Mediante la instalación de modernos sistemas tecnológicos se pretende, entre otras, que la asistencia y las votaciones de los representantes queden registradas en tiempo real y sin posibilidad de ser manipuladas, eliminando prácticas tan criticadas y perjudiciales como el “pupitrazo”, los cambios en los registros de las votaciones, las inconsistencias entre éstas y la asistencia, o que congresistas inhabilitados aparezcan votando.

Seguramente esta inversión, cercana a los $12.000 millones, será objeto de críticas, debido a los escándalos de corrupción que rodearon contratos similares en el pasado. No obstante, si este proceso cumplió todos los requisitos legales y efectivamente responde a los propósitos planteados, la inversión estará plenamente justificada. Que la ciudadanía, los electores, los medios de comunicación, otros parlamentarios, los partidos políticos y sectores interesados puedan hacerles seguimiento a los congresistas y sus actuaciones, contribuye a la rendición de cuentas, la visibilidad y el acceso a la información. Pero además puede incidir en la eficacia y eficiencia de la gestión legislativa. Estos no son logros menores. Ojalá que el Senado de la República y otras corporaciones públicas sigan el ejemplo de la Cámara de Representantes.

En columnas anteriores me he referido a la importancia del acceso a la información como una condición fundamental para la transparencia y la lucha contra la corrupción. En la administración pública colombiana, la información de las entidades públicas y de sus funcionarios tiende a enmarcarse en la cultura del secreto, se maneja como si fuera de propiedad de dichos funcionarios y se utiliza para obtener beneficios particulares. Un común denominador de todos los recientes escándalos de corrupción es la falta de información oportuna, de calidad, veraz, completa y comprensible, una divulgación restringida, retención indebida o su uso privilegiado. Casos como el de las EPS, los carteles de la contratación, Agro Ingreso Seguro, la DNE, el Incoder, el “Tolemaida Resort”, son sólo algunos ejemplos de los efectos perversos de las restricciones al derecho de acceso a la información pública y su directa relación con la corrupción.

Rodear de máxima transparencia desde el comienzo la implementación de leyes tan importantes como la Ley de Víctimas, el Estatuto Anticorrupción, la Ley de Seguridad o la Ley de Regalías, es un imperativo inaplazable. La información sobre los programas y acciones que se ejecuten, el manejo de los recursos, los beneficiarios y los procesos de contratación, debe ser pública y, en consecuencia, todos los ciudadanos deben poder acceder a ella. No hacerlo, puede conllevar grandes riesgos de corrupción y conducir a su fracaso.