Aunque han sido las movilizaciones en Putumayo, Nariño, Huila, Cauca y Tolima las que han aparecido en los medios de comunicación a la hora de hablarse de las víctimas de las captadoras ilegales de dinero, la verdad es que otras regiones del país se han visto afectadas por el fenómeno.

Este es el caso de Caquetá y en especial de su capital, Florencia. De acuerdo con los mandatarios locales, la calma con la que sus habitantes han tomado la situación ha desembocado en que sus problemas no se conozcan en el resto de Colombia.

Y esto se ha hecho evidente en la crisis que han dejado las captadoras en un lugar que  gran parte del país  aún desconocía que sufre por las mismas firmas  ilegales. Ahora, el país sabe que el departamento del Caquetá no fue ajeno a las estafas que viven Putumayo, Nariño, Huila y Cauca.

Son cerca de seis mil familias las que hasta el momento se conoce que son víctimas de los desfalcos que dejaron las recaudadoras ilegales de dinero.

Por eso, el misterio de las pirámides  ha provocado que los alcaldes de los 16 municipios del Caquetá supliquen al Gobierno Nacional prestar más atención a las dificultades sociales y económicas que dejaron las captadoras.

Esta revelación fue hecha por la alcaldesa de Florencia, Gloria Patricia Farfán, quien desde la capital de su departamento ha clamado para que el presidente Álvaro Uribe Vélez les preste más atención a los problemas generados en los últimos días.

“Gracias a la cultura de la gente y a que el comportamiento no ha sido inadecuado, en el Caquetá no se ha visto el impacto de lo que dejaron las pirámides”, aseguró la mandataria.

Y es que ya se conoce que sólo por demandas en contra de DRFE han acudido 3.698 personas, quienes habrían perdido más de $17.500 millones. En cuanto a la otra captadora, DMG, se sabe que hasta el momento hay 93 querellas, por un monto de $450 millones.

Por eso durante la instalación del Congreso Nacional de Municipios que se desarrolla en Barranquilla, la alcaldesa de Florencia, a nombre de los cerca de 450.000 habitantes de este departamento, entregará una misiva al Jefe de Estado para pedirle que la emergencia social no sólo se enfoque a las cuatro mencionadas zonas del país, sino que se extienda la ayuda al Caquetá.

“Que la plata que se incaute no salga del departamento, porque la gente tiene temor de que no se les vaya a pagar y por eso está ad portas de una severa emergencia social y económica”, manifestó con aire de preocupación la mandataria.

Hasta el momento la Policía Nacional se ha incautado de $8.500 millones de la firma DRFE, pero en cambio de DMG tan sólo ha logrado recuperar $360.000, en ese departamento.

“La plata que se incautó en mi departamento deben dejársela a las familias de la zona y no a otras —insistió la mandataria—, temo por cualquier desorden público que se pueda presentar”.

Finalmente, el llamado que se extendió al Ejecutivo es para que actúe con celeridad y a través de soluciones se eviten más dificultades para el Caquetá.