Es el culebrón más largo de la historia de los medios de comunicación colombianos: ¿será Álvaro Uribe candidato a tercer mandato y segunda reelección? El mandatario repta desde hace meses hacia una declaración que casi todos dan por afirmativa, mientras él dejaba que calara la idea de que no podía pronunciarse porque si lo hiciera se convertiría en un pato cojo, como los presidentes estadounidenses que en los últimos meses de su mandato apenas acarrean poder ante seguidores y adversarios.
Pero hay otras razones. El líder colombiano no quiere comprometerse mientras no sea seguro que pueda presentarse, y una serie de obstáculos legales, tanto de calendario como constitucionales, pueden hacer que eso no ocurra hasta marzo de 2010, en vísperas de las elecciones legislativas, fecha también para el referendo que legalizaría su candidatura.
Colombia, como Dorian Grey, no quiere mirarse al espejo porque la lista de desaguisados que amojonan el segundo mandato presidencial, haría sonrojar hasta a un dictador. Enumerarlos es como una visita al museo de los horrores: más de medio centenar de diputados uribistas procesados o en la cárcel, la mayoría por conexiones con los paramilitares; espionaje telefónico del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) sobre todo el que se mueva; compra de votos a la vista del público para cambiar la Constitución; adjudicación de notarías a cambio de apoyo parlamentario; legitimación del transfuguismo masivo, como ocurrió en la aprobación de la ley del referéndum ya citado, sobre el que el Ejecutivo estudia la reforma del censo para que la cifra de siete millones y pico de votantes, mínimo exigible para que valga la consulta y que son la cuarta parte del electorado, quede en poco más de cuatro millones, con lo que a Uribe le bastarían dos para ser candidato; el caso más egregio de todos, los dos mil y pico falsos positivos —eufemismo por asesinato— de otros tantos campesinos perpetrados por el Ejército para hacerlos pasar por guerrilleros, sobre los que Uribe no reconoce responsabilidad ni conocimiento. Y la última bofetada, la certificación estadounidense de que Colombia coopera en la lucha contra la droga —especialmente, cediendo el uso de siete bases a Estados Unidos— cuyo texto está concebido en lenguaje de potencia protectora a tribu protegida. Washington afirma, entre otros descaros, que “facilitará el diálogo entre el Gobierno colombiano y los cuerpos sociales”, dando por sentado que Bogotá necesita que la estimulen. Y nadie protesta.
Pero esa letanía no parece contar para lo que se llama en Colombia opinión pública que, en realidad, se reduce a poco más de un tercio de 44 ó 45 millones de habitantes, que son los que votan, los que tienen voz, y a los que el presidente tiene convencidos, seducidos, o simplemente, favorecidos por su mandato. Sobre esa base el uribismo gubernamental ha incluso teorizado. Esa masa constituye un Estado de Opinión, superior incluso al Estado de Derecho, y sobre el que voces áulicas se apoyan para decir que si el pueblo lo quiere no puede haber inconveniencia legal que se interponga.
Las espadas en alto se expresan en un escueto binomio: elecciones con o sin Uribe; si es con, parece difícil que el movimiento TCU (Todos Contra Uribe) pueda lograr su propósito; excepto un puñado de intelectuales y sindicalistas, el resto de las clases ilustradas vota arrastrando a su clientela por un presidente gracias al cual ven la luz al final del túnel, un país del que las Farc, marxistas quizá, terroristas seguro, hubieran desaparecido exterminadas por el ángel vengador, del que pudieran disfrutar comiéndose el ajiaco en su segunda residencia; y si es sin, todo vale desde la victoria del que unja Uribe como delfín, para lo que hay más aspirantes que partidos, hasta una tupida nómina de opositores.
Hay quien dice que hay túnel, pero lo que falta es luz.