen imponentes construcciones privadas.
Lo irregular del asunto es que tres estudios realizados por la Unidad Nacional de Parques y el antiguo Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inderena) demuestran que muchas de estas construcciones privadas se han levantado sin licencia ambiental, en terrenos que fueron adquiridos después de 1964, fecha en que se declaró al Parque Tayrona como un área protegida, con lo cual resulta obvio que es ilegal el comercio de tierras y propiedades entre particulares que hoy caracteriza esta reserva ecológica.
Muchos poseedores no tienen delimitación específica de sus predios, en la práctica se han apropiado de tierras del Estado, han intentado sembrar cultivos de manera extensiva, no muestran una claridad en la posesión o tenencia de la tierra y libremente venden a particulares. Los compradores, a su vez, también hacen negocios con esas tierras.
Para Juan Manuel Sabogal, director del Grupo Jurídico de la Unidad de Parques Nacionales, quien ha estudiado a fondo las irregularidades de los predios levantados en el Parque Tayrona, la compra y venta entre particulares en las áreas protegidas no son viables dentro del sistema, y lo ratifica citando la jurisprudencia desarrollada por la Corte Constitucional en sentencias como la C-649 de 1997, a través de la cual claramente se limitan los derechos del propietario particular en la zona de reserva. Sin embargo, la ley se sigue violando sin tapujos.
El primero de los estudios citados es un documento de 347 páginas que fue elaborado por el Inderena en 1996. Este documento, titulado “Estudio de títulos del Parque Nacional Natural Tayrona”, analizó las 60 fincas que la oficina de Catastro tenía registradas en ese entonces. De ellas, 22 eran terrenos baldíos y 38 pertenecían a particulares, que sumaban 14.223 hectáreas del parque. Lo que quiere decir que en ese entonces el Parque Tayrona tenía 4.777 hectáreas menos que las registradas en las últimas cartas cartográficas.
El segundo es un documento de 197 páginas escrito por el abogado Filipo Burgos y el Grupo Jurídico de la Unidad Nacional de Parques en el año 2002. Se evaluaron los certificados de tradición y libertad de 52 propiedades, que reposan en la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos de Santa Marta, y se constató que varias fueron desenglobadas, por lo cual de 60 fincas en 1996 se pasó a 108 en 2004, la mayoría a manos de particulares. El escrito dejó reseñada la historia de cada propiedad, las fechas de adquisición, las ventas que se hicieron después de la declaratoria de área protegida, la ubicación y las hectáreas y la legalidad de posesión de los predios.
El tercer informe, del año 2003, fue elaborado por la abogada Miriam Cristina Escobar, y manifiesta que “se viene presentando una dinámica de crecimiento de predios” y que sólo en un año, de 2002 a 2003, se pasó de 108 a 160 propiedades que, según los mismos funcionarios de Parques Nacionales, a la fecha pueden sobrepasar las 200. El informe de la abogada, que representa el estudio más reciente, encontró que “de los 160 predios analizados, 52 se encuentran titulados y 56 presentan falsa tradición”, es decir, no tienen un título válido.
La repartija de tierras en el Tayrona persiste, porque muchos funcionarios se sienten intimidados por los grupos emergentes que se siguen disputando las rutas para sacar cocaína. Los enfrentamientos desde antes de que las Auc se desmovilizaran, con 20 asesinatos en el primer semestre de este año en cercanías a la reserva natural, o las presiones de las que han sido víctimas durante años, sumados a las muertes de varios de sus compañeros, incluida la ex directora del Parque, Martha Lucía Hernández Turriago en 2004, precisamente en momentos en que estudiaba la titulación del Parque Tayrona, explican la razón por la cual se retarda la acción del Estado.
Los casos mayores
En el caso del predio “Gairaca, Neguanje, Cinto y Guachaquita” se encontró, por ejemplo, que según la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos la propiedad tiene una extensión de 2.000 hectáreas, pero en la cédula catastral es superior a 5.350. Estas tierras que ocupan la cuarta parte del Parque Tayrona muestran como propietarios a Victoria Carrillo de Aguilera (49%) y Sociedad Canel Hermanos Ltda. (51%), a la que pertenecen los hermanos Carlos Alberto y Antonio Nel Zúñiga Caballero, una acaudalada familia samaria.
