La historia de la abogada Andrea Vega es de esas que de verdad se construyen a punta de coraje y deseos de superación. Nació cuando apenas tenía cinco meses de gestación, con hidrocefalia y problemas de desarrollo de sus miembros inferiores que la obligaron a vivir de por vida en silla de ruedas. Pese a dichas limitaciones estudió derecho, es funcionaria de la oficina jurídica de Planeación Distrital y acaba de hacer historia al lograr que Colombia se convierta en el primer país de América Latina en reconocer el derecho a la adopción de las personas discapacitadas, reduciendo los criterios de idoneidad física.
Se enteró de la noticia el viernes, cuando ingresaba a una de las clases de su maestría de derecho público en la Universidad Externado. María Eugenia Rodríguez, su mamá, la acompañaba como todos los días al salón de estudios y le contó que en algún periódico del día había leído que la Corte Constitucional confirmó que la restricción sólo se mantiene para los casos en que la discapacidad es total o mental, pero no para personas como ella.
Andrea quería estar segura de que la batalla jurídica que emprendió a comienzos de año estaba ganada y no tuvo que hacer mucho para confirmarlo. Era su primer día de clases con Juan Carlos Henao, magistrado de la Corte Constitucional, a quien interrumpió antes de que comenzara su disertación. Él le respondió que sí habían fallado la demanda de Andrea Vega contra un artículo de la Ley de Infancia y Adolescencia y quiso saber la razón de su interés. “Es que yo soy Andrea Vega, doctor”. En este punto le fue imposible a la abogada contener la emoción y sus compañeros tampoco ahorraron aplausos y felicitaciones.
En realidad la demanda era contra una parte del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia) que exigía criterios de “idoneidad física” para las personas que deseen adoptar en el país. Con fluido discurso, Vega remitió la demanda presentándose como abogada pero sin mencionar su discapacidad, que controla a partir de una válvula de Hakim y con un catéter que le recorre cabeza, tórax y peritoneo para expulsar el líquido que produce su cerebro.
En vez de lamentar su situación se limitó a decir que aun cuando la Constitución sólo se refiere textualmente a los derechos a la salud, trabajo y educación para las personas con limitaciones físicas, éstas también tienen muchos otros, como el de ser padres.
Demostró teóricamente que las disminuciones físicas no impiden cuidar un hijo. “Más allá de la fuerza física hay inteligencia por desarrollar y seguridad por brindar. Además, mucha gente usa la fuerza física para maltratar a los menores”, le explicó a El Espectador.
La Corte le dio la razón y así lo informó en la noche del jueves Nilson Pinilla, presidente del alto tribunal. Hoy la abogada piensa que otra de las razones que la ayudaron a ganar fue el haber limitado su pretensión a algunas incapacidades, como las de ceguera, inmovilidad parcial o sordera.
Mientras la Corte estudiaba su demanda —la segunda que gana, pues en 2004 logró que se extendieran los deberes de crianza de los padres biológicos a los adoptivos—, la jurista continuaba en su trabajo en el Distrito. En cumplimiento de esa labor emitió recientemente un concepto a favor del matrimonio gay, curiosamente en contra de otro aparte del mismo Ley de la Infancia que había demandado por razones personales.
Según el censo de 2005, en Colombia hay más de 2,7 millones de discapacitados, muchos potenciales beneficiarios del fallo. “Espero que lo que hice motive a muchos de ellos a seguir adelante, a animarse a tener una familia sin complicaciones más allá de sus problemas”, indicó Vega, quien por fin podrá solicitar la adopción de la niña que se negó a procrear pese a los ruegos de su madre, ya que biológicamente no tiene impedimento para ello. “Quiero ser mamá, pero soy consciente de que mi discapacidad me impide criar a un bebé, así que buscaré una niña más grandecita, máximo de cinco años”.
Andrea Vega explica la demanda
“Los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia tienen rango constitucional, lo cual quiere decir que son superiores a las leyes. La Nación suscribió un tratado internacional que fue la Convención de la eliminación de todas las formas de discriminación contra los discapacitados. La Constitución dice que absolutamente todas las personas tienen derecho a conformar una familia. Yo digo que al exigírseme idoneidad física para adoptar se me viola el derecho a la igualdad, porque es algo que no depende de mí y es algo que no tiene por qué anularme como persona.
Tengo que ser muy honesta frente al alcance de mi pretensión, no estoy peleando por los discapacitados que están en un estado 4 de patología (según Medicina Legal hay grados de las enfermedades: el estado 1 es el menos grave y el 4, el más grave), porque ellos no van a estar en capacidad de cuidar a un niño. Peleo por los discapacitados que como yo ya superamos una condición física compleja y nos vinculamos a la vida escolar, universitaria, y trabajamos” .