Una carta bajo la manga que tenían los Nule para tratar de recomponer sus finanzas quedó sin valor, luego de conocerse el fallo adverso a un laudo arbitral que interpusieron en 2007 contra la Empresa de Acueducto de Bogotá, por $5.876 millones, debido a un supuesto incumplimiento del contrato.
El Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá sentenció en el laudo que durante la ejecución del contrato de los Nule, a través de Aguas Kapital entre 2002 y 2006, nunca presentaron quejas ni reclamos sobre el incumplimiento del Acueducto en dicho contrato.
De acuerdo con el gerente de la empresa de servicios públicos de la capital, Jorge Enrique Pizano Callejas, en la entidad no hay reporte alguno sobre la inconformidad de Aguas Kapital sobre la evolución del contrato.
El funcionario explicó que actualmente estas mismas funciones son desempeñadas por el mismo consorcio en las localidades de Suba y Usaquén, el cual está pensando en ceder.
Si bien la determinación no condena al Grupo Nule a pagar un solo peso al Acueducto de Bogotá, sí representa un fuerte golpe debido a que aspiraban obtener estos recursos para ajustar sus finanzas.
El grupo de constructores, integrado por empresarios jóvenes, que creció muy rápido a finales de los 90 y comienzos de 2000, tuvo su primer obstáculo financiero en el proyecto de la concesión de la doble calzada Bosa-Girardot, de la cual entregaron su participación (30%) como garantía de una deuda. A esto se sumó el incumplimiento del pago de un polémico crédito por $25.000 millones con la Dirección Nacional de Estupefacientes, el cual finalmente pagó.
La situación financiera de los Nule se agravó por su atraso en las obras de un tramo de Transmilenio, por la calle 26 de Bogotá, y por gastarse los $98.000 millones que recibieron de adelanto, y que aún no ha podido reembolsar al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
Como si fuera poco, en la red vial nacional los Nule fueron multados por Invías con $1.000 millones al incumplir el contrato del corredor del Paletará, en el departamento del Huila. Por este lío jurídico la entidad estatal está presta a declararle la caducidad al contrato. Y hace unos días les fue impuesta otra multa por $300 millones al comprobarse el incumplimiento del contrato de interventoría en el proyecto Aburrá Sur, en Antioquia.