Un banco en la mira

La entidad financiera, con sede en Londres, ha colaborado intensamente contra su acusador en Estados Unidos. / EFE

Hasta esta semana Standard Chartered no había estado bajo el lente del escándalo en el Reino Unido. El lunes pasado los supervisores presentaron una acusación de 27 páginas al Departamento de Servicios Financieros (DSF) del estado de Nueva York. Benjamin Lawsky, su director, describe “violaciones voluntarias y notables a la ley” contra una “institución criminal” que “conspiró con el gobierno de Irán y ocultó de los entes supervisores 60.000 transacciones secretas, que involucraron por lo menos US$250.000 millones”. Pero no se detuvo allí: “Motivados por la avaricia, falsificaron informes de negocios en una abrumadora operación de ocultamiento”, y señaló que la entidad debería perder su licencia de operaciones en Estados Unidos.

Incluso en un mundo donde los supervisores, a causa de la crisis financiera, han sido empujados hacia una posición dura, muchos consideraron que este tipo de agresiones no tenían precedentes. Los funcionarios de la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de la Reserva Federal, que también han estado investigando las posibles violaciones por parte del banco a las sanciones impuestas a Irán, están sorprendidos por la estrategia solitaria y temeraria de Lawsky.

Sir Mervyn King, presidente del Banco de Inglaterra, les solicitó el miércoles a los supervisores que “trabajen juntos y absténganse de realizar mayores comentarios públicos hasta que haya terminado la investigación”. George Osborne, ministro británico de Finanzas, ha tratado el tema varias veces con Tim Geithner, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Standard, cuyas acciones se desplomaron más de 20% en la mañana en que se publicó la acusación y luego se recuperaron un 10% hacia el final de la semana, ha sido igual de duro en su respuesta: “Rechazamos enfáticamente las acusaciones del supervisor y estamos consultando el tipo de acciones a tomar para compensar el daño a nuestra imagen”.

Muchos consideran la acusación de DSF como parte de una serie de acusaciones de Estados Unidos contra los bancos británicos. El mes pasado Barclays fue perseguido por manipular la tasa interbancaria Libor y el HSBC sufrió un escándalo de lavado de dineros provenientes de México.

Para Standard Chartered fue un duro golpe. El banco de hace 30 años estaba acostumbrado a la mala prensa. Sin embargo, un asesor recuerda el cambio en la cultura durante el liderazgo ejercido por sir Patrick Gillam: “Antes de eso no eran profesionales sino aventureros; sin embargo, cuando se opera en lugares del mundo donde los riesgos son muy distintos que en el Reino Unido, se necesita profesionalismo”.

El banco también ha procurado elevar los estándares de sus principales operaciones. Los ejecutivos insisten en que los estrictos controles administrativos son una razón por la que son mínimos sus escándalos en lugares inestables, como Oriente Medio y Asia. “No hay ninguna institución más obsesionada con cumplir las reglas”, aseguró un exmiembro de su junta directiva.

A diferencia de la organización “federal” de las empresas durante las últimas décadas, Peter Sands, su CEO actual, impone una cultura de administración centralizada de riesgo sobre los gerentes locales. Al negar la insinuación de que Londres está demasiado lejos de las principales operaciones en Singapur, Hong Kong y Oriente Medio, un empleado comentó: “Intentamos ignorar las fronteras y colaborar en los distintos negocios”.

El tema de las sanciones y el posible daño generado a su imagen aún es una pregunta abierta. DSF calcula que unos US$250.000 millones en negocios violaron las leyes de Estados Unidos y en privado presiona para lograr una conciliación por más de US$500 millones. Standard Chartered ha admitido solamente una violación “involuntaria” de las sanciones por el monto de US$14 millones y ofreció una conciliación por US$5 millones. El banco insiste en que el 99,9% de las transacciones relacionadas con Irán fueron legítimas bajo las reglas de excepción de “vuelta en U”.

“El mecanismo fue diseñado por las autoridades estadounidenses para permitir que las entidades no americanas pudieran comerciar con Irán en dólares. Para justificar la acción de DSF, hay que asumir que todo el mecanismo de “vuelta en U” es inválido”, dijo Sands.

Incluso los rivales dicen que el banco, que entregó voluntariamente las pruebas que DSF utilizó en su contra, ha recibido un tratamiento injusto. “Era normal asumir que el mecanismo estaba para utilizarlo. Los bancos ahora sienten que están siendo señalados como los criminales del mundo”, dijo un ejecutivo de una firma rival.

Hay una reunión programada para el miércoles entre Lawsky y los ejecutivos y abogados de Standard Chartered. En ella, el banco rechazará las exigencias de conciliación de DSF y, lo más importante, buscará no perder su licencia en Estados Unidos.

Sands, quien repite que la cultura y los valores de su firma son “la mejor protección contra el riesgo”, dice que el banco se mantiene transparente a pesar de la crisis de valores de su competencia. Es un punto a discutir si Sands lograra convencer a Lawsky de ello.