Mediante escritura N° 694 de la Notaría Única de la Ciudad de Ciénaga, el 8 de septiembre de 1980, José C. Castillo Blanco vendió el predio a Alfredo Díaz Granados y Antonio Nel Zúñiga Caballero. Dos años después, en noviembre de 1982, mediante escritura N° 1437 de la Notaría Segunda de Santa Marta, Alfredo Díaz Granados Caballero vendió a Victoria Carrillo de Aguilera el 49% de la propiedad. El 15 de diciembre de 1982, mediante escritura N° 1552 de la Notaría Segunda de Santa Marta, Antonio Nel Zúñiga Caballero vendió el 51% restante a Inversiones y Construcciones Zuca Ltda., actual poseedor. Sin embargo, no es clara la extensión del predio y la diferencia entre el certificado de tradición y libertad y la cédula catastral es de 3.350 hectáreas.
Otra de las propiedades, “Concha, Atajo de Concha, Concha y Palangana”, con una extensión de 3.409 hectáreas, permite detectar que estas tierras pertenecen a la Nación desde el 22 de septiembre de 1968, fecha en que el Incora decretó la extinción del dominio por falta de explotación económica, salvo 400 hectáreas de nombre “Villa Concha”, que eran explotadas por el particular Julio Sánchez Trujillo, al igual que un lote de 190 hectáreas denominado “Chengue o Bahía del Norte” de propiedad de Carlos José Medina Zota.
En el caso de “Villa Concha”, un predio que en un principio estaba conformado por un área de 400 hectáreas, misteriosamente en 1975 pasó a tener 1.389 hectáreas, luego de que la seccional de Catastro del Magdalena hiciera una actualización de linderos. Un incremento patrimonial particular que no se estancó porque, según el folio de matrícula inmobiliaria, su tamaño hoy asciende a 1.577 hectáreas con 8.505 metros cuadrados. Su propietario inicial, Julio Sánchez Trujillo, a través de la escritura pública N° 1326 del 29 de diciembre de 1975 de la Notaría Primera de Santa Marta, le vendió 968 hectáreas a Agrocolombiana del Desarrollo Ltda.
Después, el 31 de diciembre de 1976, mediante escritura pública N° 1237 de la Notaría Segunda Santa Marta, Julio Sánchez vendió a la Urbanizadora Villa Concha Ltda., de propiedad de Eduardo Dávila Armenta (hoy detenido por nexos con paramilitares), 12 hectáreas. Cinco meses después, mediante escritura pública N° 480 del 25 de mayo de 1977, de la Notaría Segunda de Santa Marta, volvió a vender a Urbanizadora Villa Concha Ltda. 223 hectáreas más. Finalmente, Sánchez Trujillo efectuó una cuarta venta. Según escritura pública N° 1385 del 30 de noviembre de 1977, de la Notaría Segunda de Santa Marta, le vendió 222 hectáreas a Alberto Zúñiga Caballero y a Raúl Dávila Jimeno.
Como si fuera poco, de las 1.425 hectáreas que había vendido, le sobraron tierras para dejarles a sus hijos. A través del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta, el 12 de noviembre de 1979 se le adjudicó por sucesión 152 hectáreas y 8.505 metros cuadrados a Mercedes Sánchez de Otero y a Julio Sánchez Sierra. Según el estudio, el predio de la nación “se ha venido reduciendo porque el señor Julio Sánchez Trujillo, propietario de la parte que se excluyó de la extensión del dominio, vendió cuatro veces más de lo que tenía”.
El abogado Filipo Burgos, en las conclusiones del estudio, recomendó iniciar un proceso de clarificación de la propiedad y así determinar cuáles fueron las 400 hectáreas excluidas y cuáles las 3.409 del Estado, debido a que “algunas de estas ventas aparecen registradas con el subrayado de “falsa tradición”, porque no aparece el verdadero dueño en la venta.
En el caso de la propiedad “Chengue o Bahía del Norte”, consigna el informe que, pese a que el Incora le había adjudicado el lote a Carlos José Medina Zota, mediante Resolución N° 102 del 30 de mayo de 1963, el 6 de junio de 1977 el Juzgado Civil del Circuito de Aguachica (Cesar) le adjudicó a Mary Ramona de Medina el título de propiedad. Esta a su vez, el 30 de marzo de 1979, por medio de escritura de la Notaría Segunda de Santa Marta, se lo vendió a Alberto Zúñiga Caballero, Raúl Dávila Jimeno y Eduardo Dávila Armenta.
