Se apasionó por el tema casi por casualidad, pero desde hace diez años el desplazamiento se convirtió en el objeto central de sus investigaciones. Ese trabajo le valió el Premio Juan Luis Londoño, la mayor distinción del país para los economistas que aplican sus conocimientos en temas sociales y que le fue entregado oficialmente la semana anterior.
Cuenta con un Ph.D en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales de la Universidad de Maryland (Estados Unidos) y en la actualidad se desempeña como Directora del Centro de Estudios del Desarrollo Económico (CEDE), de la Universidad de los Andes. El Espectador la abordó para hacer una radiografía del desplazamiento en el país.
Hay controversia sobre el número de desplazados. ¿Sus estudios qué indican al respecto?
La cifra es complicada de dar porque a partir de 2005 se tumbó la obligatoriedad de registrarse después del año de desplazamiento, entonces ahora se está registrando gente con diez años o más de desplazamiento. Al final, creo que son alrededor de cuatro millones de desplazados, o un poquito más.
¿La acción del Estado ha sido efectiva con estos cuatro millones de colombianos?
Cuando llegó el gobierno del Presidente Uribe se dieron bastantes tumbos porque querían enfocarse en el retorno; después se dieron cuenta de que no era posible. Lo que hizo que esta política se fortaleciera fue la sentencia de la Corte Constitucional de 2005.
El gran problema es que atender a tanta gente es muy complicado, y por eso tampoco puedo decir que el Estado ha sido totalmente indolente, pero se concentraron sobre todo en políticas como Familias en Acción, en brindar ayuda de emergencia. Las políticas esenciales para que salgan adelante y no sigan dependiendo de la ayuda estatal son muy débiles y en eso sí creo que pecaron de alguna manera.
¿Qué hacer para cumplirle a esta población?
Lo que el Gobierno actual está planteando es importante, una política de tierras que les devuelva a los desplazados los activos que perdieron, el proceso de reparación y restitución es importante para que ellos tengan los activos que necesitan para producir. Lo que se necesitan son políticas que les permitan recuperar su capacidad productiva, así como políticas de generación de ingresos.
A propósito de la ley de restitución de tierras, ¿cuáles son, a su juicio, los grandes obstáculos que deberá afrontar?
Hay unos aspectos jurídicos complicados de superar, por ejemplo muchas personas desplazadas no tenían título de propiedad -más o menos el 70%-, entonces se tienen que clarificar esos títulos y en muchos predios hay más de una reclamación y no necesariamente por mala fe sino porque son campesinos que estuvieron asentados en un baldío y todos creen que les pertenece. En otros casos hay problemas para revertir el proceso de despojo, pero además se necesitan instituciones fuertes, sistemas de información funcionando y, sobre todo, que pase la ley de tierras en el Congreso.
Frente a las causas del desplazamiento, hay quienes indican que se debe a la presión económica y no a la violencia. ¿Qué piensa de esa posición?
Esa declaración no tiene ningún sustento técnico. Una de las cosas que hicimos fue ver por qué se dio el desplazamiento y lo que encontramos consistentemente es que se origina porque hay violencia, no por presión económica o por migración. Eso es una falacia (ver tabla anexa).
¿Cómo incide el desplazamiento en las cifras de desempleo?
La población desplazada llega a competir con las personas de bajos niveles educativos, eso ha implicado que los salarios hayan caído, ha aumentado la informalidad y entonces el desplazamiento ha generado todo lo contrario a una política de redistribución de ingresos.
¿La alta criminalidad que se viene presentando en las ciudades tiene relación directa con el desplazamiento?
Me parece que es por otras razones: se hizo mal el proceso de reinserción de los paramilitares, también hay problemas estructurales del sistema penal y el narcotráfico siempre está distorsionando toda nuestra escena. En síntesis, los índices de violencia no están relacionados con el desplazamiento.
¿Cree que el país está tomando conciencia acerca de la dimensión del problema del desplazamiento?
Sinceramente no lo creo. La gente no entiende muy bien qué es lo que sucede y eso me choca, porque a las personas cuando les hablan de desplazamiento les hablan de quienes se paran en los semáforos. Hay que aclarar que no todos los que están en los semáforos son desplazados y que el desplazamiento es un drama que va mucho más allá de que haya unas personas en esos sitios pidiendo plata.
Me parece muy importante que la sociedad entienda y se alfabetice sobre el tema, o sea, que estudie y comprenda qué es lo que está pasando. Es clave también entender que, independientemente de hablar de temas económicos, de restitución, se deben dar procesos de dignificación de las víctimas y en Colombia no lo hemos hecho.
¿Se sigue dando este desarraigo?
Sí, aunque ha disminuido de manera significativa y ahora las cifras son más difíciles de entender porque se está permitiendo que todo el mundo se inscriba. Lo sorprendente es que se siga dando.
¿Cómo operan las mafias alrededor de este drama?
Alrededor del tema del desplazamiento, y eso me tiene muy preocupada, se está generando mucha corrupción. Hay procesos en los que están inscribiendo a personas que no lo son, además hay organizaciones que les están diciendo que les colaboran para conseguir las ayudas, y no se requieren esas entidades. Sí hay mafias y es una lástima, porque los han demonizado y unos dicen que están en los semáforos, otros que son mafias y, al hablar con ellos, lo que dicen es que la mayoría no son así, que quieren salir adelante, quieren trabajar, quieren dejar de depender del Estado y están cansados de ir de oficina en oficina pidiendo ayuda.
¿Cuánto le ha costado al país todo este proceso?
Es complicadísimo el estimado. Se han hecho estudios para analizar los costos del conflicto y los resultados van mucho más allá de lo que se ha venido estimando. Aquí en la Facultad se están haciendo estudios interesantes sobre los costos que puede tener un conflicto, por ejemplo en desplazamiento: lo que ha dejado de producir la población desplazada en términos de producción agropecuaria es 4,3% del PIB agropecuario anual.
Cambiando de tema, ¿por qué cree que ha sido tan pobre el desempeño del campo frente al resto de la economía?
Realmente nunca se ha hecho una política de desarrollo rural fuerte. Tenemos 40 millones de hectáreas con vocación agrícola y usamos cuatro, entonces hay mucho espacio para hacer cosas interesantes, pero nunca se ha hecho porque los gobiernos no le han metido la ficha.
¿Cree que nuestra sociedad será capaz de superar la situación con los desplazados?
No veo por qué no. Soy optimista, si se analizan otros conflictos en el mundo no hay ningún país que tenga un marco institucional y un marco legal apoyando a la población desplazada y Colombia sí los tiene.