Se debe ejecutar una reforma agraria novedosa

El gerente del Incoder, Rodolfo Campo Soto, indica que el anterior modelo de entrega de parcelas  generaba más pobreza. Admite que  no se tienen cifras sobre la cantidad de tierra que ha caído en manos de grupos al margen de la ley.  La reingeniería al instituto, la obtención del certificado de calidad ISO 9001 y los proyectos de riego son  sus principales logros.

En el vasto panorama de problemas que tiene el país, el de la tenencia de tierras es uno de los neurálgicos. Tras la desaparición del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), nació el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder), una entidad que heredó buena parte de los problemas que le dejó su antecesor.

 En la actualidad, su responsable es Rodolfo Campo Soto, el gerente que más ha durado al frente de esta entidad y quien dialogó con El Espectador sobre varios temas relacionados con el agro.

¿Cuál es su balance al frente del Incoder?

Cuando llegamos, el Instituto estaba en una situación muy difícil, de crisis, tanto que meses después el Presidente de la República solicitó su liquidación, habían pasado cuatro gerentes en cuatro años y se tenían escándalos con mucha frecuencia.

Hoy encontramos un instituto mucho más eficaz, efectivo, más consagrado a la esencia de lo que debe ser. Su política está orientada a combatir la pobreza rural, a llevar tecnología, a mejorar las condiciones de trabajo de los pobladores rurales y a hacerlo de una manera transparente.

¿Qué falta mejorar?

Tenemos siete procesos misionales y nos faltan dos para poder terminar con lo que señala la Ley 1152. Nos falta el Sistema de Desarrollo Rural, que es fundamental para la entidad porque nace desde los campesinos, y termina en Planeación Nacional. También, nos hace falta definir las zonas de desarrollo rural y las zonas de reserva campesina, la primera es un instrumento que se requiere para desarrollar regiones como la alta Orinoquia, donde se necesitan capitales muy grandes.

La Contraloría les ha mejorado su calificación después de haberlos ubicado como una de las peores instituciones del país, ¿qué sigue?

Así es, primero ni siquiera vieron nuestros estados, en 2007 estuvimos en mitad de tabla, y en 2008 esperamos ubicarnos como una de las mejores entidades del Gobierno.

¿Cómo ha cambiado la nómina?

Ha habido una transformación sustantiva, esta cirugía, que dirigió el Ministro de Agricultura, ha sido salvadora para el Instituto y ha mejorado su posicionamiento en el país y sobre todo en las regiones.

Antes contábamos con una nómina de 979 empleados y hoy es de 595 funcionarios.

Pero los críticos insisten en que este gobierno trabaja en bien de los más adinerados, ¿cómo se defiende de esos señalamientos?

Con cifras, naturalmente. En esta entidad, desde su creación hasta el 31 de diciembre de 2007 se entregaron 3,5 millones de hectáreas y eso se distribuye de la siguiente manera, 1,3 millones de hectáreas para los resguardos indígenas, 1,2 millones para la población afrocolombiana, 800 mil hectáreas en titulación de baldíos que son para


personas que están arraigadas en sus predios y un poco más de 120 mil hectáreas entregadas a pequeños productores, campesinos o desplazados. Trabajamos para el pequeño productor, por eso le comentaba que nuestra esencia es luchar contra la pobreza y el abandono que ha tenido el campesino.

¿Antes no se hacía?

Hasta hace unos años lo que se entregaba, y es uno de los factores que se señalan como responsables del fracaso de la reforma agraria, eran parcelas parcialmente, porque el que las recibía debía cancelar algún monto, pero nunca había un acompañamiento técnico o un capital semilla para un proyecto productivo que le diera la oportunidad al pequeño campesino de salir adelante. Con ese modelo se hacía más pobre al que recibía la tierra.

Desde el año pasado buscamos, a través de las convocatorias, entregar una solución integral que comprende tierras y capital básico para arrancar su proyecto productivo y lo acompañamos durante dos años mientras se logra el desembolso de partidas que puedan hacer viable cada proyecto.

¿Cuál es la meta para este año?

Nuestro presupuesto es de $60 mil millones para subsidios en tierras que se va a cumplir, son $40 mil millones para la población desplazada y lo restante para los campesinos. Debemos terminar el año con 18 mil hectáreas de tierra entregadas por esa suma.

