El panorama económico del país tiene luces y sombras a mediano plazo. Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), habla sobre las perspectivas y los desafíos que enfrenta Colombia.
¿Cuál es su visión de la economía colombiana en este momento?
Desde hace cuatro meses Anif había proyectado un primer trimestre con recesión. Los datos del DANE lo confirmaron, el crecimiento en el primer trimestre fue de -0,6%, que si se agrega a lo ocurrido el último de 2008 resulta en que estamos en una recesión técnica. Sin embargo, la hemos sacado barata. Una contracción de esa magnitud es baja en el entorno de América Latina. México, que le cayeron las siete plagas de Egipto, tuvo una contracción de -8%, otros con capacidad de hacer política contra cíclica, como Chile, registraron contracciones cercanas al -2%. La situación de crisis internacional, la peor en varias décadas, tocó a la región, pero afortunadamente Colombia había sembrado lo suficiente en materia de inversión y saneamiento del sector financiero.
Entonces, ¿cuál puede ser el crecimiento de Colombia al final de este año?
Puede registrar una ligera contracción, del orden de -0,5%, teniendo en cuenta que el segundo semestre puede ser mejor que el primero. Entre los elementos que pueden influir de manera positiva están, que el entorno internacional tiende a mejorar, lo peor del sistema financiero hipotecario en Estados Unidos parecería estar quedando atrás. Si esto se da, el crecimiento del país podría estar cercano a 0,5%.
Y en sentido contrario, ¿elementos que puedan profundizar la contracción?
El vecindario. En el caso de las salvaguardas de Ecuador, por todos los factores, no solo por la subida de los aranceles, por desaceleración, por desaceleración cambiaria, vemos que el comercio con ese país puede registrar este año una caída de US$300 millones, de los cuales, US$50 serían consecuencia directa del efecto arancelario. Estamos hablando de una caída de 20 o 22%, respecto a los US$1.500 millones que exportó Colombia el año anterior.
¿Y con Venezuela?
También se puede complicar, por la situación geopolítica, por las bases militares. Si hay retaliaciones, a través de bloqueos de la frontera, poniendo trabas a los pagos del Cadivi (Comisión Administradora de Divisas de Venezuela), los US$6.000 millones que vendimos el año pasado, podrían disminuir. En el escenario más pesimista, la reducción en las exportaciones a los dos países podría ser del orden de US$1.000 o US$1.500 millones.
Sería una lástima porque la balanza comercial se ha comportado relativamente bien
Con Estados Unidos, durante 12 meses, con corte a abril pasado, se registró una caída de US$2.500 millones. Si se da lo de Ecuador y Venezuela estaríamos hablando de un impacto de mal contados unos US$4.000 millones, ojalá que no sean más. Afortunadamente, los datos del Banco de la República, incluidos los de mayo, muestran que la balanza comercial se ha logrado defender, muestra un relativo equilibrio en el primer trimestres y un ligero superávit al corte de mayo. En medio de la incertidumbre con los vecinos las cosas no van mal en el frente externo.
Tampoco ha habido mucho deterioro en la Inversión Extranjera Directa, por lo cual no se entiende clara la tendencia revaluacionista
La Inversión Extranjera Directa ha caído solo 15%, cuando esperábamos que fuera del 30%. No se compagina con el grado de apreciación cambiaria que estamos viendo en los últimos días, rompiendo la barrera de los $2.000, va en sentido contrario de los fundamentales que requiere el país para tener buenas condiciones externa. Los rozones están en que como los vecinos están tan mal, a Colombia se le lee relativamente bien y en este sentido los compromisos que había, en especial en el sector minero energético, se vienen cumpliendo bien. Pero a futuro, una TRM por debajo de $2.000 tendrá efectos negativos sobre el sector exportador, como los cafeteros, donde la mini bonanza desapareció, porque no había café y porque los exportadores en algún momento pensaron que estarían liquidando con dólar a $2.200 o $2.300.
Anif fue el primer gremio que fijó una posición sobre el impuesto al patrimonio, ¿qué opinión le merece el proyecto que presentó el Gobierno al Congreso?
El país requiere una reforma tributaria estructural. No podemos pensar solo en el 0,1% del PIB que representa el desfinanciamiento del impuesto al patrimonio, cercano a $1 billón, que se volvió permanente. El país realmente necesita mirar más allá en momentos en que es evidente el deterioro fiscal, que al cierre del año entrante puede llegar al 4,4% del PIB. Entendemos que este Gobierno haya dicho que no lo haría y que una reforma más profunda se deba hacer con mente fresca y capital político nuevo.
¿Qué hacer?
Anif planteó que estamos en una fase recesiva, pero hay posibilidades de financiamiento y recursos de privatizaciones. Lo más sensato es esperar un año para que el nuevo Gobierno haga una reforma de fondo. No se trata de solucionar un faltante de $1 billón sino de presiones estructurales, que pueden representar hasta dos puntos del PIB de gasto adicional en salud, cerca de medio punto adicional en pensiones, que puede llegar a cinco puntos del PIB en 2011 y adicionalmente la presión que representa haberle dado una garantía de giro a las regiones, incrementándose 2% real, cuando la economía probablemente se estará contrayendo.
