La Ley Lleras

Lo que la ley hace es extender la protección del derecho de autor a internet mediante un articulado bastante menos drástico que el vigente en la Unión Europea, para dar un ejemplo. Los violadores tan sólo serían sujetos del Código Penal si se les demuestra que se lucran del trabajo de otro, contingencia sobre la cual es difícil estar en desacuerdo. Se protege al que quiere protección; al que no la quiere le queda recurrir al sistema de Creative Commons y nadie se va a meter con su decisión. Es asimismo raro que los enemigos de la ley presuman que ésta favorecerá a los prestadores de servicio de internet (ISP), como Telefónica o Telmex. Yo sospecho que a ellos les da igual si sus usuarios suben o intercambian material prohibido y que antes les fastidia y les cuesta dinero ejercer el control. En eso los opositores andan claramente paranoicos.

El problema reside, en mi opinión, en el exagerado proteccionismo del régimen de derecho de autor hoy vigente en Colombia. La Ley 23 data de 1982, una época que en la materia puede considerarse primitiva. Esta doctrina fue inventada en el Primer Mundo, y su carácter ultra prohibitivo es defendido con ahínco sobre todo por Estados Unidos. Se recuerda, por ejemplo, que Stephen Joyce ha mangoneado durante décadas a la inmensa comunidad de los lectores y admiradores de su abuelo pese a que escasamente lo conoció pues Stephen no tenía 10 años cuando James murió. El derecho a citar o a utilizar lo creado por otro como materia prima para la propia creación está exageradamente restringido por esta doctrina. ¿Quiero incluir la letra de una canción de los Beatles en mi novela? Pues necesito un permiso especial y seguramente tendré que pagar. ¿Que apenas constituye el 0,01% del libro y no lo define? No importa. La restricción es peor aún si uno es músico y quiere hacer un remix que desemboque en un producto nuevo. Esas leyes es necesario flexibilizarlas, entre otras razones para que sean aplicables y para que el atractivo económico de violarlas disminuya. Cuando una ley conduce a su violación sistemática, lo más común es que esté mal planteada.

Otro cantar es que la piratería sea común y hasta cierto punto esté aceptada en Colombia. Durante años en Unilago se ha vendido software pirata (la protección al software y sus precios son también exagerados), y los Sanandresitos, defendidos hasta por un expresidente, siguen vendiendo contrabando a la vista de todos. No hay allí un derecho adquirido, pero sí una tradición muy malsana. El Estado tendría que empezar por regular e inspeccionar esos sitios si luego quiere que su acción en ámbitos análogos sea respetada.

Un problema más espinoso subyace a la polémica y es el conflicto generacional: la mayoría de los jóvenes se opone a la ley, bajo la errada pronoció pues Stephen no tenía 10 años cuando James murió. El derecho a citar o a utilizar lo creado por otro como materia prima para la propia creación está exageradamente restringido por esta doctrina. ¿Quiero incluir la letra de una canción de los Beatles en mi novela? Pues necesito un permiso especial y seguramente tendré que pagar. ¿Que apenas constituye el 0,01% del libro y no lo define? No importa. La restricción es peor aún si uno es músico y quiere hacer un remix que desemboque en un producto nuevo. Esas leyes es necesario flexibilizarlas, entre otras razones para que sean aplicables y para que el atractivo económico de violarlas disminuya. Cuando una ley conduce a su violación sistemática, lo más común es que esté mal planteada.

Otro cantar es que la piratería sea común y hasta cierto punto esté aceptada en Colombia. Durante años en Unilago se ha vendido software pirata (la protección al software y sus precios son también exagerados), y los Sanandresitos, defendidos hasta por un expresidente, siguen vendiendo contrabando a la vista de todos. No hay allí un derecho adquirido, pero sí una tradición muy malsana. El Estado tendría que empezar por regular e inspeccionar esos sitios si luego quiere que su acción en ámbitos análogos sea respetada.

Un problema más espinoso subyace a la polémica y es el conflicto generacional: la mayoría de los jóvenes se opone a la ley, bajo la errada presunción de que la juventud, como protagonista de la revolución digital, tiene derecho a renovar todo según le plazca. El asunto empeora porque muchos jóvenes desconfían de forma radical en el Estado y, por ende, en las leyes que expide. Sin embargo, el mundo no