No todo “plagio” lo es. Hacer pasar como propia una obra de otro es plagio y sería infracción al derecho moral, que puede castigarse como delito pero… Deben guardarse proporciones. CM& buscó “plagios” de programas de desarrollo entre candidatos logrando que más de uno se “indignara”, sin plantear que en temas tan públicos también deberían valorarse las buenas copias, la reutilización de buenas ideas.

En algunos casos, copias parciales o citas de obras ajenas sin atribución de autoría y fuente de origen, aún cuando sean “plagios” en el sentido académico, no son necesariamente ilegalidades, allí sería preferible hablar de "deshonestidad intelectual".

Pero, yendo más allá, cuando en una obra se toman ideas de otra, sea referenciado de forma indirecta o simplemente parafraseando, estamos ante una acción que el plagio pretende evitar, pero que no es infracción al derecho de autor, pues éste no protege ideas, sino su expresión formal (claro, ¿se imaginan que todas las ideas YA estuvieran protegidas?). Sin perjuicio de admitir que son prácticas engañosas, también podemos decir, de otra parte, que “no hay nada nuevo bajo el sol”.

Quizá la polémica sería diferente en un contexto cultural en el que valorásemos las copias y promoviéramos apreciar el recurso a modelos inspiradores tanto como valoramos las ocurrencias originales e, incluso, que reeducáramos en aceptar la copia como un cumplido (particularmente cuando “la copia” no priva de recursos económicos). ¿Qué tal sentirnos halagados y no “robados”? Deberíamos reconocer también que un plan de desarrollo no es una novela…, lo realmente importante sería enfatizar lo bueno de reconocer de dónde sale la idea (desestimulando su “ocultismo”) y de explicar que no es una simple copia, sino que es creativa y contextualizada, ubicada en la realidad del sitio en el que se pretende implementar.

Otro asunto: anteayer radicaron en el Congreso la ponencia de archivo de la Ley Lleras argumentando posibles conflictos con la libertad de expresión. Esperemos que el Mintic consiga proponer un texto consensuado que cumpla con el TLC y respete los derechos constitucionales.