La noche del 16 de diciembre de 1991, el líder indígena paez Feliciano Valencia creyó conocer el infierno. Desde hacía varios meses se había tomado, junto a unos 100 compañeros aborígenes de resguardos del Cauca, la hacienda El Nilo del municipio de Caloto, a dos horas de Popayán. Esas tierras, cuenta, fueron habitadas y hechas productivas por sus abuelos y los abuelos de sus abuelos y, así alguien les estuviera explicando, papeles en mano, que eran de propiedad privada, ellos consideraban que tenían todo el derecho a ocuparlas también.
A las 9 en punto comenzó la masacre. Hombres armados, se dice que de la Fuerza Pública y de grupos paramilitares, dispararon contra los invasores, mientras las mujeres preparaban el maíz para el mote y los hombres atizaban los fogones de leña. Murieron 20 indígenas, dos de ellos eran niñas de 13 y 14 años.
Feliciano, ciertamente, conoció el infierno. Sus 25 años de edad le permitieron correr rápido y esconderse en una zanja de la finca. Ahí, desde un rincón, pudo observar cómo ajusticiaban a la gente de su pueblo que, arrodillada, suplicaba y suplicaba.
El Estado reconoció su responsabilidad por este hecho. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se comprometió a reparar integralmente a la comunidad paez, judicializando a los responsables y devolviendo a los indígenas 15.663 hectáreas de tierras. A tan sólo tres años de cumplirse dos décadas de la matanza, cuatro personas han sido procesadas y apenas unas nueve mil hectáreas de terreno entregadas, aunque el presidente Álvaro Uribe asegura que son 11.000.
Por ese y otros incumplimientos a las obligaciones adquiridas por el Gobierno para con ellos, los indígenas de Colombia se levantaron en una minga —reunión— esta semana para exigir la reivindicación de sus derechos a una vida digna, a tener tierras para trabajar y a que no los sigan asesinando.
Porque, según cifras de la Organización Nacional Indígena de Colombia —ONIC—, en lo que va corrido del año han matado a 66 aborígenes, 22 más de los que resultaron muertos de manera violenta en 2007. “En los seis años que lleva la seguridad democrática del presidente Uribe han sido asesinados 1.253”, asegura Luis Fernando Arias, secretario general.
En Cauca bloquearon la Vía Panamericana que comunica a Cali con Popayán. En Chocó, se tomaron la sede de la Defensoría del Pueblo. En Córdoba, Sucre, Atlántico, Caldas, Quindío, Tolima, Huila, Casanare, Meta, Cundinamarca y Boyacá han realizado concurridas marchas pacíficas. En Cauca, Valle del Cauca y Risaralda han protestado con piedras y se enfrentaron con los hombres de la Fuerza Pública.
El caso más complicado, como bien lo revelaron los medios de comunicación durante toda esta semana, fue el de la Vía Panamericana. Ahí, cerca de doce mil indígenas se asentaron en el resguardo La María, municipio de Piendamó, esperando a que el Primer Mandatario aceptara hablar con ellos para discutir sus peticiones.
Desistieron y, al cierre de esta edición, esperaban la llegada de una comisión conformada por representantes de cuatro embajadas, incluida la de Suiza, la ONU y varias agencias de cooperación nacionales e internacionales, para conversar.
“Nos hemos dado cuenta de que a este Gobierno no le interesa para nada el tema de los pueblos indígenas. Uribe, que se ha sentado a hablar con paramilitares y toda clase de gente, no aceptó escucharnos”, dijo un adolorido Feliciano.
Puntualmente, los indígenas piden que se dé cumplimiento al Decreto 982 de 1999, que lleva las firmas del entonces presidente Andrés Pastrana y de sus ministros del Interior y de Educación, entre otros. Ese año, los pueblos indígenas del país se declararon en emergencia cultural y social, por lo que el Gobierno se comprometió, en la mencionada norma, a “atender con celeridad y diligencia los fundamentos de la misma, en materia de territorialidad, medio ambiente, derechos humanos, desarrollo de las normas constitucionales, economía y seguridad alimentaria”.
Hoy, sus tierras son ocupadas muchas veces por grandes multinacionales o les son arrebatadas por los grupos armados ilegales. El conflicto ha forzado el desplazamiento de más de 85 mil indígenas este año. Y, aunque gracias a la Constitución del 91 muchos cuentan con seguridad social y acceso a la educación, todavía un gran porcentaje de ellos siguen fuera del sistema de salud y no pueden asistir a una escuela.
La situación no es muy diferente a la de los campesinos: “La guerrilla nos acusa de colaborar con los paramilitares. Éstos últimos, a su vez, nos matan por ser amigos de la guerrilla”, explica Feliciano, quien ha sido gobernador de la comunidad de Munchique Los Tigres, en Santander de Quilichao, Cauca, y coordinador de Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Norte del Cauca —ACIN—.
Uribe y varios de sus altos funcionarios han dicho que la protesta está infiltrada por la guerrilla. Feliciano sólo espera que, por andar reclamando sus derechos, no le toque volver a vivir el infierno de 1991.
La protesta en síntesis
En un encuentro nacional de indígenas, en diciembre del año pasado, los pueblos aborígenes de Colombia hablaron de la posibilidad de levantarse a protestar por los asesinatos cometidos en contra de algunos de sus miembros.
El 15 de mayo de 2008, en una asamblea extraordinaria en Bogotá, a través del voto decidieron que comenzarían la protesta en octubre.
Así es como, desde la semana pasada, se tomaron varios sitios del país y salieron a las calles en una minga —reunión— para exigir la reivindicación de sus derechos.
Reclamaron la presencia del presidente, Álvaro Uribe, pero éste nunca accedió a atenderlos. El pasado viernes decidieron suspender.