En efecto, ni las relaciones exteriores ni la diplomacia habían sido antes un tema de interés para la política nacional, que básicamente se preocupaba por informarse de las vacantes en el servicio exterior para satisfacer los apetitos burocráticos y, por supuesto, de los privilegios económicos derivados de la aplicación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Para efectos prácticos los recurrentes problemas con Venezuela (que no surgieron ni mucho menos con Hugo Chávez y Álvaro Uribe) eran minimizados y asumidos a ambos lados como temas prácticamente locales.
Pero finalmente el entorno obliga a superar el parroquialismo. Las demandas de Nicaragua y Ecuador, que cursan ante la Corte Internacional de Justicia, unidas a las decenas de casos que se tramitan en el Consejo y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos; las ásperas controversias con los presidentes Chávez y Correa; la conformación de grupos regionales y subregionales aliados por identidades ideológicas; el trámite de Tratados de Libre Comercio o de acuerdos simplificados (de dudosa constitucionalidad) como el que daría vía libre a la presencia militar de los Estados Unidos en bases colombianas, hace que el país se preocupe, por primera vez en serio, del manejo que sus agentes diplomáticos le dan a la política exterior.
El problema radica, por un lado, en que los diplomáticos preparados no son suficientes ni ocupan cargos de relevancia y, por otro, en que la política exterior no responde a los intereses del Estado en su concepción histórica, sino a las necesidades coyunturales de un gobierno. De esa manera, cuando no hay una política exterior coherente, se abren los espacios para que choquen las ideologías políticas inherentes a los jefes de gobierno y se pierda la sensatez.
Dentro del contexto de la situación actual, las actitudes populistas y caudillistas de los líderes involucrados acaban con los discursos argumentados y lógicos para caer en el recurso de los adjetivos como elemento que moviliza pasiones, pero que no resuelve problemas. Cuando los presidentes latinoamericanos jugaban a ser estadistas, buscaban en la diplomacia los escenarios para dar rienda suelta a sus diferencias, sin que ello implicara poner en juego la seguridad de los habitantes que los eligieron ni evadir la responsabilidad de hacer valer sus derechos y principios. Pero eso fue antes, en una época en que los países respetaban principios tales como los de la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos, la libertad de pensamiento y de expresión.
Las circunstancias están dadas para que al menos Colombia entienda que ahora desempeña un nuevo rol dentro de la dinámica de las relaciones internacionales. Que una política exterior de Estado es un deber ser y no un poder ser. Que el manejo de la diplomacia debe ser profesional y no politizado. Que ante la falta de sensatez y el choque de las ideologías aún queda el recurso del manejo de los hechos con base en el Derecho Internacional. No se puede permitir que se cierre esa última posibilidad.
* Profesor Universidad Externado de Colombia.