Todo ese genera un cúmulo de presiones y de alguna manera el Gobierno, y en esto hemos discrepado con la administración Uribe, es que ellos, más que creer en el ciclo internacional, que explica el auge de la inversión, además del efecto rebote de una Colombia que estuvo postrada entre 1998 y 2002, el Gobierno le atribuye el auge de la inversión a los alivios y gabelas tributarias.
Cuando baja la marea y los barcos se ven torcidos, queda claro que a pesar de tener las gabelas la inversión mermó su flujo. En el primer trimestre ya hubo una contracción, luego claramente la razón principal tiene que ver con el ciclo internacional y no con los alivios tributarios, que por el contrario están sacrificando para el país cerca de $7 billones.
Pero el Gobierno ha tratado de corregir el rumbo
Afortunadamente propone reducir de 40 a 30% las deducciones del impuesto de renta para inversiones en activos productivos, que le darán cerca de $700 mil millones que le hacen falta. El palo no está para cucharas ni para gastar la pólvora en un tema menor y manejable como el patrimonio. Que de hecho, está vigente hasta el 2010. Lo interesante será que el nuevo Gobierno mire con atención el conjunto de gastos en salud, pensiones y el faltante del impuesto al patrimonio y todos los impuestos anti técnicos en los que este Gobierno se especializó.
Qué debería contener una reforma tributaria estructural
Sustituir impuestos por cerca de 2 puntos del PIB, el país tiene la capacidad para hacerlo, se requiere voluntad política. Se trata de incrementos moderados, que sabemos que no se deben abordar ahora porque no hay el capital político, además no se han hecho las sumas y restas de manera adecuada. Desmotar impuestos antitécnicos, únicos en América Latina, el del 4x1.000, el del patrimonio. Se podrían sustituir con un incremento de un punto en la tasa del IVA del 16 al 17%, el referente internacional de este impuesto es 21%, reducir las tasas de este gravamen, que hoy son ocho a dos o tres. Y nivelar el impuesto a la renta de 33 a 34%, quitándole el gasto presuntivo sobre los activos de las empresas, que da réditos cuando se quitan las gabelas tributarias.
¿Qué es lo grave de las gabelas tributarias?
Se habla de contratos de estabilidad tributaria para unos pocos, que en el agregado se vuelve una factura de inestabilidad para la mayoría. Si la base tributaria se ampliara se podría dejar el IVA en 16% y el impuesto de renta en 33%. Pero en la medida en que se le dan gabelas a 40 empresas y protecciones a futuro, cobrándoles muy poco respecto de lo que fue el espíritu de la Ley de 2005 nos encontramos que aquellos que fueron eximidos le pasan la cuenta a los que no lo fueron. Eso es inequitativo en términos de justicia tributaria, pero ocurre porque el Congreso delegó en el Gobierno la potestad de decidir qué tributos pagan quienes. Y la Constitución dice que no habrá tributación sin representación. Aplaudimos que el Gobierno, aunque de manera tardía, se dio cuenta del perjuicio de doble beneficio de pago de renta de 15% a quienes estén en zonas francas y la deducción para inversiones en activos productivos, un beneficio para unos pocos. El Congreso debería sonrojarse de haber designado en unos ministros la posibilidad de decidir quién paga qué en materia tributaria.
Un costo grande de la crisis ha sido el desempleo ¿qué hacer para mejorar las condiciones del mercado laboral?
El tema pasa por los parafiscales, aunque parece haber oídos sordos en detrimentos de los desempleados y subempleados, que llegan casi al 50%. Incluso, el Gobierno lo tiene claro, pero no ha puesto el capital político para reducir las cargas sobre la nómina. Incluso se expide una norma para eximir a las nuevas pymes de esos gastos parafiscales, porque saben que les aprieta el zapato, y pagarlos después de dos años. Colombia es el único país de América Latina que tiene un multiplicador de sobrecosto del 60% sobre el salario básico con que se contrata a un trabajador, parafiscales más las prestaciones sociales. Con esa factura a todo el mundo se lo volvió independiente y para ser contratado hay que formar una cooperativa con la señora porque ninguna empresa lo quiere emplear bajo la forma de una nómina a término indefinido. Eso explica por qué Colombia creció durante cinco años a una tasa promedio de 5% o más y no fue capaz de bajar la tasa de desempleo por debajo de 10%. Y ahora, en la fase recesiva estamos llegando al 13%.
¿Colombia volverá a crecer a tasas superiores a 6%?
