Desacreditar a los interlocutores como trogloditas rupestres o títeres de movimientos religiosos de todas las estirpes, resulta inocuo si lo que se quiere es encontrar una fórmula para que Colombia tenga una política seria de salud sexual y reproductiva que logre garantizar los derechos de todos los individuos.

Para empezar el debate, por ejemplo, los proabortistas deberían reconocer que existe un nuevo ser humano desde el momento de la fertilización y que ello no es producto de la opinión sino de la verdad científica. Luego de tanta evidencia empírica, sostener lo contrario parece una táctica evasiva antes que un argumento serio en medio del debate. Víctimas políticas de esta negación ya existen varias, como por ejemplo una tristemente célebre ministra socialista española de apellido Aído que en medio de este asunto no reparó en decir que un feto de 13 semanas es un ser vivo pero no un ser humano (¿de qué especie podría ser entonces?).

En segundo lugar, hay que desmentir aquella idea según la cual la legalización del aborto acaba con su práctica clandestina. Y la razón es obvia; aun permitiéndose, el aborto en la mayoría de los casos es consecuencia de situaciones que resultan vergonzosas para un gran número de mujeres, y por ello, no cesa nunca el deseo de ocultamiento aunque la ley elimine la sanción penal. Así ha sucedido en muchos países, en donde el número de abortos clandestinos se mantiene estable a pesar de la legalización absoluta de esta práctica (España, República Checa y Hungría).

En tercer lugar, no es cierto que la legalización del aborto contribuya a disminuir las tasas de mortalidad materna. Basta ver los casos de Chile y Uruguay que con la más baja tasa de mortalidad en Suramérica tienen legislaciones que lo prohíben en todos los casos, mientras que Cuba y Guyana, en donde esta práctica no tiene ninguna restricción, cuentan con indicadores mucho más elevados. Pero además, la legalización del aborto incrementa su incidencia de forma sustancial, aun por encima incluso del número de abortos ilegales (España, Australia, EE.UU., etc…), con lo cual esta situación claramente no resuelve ningún problema de salud, sino que lo crea, al poner en peligro la vida y la salud de muchas mujeres, pues resulta probado que el aborto legal es hasta tres veces más peligroso que el parto (American Journal of Obstetrics and Gynecology). Por ello, pensaría uno que en Colombia, en donde acaba de revelar el Gobierno que el 52% de los embarazos son indeseados, una política de liberalización en la materia nos conduciría rápidamente a convertirnos en un lugar en el cual más niños serían abortados que nacidos.

En fin, hay muchos temas para tocar en el marco de esta discusión. Pero a lo mínimo a lo que debemos aspirar, es a que este debate se realice con altura. Ojalá esto se permita, y no caigamos, como se ha vuelto ya costumbre, en la utilización de los vetos y las descalificaciones como instrumento para no oír argumentos.