Cabe resaltar que se da la oportunidad a todos los colombianos. En la primera convocatoria que se hizo, las cifras desbordaron el presupuesto, se presentaron 1.254 proyectos, 69 mil familias que demandaron $535 mil millones en subsidios. El Gobierno hizo un minucioso examen para calificar esos proyectos y al final ganaron 213 proyectos que favorecieron a 13 mil familias con recursos por 45 mil millones de pesos.

Como no se colocaron todos los recursos, se abrió una segunda convocatoria que está en proceso de calificación y cuyos resultados se conocerán a mediados de noviembre.

En ese punto también se señala que estas convocatorias son muy complicadas para el campesino promedio...

Los recursos de los colombianos hay que cuidarlos muchísimo y hay que entregarlos de tal manera que al contribuyente le brinden la seguridad de que su dinero se está utilizando bien. Es cierto que son exigentes, pero igualmente hemos convocado para que al lado de los campesinos participen las alcaldías, el Sena, las universidades, Corpoica y diferentes entidades que aseguren proyectos que mejoren la calidad de vida de los campesinos.

La tenencia de la tierra ha sido el origen de buena parte de los problemas del país, ante esta realidad, ¿es posible adelantar una reforma agraria?

Indudablemente. Vamos en un camino nuevo y que debe dar resultados, porque ya no se trata de la reforma agraria donde imperaba la subjetividad, la politiquería, aquí lo primero que estamos teniendo es una radiografía de la realidad en Colombia. Tras dos o tres convocatorias conoceremos cuál es la población que realmente necesita tierras y con seguridad el Estado caminará en buscar soluciones, pero lo demás se convierte en un discurso que no traduce lo que realmente sucede en Colombia.

Los paras, la guerrilla y los narcos tienen grandes extensiones de tierra, ¿qué hacer para recuperarlas?

Nosotros, de la mano de la Procuraduría General de la Nación, avanzamos en tratar de recuperar los terrenos de la nación que siendo baldíos han sido tomados de una forma abrupta e ilegal, esta es una de nuestras grandes luchas,


sin embargo, también hay muchos baldíos de Colombia que están ocupados pacíficamente y que tendremos que legalizar, pero con instrumentos muy serios para que simplemente no sea entregar tierras sino buscar que las tierras le generen al país resultados.

¿Hay cifras sobre esos terrenos baldíos?

Se avanza en ese sentido, pero no es fácil cuantificarlas y no hay cifras concretas.

¿Cuál es su principal logro?

Hemos tenido varios, por ejemplo, hemos mejorado en la titulación de baldíos, el Incora hasta el año 2003, y el Incoder  hasta 2005, lograban 10 mil  títulos al año, hoy estamos en capacidad de titular 50 mil títulos y eso se puede convertir en 1,5 millones de hectáreas. Otra inmensa satisfacción que vamos a tener es poder legalizar 279 mil hectáreas que recibimos del Incora en diciembre de 2007.

También hemos implementado la Ley 1152 de una manera eficiente, pero la máxima satisfacción es haber  logrado la certificación ISO 9001 que no es otra cosa que esta es una entidad reconocida porque las cosas están funcionando. Así como los grandes proyectos en riego, como ranchería que involucra 18.550 hectáreas, agua para nueve municipios sedientos de La Guajira, inversión de 530 mil millones y ejecución del 62% en los tiempos programados.

¿Y la frustración?

Son las limitaciones presupuestales de la entidad que en algunas ocasiones no nos permiten satisfacer todas las necesidades.

¿Cuáles son los proyectos más novedosos que han apoyado?

Uno que hemos adelantado en La Dorada (Caldas) con presencia de muchas entidades del Estado como Acción Social, el Banco Agrario, Corpoica. Allí hay población desplazada, reinsertada y campesina. Mil cien hectáreas, de las cuales 550 hectáreas se han sembrado en pasto y cuyo objetivo es producir heno, ese proyecto está teniendo un mercado inmenso en esa zona del país y muestra la manera como deben convivir estas poblaciones tan disímiles.

Otro es el de las pampas en Sabana de Torres (Santander), destinado a 115 familias desplazadas y donde hay una alianza productiva con la firma Indupalma. En un año tendremos los resultados y creemos que va a ser modelo para Colombia. Esto sólo para citar dos de los cientos de proyectos que todos los días estamos ejecutando.

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