Haber crecido un año al 7,7% no nos convierte en China. Hay que crecer como China durante 30 años, al 9% para decir que uno tiene una economía emergente dinámica. Colombia no lo es, creció aprovechando el ciclo alto mundial, pero cuando hay desaceleración se golpea, menos que en el pasado. Si entre 2009 y 2014 logra crecer a tasas promedio del 5% nos damos por bien servidos. Como usted bien lo dice tenemos temas de agenda interna que se convierten en obstáculos: problemas de infraestructura, que incluso el ministerio de Transporte fue incapaz de manejar como política anti cíclica en este momento; se va a acabar este Gobierno y no tenemos TLC con estados Unidos, también por factores externos que jugaron en contra, como el fuego cruzado entre republicanos y demócratas. Pero es una tristeza que el sueño de poner a Colombia a crecer de forma sostenida al 6% se haya diluido. Hay que reconocerle al Gobierno que logró subir el umbral de crecimiento sostenido, de tasas de 4%, cuando llegó a 5% en este momento.
Se está discutiendo una reforma al sistema de salud, ¿qué opinión le merece?
Frente al fallo de la Corte Constitucional, hay la idea de que el alto tribunal le dijo al sistema cómo debía operar; también se dice que en Colombia no hay límites en salud, que es un servicio universal, con una unificación del POS a un nivel más elevado. Estas manifestaciones son frágiles porque fueron producto de una decisión de una sala y no de una plenaria de la Corte y se puede revisar. De otro lado, el ex magistrado de ese alto tribunal José Gregorio Hernández ha dicho que hubo un cambio de jurisprudencia. Colombia es el único país que da un seguro universal aun a los que no lo pagan, cerca de dos terceras partes están en el Régimen Subsidiado y los otros en el Régimen Contributivo, cuando la Ley 100 se estructuró sobre un esquema a la inversa. En 2003 el Consejo de Estado había dicho que no se le podía obligar a las EPS e IPS, que tienen un seguro delimitado, a pagar por unos servicios no incluidos en el POS. Si el Estado en su sabiduría decidió que aquí era mejor que en Estados Unidos o en Escandinavia, que todos los ciudadanos tendrían servicio ilimitado, pasémosle la cuenta al Gobierno, pero no al sistema asegurador en salud porque lo va a quebrar. De alguna manera se van sincerando las cargas. Por ello habría que ponerle más atención a este tema que al faltante de 0,1% del impuesto al patrimonio. El faltante en salud equivale a 2% del PIB. La popularidad de Obama en Estados Unidos está cayendo por el sistema de salud. Allá responsablemente se están preguntando de dónde van a sacar las trillonadas de dólares para pagarlo, mientras aquí con espíritu santanderista primero hacemos los planteamientos y después buscamos de dónde sacar la plata.
Se habla de vender más participación en Ecopetrol para financiar infraestructura
Estuvo bien que el gobierno Uribe haya permitido que el Congreso aprobara la venta de 20% a los privados, hay mejoría en gobierno de la empresa, gestión y recursos para que encuentre petróleo, dentro o fuera del país. Aunque da la impresión de que ha venido comprando de manera un poco desordenada, por la abundancia de recursos. Capitalizar el otro 10%, que significarían cerca de US$2.500 millones para infraestructura estaría bien. Lo que no se entendería es vender un activo para gasto recurrente. Afortunadamente el ministro de Hacienda ha dicho que esos recursos se utilizarían en infraestructura.
Los usuarios del crédito dicen que las reducciones de tasas del Banco de la República no se han reflejado en lo que cobran las instituciones financieras
El país reconoce la política monetaria anti cíclica del Banco de la República, han bajado 550 puntos básicos, gracias a que la inflación se ha reducido y probablemente cerrará alrededor de 4% este año. Si bien es cierto que al corte de marzo la transmisión de esa tasa para los deudores era baja, en junio quedó claro que la transmisión ha llegado a 400 puntos. Más a nivel de créditos grandes, aunque los de consumo han caído cerca de 250 puntos básicos y de hecho la tasa de usura ha bajado en esa proporción. Hacia adelante veremos que si sigue la reducción moderada la transmisión de menos costos se seguirá dando. El crédito total continúa creciendo a tasas de 9% real.
La posición de Sergio Clavijo frente a la salud
En relación con el reciente fallo de la Corte Constitucional, hay la idea de que el alto tribunal le dijo al sistema cómo debía operar. También que en Colombia no hay límites en salud, que es un servicio universal, con una unificación del POS a un nivel más elevado.
Estas manifestaciones son frágiles porque fue una decisión de una sala y no de una plenaria de la Corte y se puede revisar.
Colombia es el único país que da un seguro universal aun a los que no lo pagan, cerca de dos terceras partes están en el Régimen Subsidiado y los otros en el Régimen Contributivo, cuando la Ley 100 se estructuró sobre un esquema a la inversa. En 2003 el Consejo de Estado había dicho que no se les podía obligar a las EPS e IPS, que tienen un seguro delimitado, a pagar por unos servicios no incluidos en el POS.
Si el Estado en su sabiduría decidió que aquí el sistema era mejor que en Estados Unidos o en Escandinavia, que todos los ciudadanos tendrían servicio ilimitado, pasémosle la cuenta al Gobierno, pero no al sistema asegurador en salud porque lo vamos a quebrar. Lo bueno es que se van sincerando las cargas. Por ello habría que ponerle más atención a este tema que al faltante de 0,1% del impuesto al patrimonio. El faltante en salud equivale a 2% del PIB.