Gremios piden saneamiento para los Planes de Agua

Los Planes Departamentales de Agua, con los cuales el Gobierno pretendía reactivar el empleo y también ampliar la cobertura de acueducto y alcantarillado en el país, están muy atrasados y envueltos en dudas jurídicas que podrían derivar en corrupción.

Así lo denunciaron la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) y la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Acodal), al señalar que existe preocupación por la figura jurídica que se debe utilizar para la contratación de las obras por $9 billones durante los próximos cuatro años.

El presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, prendió las alarmas cuando advirtió que si las empresas públicas deciden ser gestoras de los Planes Departamentales de Agua deben atenerse a las normas del Estatuto de Contratación (Ley 80) y no hacerlo a través de convenios interadministrativos que permite la Ley 142 de Servicios Públicos, debido a que ésta no garantiza la transparencia, abre la puerta a la corrupción y a que las obras se realicen con bajos estándares de calidad.

Ya la Contraloría General de la República había advertido sobre la inconveniencia de que los contratos de los Planes Departamentales de Agua se hicieran mediante contratación a través de la Ley 142.

Por su parte, la presidenta de Acodal, Mary Luz Mejía, recalcó que actualmente hay inversiones por cerca de $740 mil millones, en cinco departamentos (Cundinamarca, Cesar, Atlántico, Córdoba y Casanare) y que la meta del Gobierno era ejecutar obras por $1,7 billones este año, lo cual parece imposible en lo que resta de 2009.

La presidenta de Acodal también señaló que hay denuncias sobre la mala calidad de los insumos que se están utilizando en la construcción, ampliación o mejoramiento de los acueductos y alcantarillados en Casanare. Mejía solicitó a los organismos de control que investiguen  el tema y apliquen las sanciones del caso.

Caicedo agregó que para que la política anticíclica funcione, se deben estar ejecutando las obras, que los recursos se estén moviendo y no contentarse con aprobar las partidas presupuestales por el Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) y Confis (Consejo Superior de Política Fiscal), o haber desembolsado los adelantos que terminan en un banco o una fiducia.

Asimismo, advirtió que las gerencias de los contratos deben estar en manos de firmas de ingeniería y consultoría con experiencia en el tema, con el propósito de que se garantice la ejecución de la obra.

Tal parece que el Gobierno tiene un gran afán por realizar la ejecución de las obras y por ello contempla la figura del “contrato llave en mano” (que incluye todas las etapas de la obra), herramienta que sería útil si se contara con un diseño avanzado, pero no si es el contratista el que tiene que desarrollar los diseños.

Por su parte, Leyla Rojas, viceministra de Agua y Saneamiento, señaló que es consciente de los problemas con la figura jurídica para la contratación, razón por la cual se hará una reunión con los gobernadores para elevar una consulta al Consejo de Estado y dar una salida al obstáculo para el desarrollo de los Planes Departamentales de Agua.

También se cuestiona la llamada selección abreviada para la contratación, porque todos los proyectos son distintos y no habría transparencia en los procesos. Las dudas y trabas deberán ser resueltas lo antes posible, teniendo en cuenta que los Planes Departamentales de Aguas son un componente importante para generar empleo y calidad de vida a las comunidades.