Uno de los predios bajo investigación por posible construcción ilegal en predios protegidos por la ley ambiental.

El 95% de las 19.000 hectáreas terrestres que conforman el Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT) se encuentra en manos de particulares y apenas el 5% restante pertenece al Gobierno. Así lo admiten abiertamente funcionarios de la oficina de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC). Mientras que en el pequeño porcentaje estatal funcionan oficinas en medio de predios boscosos, en la mayoría de hectáreas de poseedores, ocupantes o colonos con falsas tradiciones se erigen imponentes construcciones privadas.

Lo irregular del asunto es que tres estudios realizados por la Unidad Nacional de Parques y el antiguo Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inderena) demuestran que muchas de estas construcciones privadas se han levantado sin licencia ambiental, en terrenos que fueron adquiridos después de 1964, fecha en que se declaró al Parque Tayrona como un área protegida, con lo cual resulta obvio que es ilegal el comercio de tierras y propiedades entre particulares que hoy caracteriza esta reserva ecológica.

Muchos poseedores no tienen delimitación específica de sus predios, en la práctica se han apropiado de tierras del Estado, han intentado sembrar cultivos de manera extensiva, no muestran una claridad en la posesión o tenencia de la tierra y libremente venden a particulares. Los compradores, a su vez, también hacen negocios con esas tierras.

Para Juan Manuel Sabogal, director del Grupo Jurídico de la Unidad de Parques Nacionales, quien ha estudiado a fondo las irregularidades de los predios levantados en el Parque Tayrona, la compra y venta entre particulares en las áreas protegidas no son viables dentro del sistema, y lo ratifica citando la jurisprudencia desarrollada por la Corte Constitucional en sentencias como la C-649 de 1997, a través de la cual claramente se limitan los derechos del propietario particular en la zona de reserva. Sin embargo, la ley se sigue violando sin tapujos.

El primero de los estudios citados es un documento de 347 páginas que fue elaborado por el Inderena en 1996. Este documento, titulado “Estudio de títulos del Parque Nacional Natural Tayrona”, analizó las 60 fincas que la oficina de Catastro tenía registradas en ese entonces. De ellas, 22 eran terrenos baldíos y 38 pertenecían a particulares, que sumaban 14.223 hectáreas del parque. Lo que quiere decir que en ese entonces el Parque Tayrona tenía 4.777 hectáreas menos que las registradas en las últimas cartas cartográficas.

El segundo es un documento de 197 páginas escrito por el abogado Filipo Burgos y el Grupo Jurídico de la Unidad Nacional de Parques en el año 2002. Se evaluaron los certificados de tradición y libertad de 52 propiedades, que reposan en la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos de Santa Marta, y se constató que varias fueron desenglobadas, por lo cual de 60 fincas en 1996 se pasó a 108 en 2004, la mayoría a manos de particulares. El escrito dejó reseñada la historia de cada propiedad, las fechas de adquisición, las ventas que se hicieron después de la declaratoria de área protegida, la ubicación y las hectáreas y la legalidad de posesión de los predios.

El tercer informe, del año 2003, fue elaborado por la abogada Miriam Cristina Escobar, y manifiesta que “se viene presentando una dinámica de crecimiento de predios” y que sólo en un año, de 2002 a 2003, se pasó de 108 a 160 propiedades que, según los mismos funcionarios de Parques Nacionales, a la fecha pueden sobrepasar las 200. El informe de la abogada, que representa el estudio más reciente, encontró que “de los 160 predios analizados, 52 se encuentran titulados y 56 presentan falsa tradición”, es decir, no tienen un título válido.

La repartija de tierras en el Tayrona persiste, porque muchos funcionarios se sienten intimidados por los grupos emergentes que se siguen disputando las rutas para sacar cocaína. Los enfrentamientos desde antes de que las Auc se desmovilizaran, con 20 asesinatos en el primer semestre de este año en cercanías a la reserva natural, o las presiones de las que han sido víctimas durante años, sumados a las muertes de varios de sus compañeros, incluida la ex directora del Parque, Martha Lucía Hernández Turriago en 2004, precisamente en momentos en que estudiaba la titulación del Parque Tayrona, explican la razón por la cual se retarda la acción del Estado.

Los casos mayores

En el caso del predio “Gairaca, Neguanje, Cinto y Guachaquita” se encontró, por ejemplo, que según la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos la propiedad tiene una extensión de 2.000 hectáreas, pero en la cédula catastral es superior a 5.350. Estas tierras que ocupan la cuarta parte del Parque Tayrona muestran como propietarios a Victoria Carrillo de Aguilera (49%) y Sociedad Canel Hermanos Ltda. (51%), a la que pertenecen los hermanos Carlos Alberto y Antonio Nel Zúñiga Caballero, una acaudalada familia samaria.

Mediante escritura N° 694 de la Notaría Única de la Ciudad de Ciénaga, el 8 de septiembre de 1980, José C. Castillo Blanco vendió el predio a Alfredo Díaz Granados y Antonio Nel Zúñiga Caballero. Dos años después, en noviembre de 1982, mediante escritura N° 1437 de la Notaría Segunda de Santa Marta, Alfredo Díaz Granados Caballero vendió a Victoria Carrillo de Aguilera el 49% de la propiedad. El 15 de diciembre de 1982, mediante escritura N° 1552 de la Notaría Segunda de Santa Marta, Antonio Nel Zúñiga Caballero vendió el 51% restante a Inversiones y Construcciones Zuca Ltda., actual poseedor. Sin embargo, no es clara la extensión del predio y la diferencia entre el certificado de tradición y libertad y la cédula catastral es de 3.350 hectáreas.

Otra de las propiedades, “Concha, Atajo de Concha, Concha y Palangana”, con una extensión de 3.409 hectáreas, permite detectar que estas tierras pertenecen a la Nación desde el 22 de septiembre de 1968, fecha en que el Incora decretó la extinción del dominio por falta de explotación económica, salvo 400 hectáreas de nombre “Villa Concha”, que eran explotadas por el particular Julio Sánchez Trujillo, al igual que un lote de 190 hectáreas denominado “Chengue o Bahía del Norte” de propiedad de Carlos José Medina Zota.