Además de la creación de nuevas entidades, entre ellas los ministerios que fueron eliminados durante la presidencia de Álvaro Uribe, de varias “súper agencias” como la de Minería, la de Infraestructura, la de Contratación Pública, la de Defensa Jurídica del Estado y el Departamento de Seguridad Social, las financieras Energética y de Desarrollo Nacional, para mencionar sólo algunas, se reasignaron las funciones de un sinnúmero de organismos, se suprimieron otros, como por ejemplo el DAS, se eliminaron cargos y se crearon nuevos.

No es exagerado afirmar que, en términos de sus alcances y objetivos, esta ha sido una de las reformas más ambiciosas de las últimas décadas. En ciertos aspectos, equiparable a las políticas de descentralización política, fiscal y administrativa que se promovieron y adoptaron en los años ochenta, incluyendo la aprobación de la elección popular de alcaldes. O a algunas de las reformas que se plasmaron en la Constitución Política de 1991, como por ejemplo la creación de la Corte Constitucional o la Fiscalía General de la Nación y la elección popular de gobernadores.

Así como para aquellas reformas la ampliación de los espacios para la participación política y ciudadana, la autonomía de las regiones y los principios del Estado social de derecho fueron los motores que las impulsaron, la eficacia y la eficiencia administrativa parecen haber sido los que en los últimos meses orientaron el proceso liderado por la alta consejera para el Buen Gobierno, María Lorena Gutiérrez. Propósitos sin duda fundamentales y necesarios para hacerle honor al nombre de la Consejería que preside, el buen gobierno, pero que deben ir acompañados de medidas y decisiones igualmente audaces para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, condiciones que pueden significar el verdadero cambio y el salto hacia una sociedad más equitativa y democrática.

Esto debe comenzar por los procesos de nombramiento de los funcionarios que van a ocupar los nuevos cargos y por la definición y puesta en marcha de mecanismos de seguimiento y evaluación permanentes de las entidades, de los procedimientos de su gestión y de los resultados de sus políticas y programas. Los principios de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción no pueden ser propósitos secundarios o subsidiarios, sino que deben incorporarse al ADN de la nueva institucionalidad estatal, con estrategias e instrumentos concretos y definidos, con normas y procedimientos claros para garantizar su cumplimiento, para limitar la discrecionalidad de los servidores públicos y para asegurar la realización de los objetivos misionales de las entidades. Esto pasa necesariamente por garantizar el derecho de acceso a la información, como un aval de la transparencia que además contribuye a fortalecer los lazos de confianza entre la ciudadanía y el Estado y entre el presidente y quienes lo eligieron.