Constitución de Hecho

Presenciamos un replay del ánimo juvenil, refrescante y soñador predominante en el debate público hace veinte años. Uno entiende que una nación tan duramente golpeada por todas las violencias se permita la terapia de pintarse pajaritos de oro. Que se permita pensar que cientos de flamantes artículos engendrarían una nación preparada para triunfar en el milenio que asomaba. Que se tragara el cuento de que atrás habría quedado la caverna centralista, apostólica y romana del 86, atrás la perpetuación de la  inequidad, la intolerancia y la exclusión y atrás, sobre todo, las “causas objetivas” de nuestras mil violencias.

Lo cierto es que las medidas tradicionales de inequidad son prácticamente idénticas hoy y hace veinte años. Gran parte de la inequidad se explica por el abismo que separa el trabajo formal respecto del trabajo informal y el desempleo, abismo que no ha hecho sino crecer en estos veinte años. La mayoría de los expertos que han estudiado juiciosamente el tema coinciden: el abismo se explica por la barrera proteccionista que la jurisprudencia constitucional ha erguido a favor de los trabajadores y empleados del sector formal, en contra de los informales y los desempleados. No en vano el porcentaje de empleados que reporta ingresos inferiores al salario constitucional pasará la aterradora marca del 50% más temprano que tarde, si es que no lo ha hecho ya. En la Constitución de hecho, la desigualdad no importa.

El número de personas pobres, medido como aquellos con ingresos inferiores a US$2 de paridad al día, fue mayor en 2006 (12.6 millones de personas) que en 1995 (9.3 millones). En China, en contraste, el número de pobres, definidas de idéntica manera, bajó en casi 500 millones de personas entre 1990 y 2005. Gran parte del llamado “Gasto Social” que respalda, en lo práctico, la filosofía del Estado Social de Derecho (ESD) y que debería ser teledirigida a combatir la pobreza, va para las clases pudientes. Según un reveladortrabajo de J. Núñez, la población que goza del 20% de mayores ingresos, se queda con el 44.8% de todos los subsidios que otorga el Estado y esa cifra está subiendo. En contraste, el 20% más pobre termina recibiendo solo el 13.7%. Esto se seguirá profundizando, creo yo, porque a la presunción de gratuidad que tiene la clase media en cuanto a sus pensiones y su educación superior, se le suma  la nueva presunción de gratuidad en salud. En la Constitución de hecho, la pobreza no importa.

Cualquier Alcalde o Gobernador del país puede dar fe que el margen de maniobra que le permite la descentralización colombiana en materia de diseñar y proveer bienes públicos locales en educación, salud e infraestructura es limitada y que el Gobierno Nacional es una presencia tan formidable en la definición de la política pública local hoy como hace veinte años. Para muchos en Bogotá, los mandatarios locales elegidos democráticamente son ineptos en lo técnico, venales en lo práctico, o combinan esas dos maldiciones. En la Constitución de hecho, seguimos ranchados en el centralismo y el prejuicio.

Me enorgullecen, como colombiano, muchas sentencias de la Corte en lo atinente a los derechos individuales, en general, y a los derechos de las minorías, en particular. Me enorgullece una Corte que está sacando a patadas al Estado de nuestras alcobas. Pero este orgullo es poca cosa al lado de dos desilusiones. Primero, la Constitución cavernaria que (de hecho) nos rige en lo económico y social. Segundo, el tipo de país que la Carta (de hecho) está cocinando a fuego lento para festejar el aniversario de la Carta (escrita).