Una batalla para Claro

Juan Carlos Archila, presidente de Claro. / Andrés Torres

Una de las más intensas batallas legales entre el sector privado y las autoridades regulatorias del Estado llegó a su fin la semana pasada. Se trata de la recusación que Claro, el operador de telefonía móvil dominante en el mercado (según cifras oficiales posee una participación de 61,34%), interpuso contra Carlos Andrés Rebellón, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el funcionario que debía decidir la aplicación de medidas para contrarrestar su posición.

La batalla, que se inició en enero de este año y pudo haber tenido consecuencias penales (ver cronología), no sólo fue considerada inoportuna sino sospechosa por los competidores de Claro, quienes no dudaron en señalar que generaba mucha desconfianza que se diera justo cuando el país está ad portas de decidir cómo realizará la subasta de 215 megahertz de espectro radioeléctrico para implementar servicios de 4G, proceso en el que aún se analiza la participación del actor dominante.

Pero estas dudas son rechazadas tajantemente por Juan Carlos Archila, su presidente: “Hemos venido utilizando las medidas a nuestro alcance para que haya objetividad”. La Porcuraduría puso fin a la batalla, pero no a la guerra: queda a la deriva la definición de decisiones que permitan equilibrar las cargas en el negocio de la telefonía móvil, como la prohibición a Claro de prestar servicios empaquetados, el reporte a la CRC de promociones y los cargos asimétricos, con los que se pretende subir las tarifas por cada llamada que un usuario realice a la red de un competidor.

“La decisión se refiere a que me aparte de una actuación administrativa y concreta, no de un tema en particular”, le dijo Rebellón a El Espectador, y agregó que la palabra final la tendrá el comisionado ad hoc que, según la Procuraduría, el Gobierno debe nombrar para el caso. ¿Y quién debe ser el indicado?

Los candidatos deben cumplir con el artículo 21 de la Ley 1341 de 2009, el mismo que incumplió Rebellón, el cual regula al sector de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y establece que sólo las personas que hayan dejado de pertenecer por un año a las empresas relacionadas con esta actividad podrán asumir como comisionados de la CRC.

“Todos los funcionarios han cumplido con esos requisitos, ¿ahora resulta que no podemos encontrar a alguien igual?”, se pregunta Archila. La respuesta y las decisiones contra su compañía dependerán de que el Gobierno designe al candidato idóneo.

Cronología: Historia de una recusación

2010
Marzo

Tras comprobar su “posición dominante” en el mercado de voz móvil saliente, las autoridades regulatorias ordenan tomar medidas contra Comcel para promover la competencia en el sector.

2011
Diciembre

Ante la salida de Cristhian Lizcano, la CRC y el Ministerio TIC eligieron como nuevo director ejecutivo de la entidad a Juan Andrés Rebellón, economista y exasesor de Une.

2012
Enero

Comcel recusa a Rebellón ante la Procuraduría por considerar que su trabajo en Une le impedía tomar decisiones contra Comcel, como los cargos asimétricos para equilibrar las cargas en el sector.

2012
Junio

Después de que la Procuraduría se declara no competente para resolver la recusación, Comcel reinicia el proceso y advierte con instaurar una demanda penal contra Rebellón.

2012
Septiembre

Tras analizar los argumentos, la Procuraduría falla a favor de Claro, separa a Rebellón del proceso e insta al Gobierno a que nombre un comisionado ad hoc para que se ponga al frente del mismo.