Es así como la propiedad “Chengue o Bahía del Norte” aparece con matrícula inmobiliaria N° 080 0007163 y cédula catastral N° 003 001- 124, a nombre de Inversiones Gaviota Ltda. 1/3, Inversiones Alfa Ltda. 1/3 y Dávila Armenta Eduardo y Dávila Jimeno Raúl Alberto 1/3 de la propiedad. A este respecto, el informe concluyó que sería necesario iniciar un proceso de “clarificación de la propiedad” y “recuperación de baldíos indebidamente ocupados”, ya que no es claro cómo parte de los predios llegaron a la familia Dávila.
Otra de las irregularidades que cometieron los dueños del Parque Tayrona se evidenció en la finca “Palomar”. El 2 de mayo de 1966, una sentencia emitida por el Juzgado Promiscuo de Santa Marta, declaró a Helda Silva Cantillo propietaria del predio “Palomar” de 483 hectáreas. Con la intención de vender sus tierras, el 8 de agosto de 1989, mediante escritura pública N° 1389 de la Notaría Primera de Santa Marta, lo desenglobó en 12 lotes. Una vez vendidos esos terrenos volvió a desenglobar la parte restante, para comerciar ocho lotes más, a través de la escritura pública N° 1892 del 14 de agosto de 1989, de la Notaría Primera de Santa Marta. Fue así como Helda Silva Cantillo vendió 19 predios de 25 hectáreas y uno de 16 y ½, entre el 23 de enero de 1990 y el 24 de marzo de 1999.
Lo que esta propietaria hizo fue vender 20 partes de su propiedad, en años que ya no se hacía legal la compra y venta de terrenos en el Parque Tayrona por ser un área protegida. Esos 20 terrenos obtuvieron nombre, número de folio y escritura pública, además quedaron en manos de 11 personas, incluida la propia Helda Silva Cantillo. Los nuevos poseedores son: Arelis Regina Benítez Quiroz, Lácides Martín Gutiérrez Sumay, Belinda Esther Fontalvo Castro, Antonio Utria Gutiérrez, Pablo Antonio Castro Rodríguez, Zulma Parada Rolón, Digna Rosa Polanco Amaris, Oswaldo Antonio Collazo, Isidro Adaines Caballero Utria y Francia Elena Utria Ortega. En este caso, el documento concluye que se debe hacer una clarificación de la propiedad para recuperar los terrenos.
Algo similar ocurrió en la finca “Nuevo Horizonte”, que pertenecía a José Vicente Martínez Caballero, quien se la vendió a Helda Silva Cantillo el 13 de noviembre de 1969. El 13 de abril de 1987, mediante escritura pública N° 609 de la Notaría Primera de Santa Marta, Silva Cantillo desenglobó el terreno y se abrieron 10 matrículas inmobiliarias con nuevos poseedores de tierras en el Parque Tayrona.
Según Julia Miranda Londoño, directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, esos y otros temas se vienen trabajando con la entidad competente para que se haga una clarificación de la propiedad. “Hay unos predios en los que hay total claridad de la propiedad, porque muchos de ellos surtieron luego de un proceso judicial, pero nosotros no somos la autoridad llamada a definir la propiedad, es el Incoder y nosotros ya le solicitamos que priorice el Parque Tayrona para definir la propiedad”.
Otro de los ejemplos de que en el Tayrona sus propietarios hacen lo que quieren con el parque nacional natural se presenta en el balneario Gayraca. Allí, en el año 2003, la Unidad Nacional de Parques, entre los meses de agosto y octubre de 2003, emitió 12 resoluciones de demolición de igual número de propiedades, debido a que éstas fueron construidas sin ningún tipo de licencia ambiental.
Las órdenes que aún no se cumple fueron remitidas a: Carlos Rivas, Moisés Anchila y Mario Barbosa, Cure Casadiego Barbosa, John Jairo Barbosa, Miguel Ángel Barbosa Angarita, Reynaldo García Leyca, Rodolfo G. Strobel, Tomás Rafael García Díaz, Húber Moreno Cardona, Cayón Fuentes, Hernán Cobos Muñoz y Clemente Cayón Gutiérrez. Según Julia Miranda, el alcalde, quien es la autoridad competente para que se cumpla la orden, manifestó que está en toda la disposición de respaldar el operativo, pero aún no se ejecuta: “Es muy importante que se realice, porque si no la autoridad queda como una autoridad de papel”.