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El presidente Álvaro Uribe Vélez, y el ministro de Protección Social, Diego Palacio, han tenido que enfrentar fuertes críticas después de la declaratoria de la Emergencia Social en enero pasado.

Aclaremos. La crisis no es de la salud ni inició hace poco tiempo ni súbitamente. Es de las finanzas del sistema y ha sido advertida insistentemente desde que se estaba cocinando la Ley 100 de 1993 y después, cuando la reformó la Ley 1122/07, por imposición de la bancada parlamentaria del Gobierno. Por eso no es válido ni aceptable declarar la Emergencia Social para resolverles el problema financiero a los aseguradores privados y sus EPS.

Recordemos varias cosas:

1. Según la OMS, salud es el estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de enfermedad. Son sus prerrequisitos: paz, educación, vivienda, alimentación, renta, ecosistema estable, justicia social y equidad.

2. En 1978 la Conferencia sobre Atención Primaria en Salud, de la OMS, estableció que la salud “es un derecho humano fundamental”, pero 15 años después la Ley 100 decidió que era mercancía comprable y vendible, con ofertas diferenciales según la capacidad de pago de cada quien.

3. Con reforma y carnetización o “cobertura” creciente que no garantiza atención, el Sistema General de Seguridad Social en Salud no ha resuelto los problemas fundamentales de salubridad del país.

4. Desde los 80, como parte del proceso de globalización, el objetivo gubernamental en los servicios públicos o semipúblicos de salud ha sido sustituir normas, instituciones y mecanismos como la planificación, por la competencia, los precios y los incentivos financieros. Por esto el Gobierno propició la muerte del Seguro Social y Cajas de Previsión, aseguradores estatales y reguladores de precios del sistema, para entregar al asegurador privado su operación sin control y permitir que las EPS crecieran mediante prácticas oligopólicas de integración vertical.

Los profesores Bossert y Hsiao, de la Universidad de Harvard y asesores del Ministerio de la Protección Social, declararon que eso resultó muy costoso para el país, pues eliminó la competencia entre los agentes, no mejoró la eficiencia sino que disparó los costos, y las EPS se convirtieron en poderes políticos que frenaron los intentos regulatorios de las autoridades.

En 2008 la Procuraduría recomendó declarar el estado de inconstitucionalidad en salud y la Corte Constitucional produjo la sentencia T-760, que la definió como Derecho Fundamental.

En 2009 la Contraloría General de la Nación denunció inequidades del sistema, advirtió que las tutelas evidencian sólo un aspecto de su crisis estructural y que no habrá dinero suficiente para financiarlo mientras se base en producir lucro al negocio del aseguramiento privado.

Esas son las causas de la crisis actual de las finanzas de la salud y no será resuelta con un dictado de Emergencia Social, que pone más barreras de acceso a la atención de las personas, que no define controles a los precios de los medicamentos, que limita aún más a la profesión médica, que afecta leyes como los códigos de ética profesionales y el Código Penal, y que hace una reforma tributaria para entregar más dinero al sistema financiero del aseguramiento privado con ánimo de lucro, con el pretexto de cubrir eventos que no estén contemplados en el POS. La solución es estructural.

*Presidente de la Federación Médica Colombiana