Es importante reconocer que la primera es el resultado del trabajo mancomunado y decidido de un grupo de congresistas y funcionarios del Gobierno, incluyendo al propio presidente de la República, quienes con su tenacidad y convicción le apostaron a la ineludible obligación de reconocerles a las víctimas de todos los actores violentos sus derechos. Y la segunda recoge la intención del Gobierno de dotar al Estado de un instrumento que va a contribuir a luchar contra la corrupción.

Sin embargo, la aprobación de estas leyes también conlleva grandes desafíos para el Estado y la sociedad. Desde la reglamentación de muchas de las disposiciones previstas en las normas, hasta su implementación y su apropiación por parte de los diferentes actores sociales y políticos. Todo esto requiere del esfuerzo de muchas entidades y funcionarios públicos, además del apoyo y participación decidida de la ciudadanía para garantizar que se cumplan sus objetivos. Esta no puede ser un convidado de piedra en las diferentes etapas de su aplicación. Por el contrario, debe convertirse en motor de su divulgación y en garante de que el espíritu de las normas sea respetado.

Pero, además, es muy probable que estas leyes encuentren en el camino muchos obstáculos e intentos de frenar su cabal desarrollo, muchos de ellos provenientes de la lentitud del aparato burocrático para adaptarse a los cambios y a las nuevas responsabilidades que conllevan.  Pero sobre todo, de las personas y grupos que ven en estas normas una amenaza contra estructuras de poder tradicionales fuertemente enraizadas, muchas de las cuales se han valido de medios ilegales para perpetuarse y fortalecerse.  La corrupción y la violencia en Colombia son fenómenos que en muchas ocasiones van de la mano y se retroalimentan, convirtiéndose en el soporte para acceder al poder.

Para superar estos grandes retos se necesita una férrea  voluntad política, es decir, la clara y manifiesta intención del Gobierno y de los funcionarios del Estado, pero también de la sociedad civil y del sector privado,  de atacar las causas y las manifestaciones de la corrupción y la violencia, de emprender acciones concretas y eficaces para combatirlas y de destinar los recursos necesarios para lograrlo.  De hacer todo lo que esté a su alcance para cumplir las expectativas que se han generado en torno a estas normas para evitar que estas se conviertan en frustraciones, lo cual puede significar grandes ganancias, pero también puede implicar costos políticos que los responsables deben estar dispuestos a asumir. 

La Ley de Víctimas y el Estatuto Anticorrupción deben marcar un derrotero para el futuro.  Pero ante todo, deben ser un mensaje de rechazo vehemente para quienes desde diferentes ámbitos públicos y privados abusaron de sus posiciones, se apropiaron de los recursos públicos y violaron derechos fundamentales de miles de colombianos.