Por: Humberto de la Calle

Exorcismos

DICE EL NOTICIERO OFICIAL DE LA Cámara de Representantes que de cada cinco posesiones demoníacas, sólo una es auténtica.

Los otros cuatro casos obedecen a problemas mentales. Y como prueba irrefutable de esta aseveración, difunde el testimonio de un ilustre prelado especializado en exorcismos.

Hasta donde sabemos, los canales del Congreso tienen como finalidad difundir las hazañas de esa corporación. Uno entiende el deseo de los periodistas que manejan estos noticieros de salirse del esquema ladrillo y tratar de ponerle un poco de pimienta al asunto. Pero en este caso, una noticia de ese jaez viola la Constitución. Primero que todo, el noticiero de la Cámara es doblemente oficial. En efecto, es una concesión sobre el espectro electromagnético que es propiedad colectiva en cabeza del Estado. Y en segundo lugar, es la voz legalmente autorizada de la Cámara.

El contenido de la noticia se conecta con creencias religiosas pertenecientes a la Iglesia Católica. Respetables sí. Pero que no pueden constituirse en voz de una entidad pública, menos aún de una Cámara que se supone el más pluralista de los escenarios. Muchos colombianos no creen en el demonio. Piensan que no existe tal cosa que se llame exorcismo. El Estado respeta las creencias, trata a todas las religiones por igual, también a los ateos. Pero no toma partido. Esta publicación es tan violatoria de la Constitución como si se hubiera dicho lo contrario: que está probado que el diablo no existe o que el exorcismo no pasa de ser una patraña.

En mi opinión, no es cierto como suele decirse que la Constitución adoptó en Colombia un estado laico. Lo que hizo fue poner en vigor un Estado aconfesional. Respeta las religiones y la libertad de cultos, pero actúa en pie de igualdad frente a las diversas creencias. La diferencia es sutil pero clara: en Colombia, a diferencia de Francia, no podría condenarse el velo islámico como símbolo religioso. Pero esa es harina de otro costal.

No había terminado de reponerme del desagrado de ver en televisión esa noticia, cuando vino algo peor:

Con toda seriedad, no se ría amable lector, se aseveró que estaban descubriendo una droga para curar la homosexualidad. También hay aquí una agresión al Estado de derecho, porque devuelve a los homosexuales a la condición de enfermos. Y por este camino, de nuevo al gueto de los pervertidos, apestados y marginados sociales.

Desde mi perspectiva heterosexual protesto vivamente. No hay derecho a que a estas alturas una publicación oficial del Congreso de Colombia insulte de esa manera a ciertas personas simplemente por tener una identidad sexual distinta a la mayoría.

Volviendo al principio, los servidores públicos tienen derecho a tener sus creencias religiosas. También podrían no tenerlas. Lo que no está bien es que alardeen de ellas a través de actuaciones oficiales, como si quisieran enviar un mensaje proselitista subliminal. Es una tendencia que se viene abriendo paso de manera preocupante. Inmediatamente después de la expedición de la Constitución, este criterio quedó claro y fue cumplido severamente por los funcionarios. No es bueno cambiar ahora de idea y politizar las creencias religiosas.

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