Si algo parece haber logrado el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, con la expedición de los 15 decretos de la Emergencia Social fue poner de acuerdo a la gran mayoría de actores del sistema de salud. El problema radica en que los puso de acuerdo en contra suya. Desde el escándalo de la yidispolítica Palacio no había tenido que capotear tantos críticos. En tono pedagógico, pero también dispuesto a pasar a la ofensiva y señalar a los que han venido abusando de los recursos de la salud, el Ministro respondió esta entrevista.
¿Por qué tantos sectores coinciden en que las medidas no son las correctas?
Parto de la base de que es un tema complejo que mueve muchos intereses. Veo tres tipos de críticos. Primero, aquellos que tienen algunas preocupaciones sinceras y a los que no hemos podido explicarles el alcance de las medidas. Pero hay dos críticos adicionales. Unos son los críticos por intereses económicos porque van a ser golpeados o controlados. Los laboratorios médicos están preocupados, al igual que la industria tabacalera y cervecera. Hay otros, que son críticos políticos. Por ejemplo, no puedo entender que los mismos que alabaron la sentencia de la Corte ahora digan que el Gobierno está loco. Me extrañó que la senadora Cecilia López dijera que si ella recibía el mismo plan del conductor pensaría en dejar de cotizar.
Pero esa también es una tesis de Fedesarrollo; aseguran que se puede desestimular la contribución.
Eso es cierto, pero en los decretos incluimos un mecanismo de prevención para la evasión.
¿Quiénes más están preocupados?
Tal vez los fondos de pensiones, que tienen la plata guardada hace seis o siete años. También la cadena de intermediarios del dinero que va al régimen subsidiado. Busquen un informe de Procuraduría en el que se habla de un número importante de municipios que no tienen la capacidad para hacer buen manejo de recursos. Ahora podemos hacer el giro directo a la EPS o IPS, eso va a significar mucho más velocidad y transparencia, menos posibilidad de corrupción. Por otro lado, la idea es pasar de ser pagadores a ser negociadores. Poder ahorrar $400 mil millones haciendo compras centralizadas. Hay medicamentos que se venden a un precio y le cobran al Fosyga mucho más alto. Eso le puede doler a los intermediarios de medicamentos porque se les va a acabar el negocio. A la cantidad de gente que hay ahí metida las medidas les van a costar $400 mil millones.
¿Los Planes Obligatorios de Salud del régimen contributivo y el subsidiado se van a igualar por lo bajo?
En esto quiero ser muy claro. El Gobierno Nacional no ha pensado disminuir el plan obligatorio del régimen contributivo. Lo que sí vemos necesario y urgente, y que además ordena la Corte, es la revisión y actualización del Plan del régimen subsidiado.
Algo que preocupa es que ahora aquellos con capacidad de pago tendrán que cubrir algunos procedimientos con sus cesantías y pensiones.
Hoy las cesantías se pueden utilizar para pagar educación y vivienda. Lo que nos estamos planteando nosotros es que también se inviertan en salud, si además de los insumos básicos que me solucionan los problemas funcionales, quiero solucionar un problema estético. Pero sobre ese tema, la verdad, no soy el que más conoce; esto se trabajó con el Ministerio de Hacienda.
¿Cómo se va a establecer la capacidad de pago de los usuarios?
Sobre la capacidad de pago, las cesantías y pensiones, no tengo la información suficiente.
¿El desequilibrio del sistema se produjo a raíz de las sentencias de la Corte?
El Ejecutivo tiene que acatar las sentencias de la Corte, y lo hemos venido haciendo. Pero hay que reconocer que el pronunciamiento de la Corte sí coincidió con un incremento significativo de los servicios no POS, sobre todo en el régimen subsidiado.
La Corte respalda la autonomía médica, pero los decretos establecen restricciones y multas para los médicos. ¿Cómo conciliar eso?.
Recordemos que cualquier médico que ordena un tratamiento por fuera del Plan Obligatorio se convierte en un ordenador de gasto público. Lo mínimo que yo quiero es que si el médico me va a ordenar algo, lo haga con evidencia científica. Si se van a separar de los estándares, deben justificar por qué lo hicieron.
Además del aumento del IVA a los licores, cigarrillos y juegos de azar, ¿qué otras medidas se tomaron para optimizar el presupuesto?
Por ejemplo, la nación va a empezar a hacer el giro directo a la EPS o IPS de los $7 billones del régimen subsidiado; eso va a significar más transparencia. Con las compras centralizadas podríamos ahorrar $400 mil millones. También planteamos la posibilidad de regulación, a través de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos. Antes no teníamos instrumentos para controlar, hoy sí.
¿Por qué la solución fue una serie de decretos de emergencia a un problema crónico?
Como el déficit de los departamentos en 2008 había sido $400 mil millones, en junio del año pasado los gobernadores y el Gobierno Nacional estábamos convencidos de que con $300 mil millones en el presupuesto podíamos solucionar el tema. Y empezamos a ver que no sólo no llegamos a los $400 mil millones, sino que ese monto se duplicaba. En el último semestre se crecieron significativamente los servicios no POS del régimen subsidiado en las entidades territoriales. Ahí planteamos que necesitábamos decretar una emergencia social.
La gran crítica detrás de todo esto es que Colombia no ha logrado hacer un tránsito a un sistema de salud basado en la prevención.
Parte de lo que le ha molestado a la gente con estos decretos es que se deja explícito que en el caso del POS se priorizarán aquellas actividades de promoción, prevención y de primer nivel de atención. Y que para poder incorporar nueva tecnología de segundo y tercer nivel deben existir unos estudios basados en la evidencia. También hay otras decisiones a favor del tema preventivo, por ejemplo, liberamos la posibilidad de contratación, que antes era obligatoria con la red pública.