Con esta ley, el Estado colombiano, con el Gobierno a la cabeza, asume retos difíciles y complejos, que exigen no solamente velar por el cumplimiento de lo establecido en esta normativa, sino concitar el trabajo coordinado de las tres ramas del poder público, de los órganos de control y de las autoridades nacionales, departamentales y municipales. Así como comprometer a todos los sectores sociales, políticos y económicos del país en un propósito que requiere del concurso, voluntad y responsabilidad de todos.

Es decir, diseñar una política integral de Estado de lucha contra la corrupción y por la transparencia, que esté en concordancia con otros objetivos del Gobierno, como por ejemplo los que señalan el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 en el capítulo sobre Buen Gobierno, Participación Ciudadana y Lucha contra la Corrupción, el Conpes de Rendición de Cuentas, la Ley de Participación, o la reforma política de 2009. El presidente de la República presentó los lineamientos generales de esta política y expresó su intención de liderar y tomar personalmente las riendas de este propósito nacional. Estos lineamientos pueden sintetizarse en los siguientes puntos: aplicación efectiva de las normas, prevención, colaboración de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada, promoción de la cultura de la legalidad y de competencias ciudadanas y coordinación interinstitucional y de políticas.

Aun cuando no es la primera vez que un mandatario colombiano se compromete a luchar contra la corrupción, ni este es el primer estatuto que se promulga en el país para combatir a los corruptos, hay unos hechos para destacar. En primer lugar, como ya se señaló, su inserción en una política integral que, si bien aún debe ser desarrollada, ya está entre las prioridades del Gobierno. Y en segundo lugar, el reconocimiento de las voces de los ciudadanos y de la sociedad civil —organizaciones sociales, empresarios, medios de comunicación, estudiantes, maestros— como unos interlocutores válidos e imprescindibles para construir colectivamente este objetivo. Esto implica estar dispuesto a rendir cuentas y a dar ejemplo. Por eso, el haber sancionado la ley en un colegio público adquiere una especial relevancia y hace que el desafío sea aún mayor. El presidente se comprometió frente a un grupo de niños y jóvenes, lo que los convierte en testigos excepcionales de sus promesas.

Como dijo uno de los estudiantes asistentes al acto de sanción del Estatuto, “la lucha contra la corrupción requiere creatividad, imaginación y compromiso”.