Bancos para los más pobres

Paradójicamente, el desplome de las captadoras ilegales de dinero se convirtió en el impulsor de medidas para aumentar el nivel de bancarización del país, con el fin de facilitar que las personas de escasos recursos utilicen la red de servicios bancarios y puedan acceder a créditos blandos. De acuerdo con Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), en la actualidad sólo el 30% de los colombianos accede a estos servicios.

Ante la caída de DMG, el Gobierno Nacional decidió emitir dos decretos, que pretenden beneficiar a los ciudadanos del nivel 1 del Sisbén y a desplazados; uno de carácter ordinario, mediante el cual se incorporan la cuentas de ahorro electrónico que van a ser vinculadas al sistema financiero y que busca beneficios para que las personas de bajos recursos accedan al sistema financiero.

Según Óscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda, se prevé que así se permitirá la apertura de una cuenta con una tarjeta electrónica, sin costo, con la cual se podrán realizar dos retiros al mes, exentos de pago; la consulta del saldo una vez al mes, gratis, y rendimientos diarios sobre los saldos.

El segundo decreto hace parte de la Emergencia Social y contempla medidas como incentivos tributarios en el IVA, aranceles y en descuentos de impuestos para que el sistema financiero pueda importar datáfonos y cajeros automáticos más fácilmente, para evitar que la gente mueva efectivo y mejor lo haga a través del dinero plástico.

La segunda parte consiste en incentivos para créditos en las regiones más afectadas por las captadoras ilegales (Cauca, Nariño, Putumayo y Huila) y exenciones de impuestos por los intereses que generen estas nuevas cuentas. También se da la posibilidad para que el Fondo Nacional de Garantías pueda cubrir hasta el 70% de estos créditos.

Los colombianos beneficiados que deseen acceder a los préstamos tienen dos opciones: la de microcréditos para actividades productivas, hasta de $10 millones, y créditos de libre destino hasta de $2 millones.

Cuando se empezaron a estructurar las medidas, Clavijo dijo que les preocupaba mucho que el Gobierno usara el estado de excepción para expedir decretos que apuntan a forzar al sistema financiero a prestar unos servicios que no son rentables, cuando lo de fondo es desmontar el 4x1.000.

Frente al tema, Santiago Perdomo, presidente del Banco Colpatria, manifestó que la entidad “está dispuesta a colaborar con las medidas y hacer que los servicios lleguen a la población que los requiere”.

Sobre el tiempo que tardarán los colombianos en recibir los beneficios de estos decretos, concluyó que dependerá del aspecto tecnológico, pues en este sentido se deben hacer unas inversiones que toman tiempo, en especial en las zonas afectadas por el desplome de las denominadas pirámides.