Otra vez la reforma a la educación

Sin embargo, se insiste en tratar a la educación pública superior como un bien inferior que debe recibir una proporción decreciente y avara del presupuesto.

Se trata también de una política que continúa con la de Uribe, que en 2002 encontró un presupuesto que asignaba el 0,50% del PIB a las universidades y que en 2011 había reducido esa participación al 0,38% del producto, pero exigiéndoles a sus administraciones que ampliaran los cupos y los programas de doctorado. Eso está bien: las universidades deben emplear los recursos públicos de manera eficiente, exigirles a los profesores buena docencia e investigación y contribuir a que aumente la cobertura al máximo. Pero cuando los recursos no son proporcionales a las necesidades, lo que sucede es una pérdida de calidad, algo que fue evidente con la expansión del SENA, y que también está ocurriendo en las mejores universidades públicas del país.

El Gobierno argumenta que ha aumentado el presupuesto de las universidades en términos reales, lo cual es cierto. Sin embargo, ha dejado de aprovechar el crecimiento económico más rápido para darle un impulso tanto a la cobertura como a la calidad de la educación en Colombia, indicadores que son deficientes frente a países de mediano desarrollo y, más aún, si se pretende escapar de la especialización en la exportación de recursos naturales que ha escogido como modelo de desarrollo.

Las prioridades se revelan si se compara la participación del gasto en seguridad y sueldos de retiro, 6,5% del PIB, 17 veces superior al gasto en universidades públicas, proporción que seguirá aumentando de acuerdo con los propósitos de la nueva ley. En la última propuesta se incluye un factor transitorio —el 3% del monto decreciente sobre el PIB—, lo cual no cambia mucho las cosas: al final del mandato único de Santos la participación cae a 0,35% del producto.

Hacia futuro, la reforma condena a la educación superior a seguir reduciendo su presupuesto como proporción de la riqueza nacional, mediante unas fórmulas absurdas que la reglan ¡hasta el año 2042! Así, en 2022 el aporte de la Nación sería de 0,28% del PIB y de sólo 0,15% en el último año de la serie.* Evidencia también el talante autoritario de Santos, que se abroga la decisión de gasto contra siete gobiernos del futuro, cuyos electorados puede que aspiren a que se gaste más en un bien meritorio por excelencia, como la educación.

En 2007, Brasil gastó 1,05% del PIB sólo en investigación y desarrollo. La Universidad de São Paulo, pública por excelencia, es la 169 del mundo y la mejor de América Latina. Ha logrado desarrollar tecnologías apropiadas a la agricultura tropical y a su industria. Pero la imagen del futuro de la administración Santos es distinta: se trata de la Universidad de Phoenix de Estados Unidos, que es muy lucrativa, cuenta con medio millón de estudiantes y fabrica profesionales y técnicos mediocres. Sus egresados han sido favorecidos con créditos del Gobierno que no están en capacidad de pagar porque no consiguen empleo o ganan muy poco.

* Jorge Armando Rodríguez, “Alternativas a la ley 30 y al proyecto de Santos de financiación de la educación superior pública”, CID, Universidad Nacional.