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Planta de Bavaria, la principal productora de cervezas de Colombia y la más afectada por el decreto del Gobierno.

Los impuestos buscan redistribuir el ingreso y contrarrestar los efectos asimétricos de los mercados; buscan financiar el Estado Social de Derecho con fuentes corrientes por medio de tributos a la renta, el consumo y, en particular, a las imperfecciones del mercado. Esto sin duda no está en discusión.

Igualmente no hay discusión en que el sistema de salud colombiano atraviesa por una seria crisis de financiamiento, ejecución y efectividad para cumplir con sus objetivos de cobertura, calidad y prestación efectiva de servicios; pero eso no justifica desequilibrar el mercado aún más y mucho menos tomar decisiones que no están de acuerdo con las lógicas tributarias, institucionales y de mercado, porque al final lo que puede pasar es que se abra un hueco para tapar otro.

El Gobierno Nacional decretó la Emergencia Social y en medio de este escenario ha buscado mecanismos para enfrentar el déficit de la salud (se dice que es cerca de $2,2 billones). Para esto ha decidido financiarse a través de impuestos a licores, cigarrillos y juegos de azar. Aunque podría decirse que esta decisión tiene un componente de equilibrio —debido a que tasa a los productos que pueden generar efectos colaterales en la salud de terceros, logrando un sistema de cargas relativamente justo—, no puede dejar de decirse que es una medida tributaria antitécnica y antidemocrática.

El caso de la cerveza es el más claro. Antes del decreto, la cerveza tenía un impuesto a las ventas del 11% conformado de un gravamen al consumo del 8% y una tasa del 3% de IVA. Hoy queda con una tasa del 14% más el 8%, es decir que el precio aumentará mínimo un 11%. Estudios de Raddar demuestran que la elasticidad del precio de la cerveza en Colombia se encuentra entre 0,8 y 1,3 (según la región y el nivel de ingreso), lo que significa que el aumento de un 1% en el precio puede significar una disminución de casi la misma proporción en las ventas.

Esto conlleva que el consumo de cerveza se pueda reducir en el país y que sin duda la industria cervecera, particularmente Bavaria, tendrá que hacer cambios para mantener el mercado, lo cual estaría muy bien en el marco de una tributación que cumpla con los principios de neutralidad, equidad, beneficio y capacidad de pago; pero esto no ocurre.

Más allá de la caída en las ventas de la empresa más grande del país o la reducción de sus márgenes (lo cual sin duda tiene algo de popular), esto causará una caída en el recaudo tributario de los Departamentos, que en promedio reciben de esta industria cerca del 33% de sus ingresos. Este es el primer problema de esta medida.

El segundo inconveniente es que claramente el decreto busca sustituir un impuesto departamental por uno nacional, sin modificar la norma, pero sí aumentando el componente de la tasa de IVA y afectando el precio y por ende el recaudo final; con un tercer problema, se estaría cambiando un Impuesto a las Ventas por decreto sin pasar por el Congreso, y los representantes departamentales tiene mucho que opinar. El decreto rige temporalmente en 2010 y 2011, pero infortunadamente la evidencia demuestra que este tipo de cambios finalmente son definitivos.

Si bien estas tres situaciones muestran que los departamentos podrían dejar de recibir cerca de $500.000 millones al año de las ventas de la categoría, y que el Gobierno podría recaudar esa misma cantidad para financiar el déficit de la salud, hay un tema que no se ha tocado y sin duda es el más preocupante de todos: es el de los campesinos, obreros, personas de bajos ingresos y jóvenes que van a financiar el hueco de la salud.

Hoy es claro que las ventas de cerveza en Colombia son 52% en zona rural; que el 91% del consumo lo hacen personas de ingresos bajos y que el 80% de las ventas de la categoría se hacen en la tienda de barrio.

Es completamente antitécnico e inequitativo poner a financiar la ineficiencia del sector salud al consumidor de ingresos bajos en Colombia; esto es claramente una violación a los principios tributarios de nuestro país y de cualquier otra nación, debido a que al final lo que esto significa es que las personas que deben ser beneficiadas de un sistema de salud subsidiado son quienes lo financian.

Por otra parte, muchas personas seguirán tomando cerveza con el aumento de precio, pues es un hábito cultural y de entretenimiento de nuestra sociedad; esto causará que categorías como el pan, la leche y los huevos se vean impactadas, porque la capacidad de compra del consumidor de cerveza habitual habrá recompuesto su estructura de gasto.

Es prudente examinar esta medida y comprender que afectará a la población más vulnerable, reducirá los ingresos departamentales y afectará otros mercados. Sin duda la salud requiere financiamiento, pero no por medio de quienes deben ser sus protegidos.

* Presidente de Raddar