Mapiripán y la culpa del Estado

Algunos quieren entonces usar ese hecho para atenuar la responsabilidad del Estado colombiano en esa terrible masacre y atacar la labor del Sistema Interamericano y de las organizaciones de derechos humanos.

Es grave que alguien se presente fraudulentamente como víctima en un proceso judicial. Eso ocurrió en el caso de la señora Mariela Contreras quien, representada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, obtuvo una indemnización por la supuesta desaparición de sus dos hijos en esa masacre. Pero sus hijos aparecieron ulteriormente.

Ese fraude es inaceptable, pero del mismo no se desprende que la masacre no haya existido, o que el Estado colombiano no tenga responsabilidad, o que el Sistema Interamericano y el Colectivo hayan actuado tramposamente.

La masacre existió y fue terrible. Del 15 al 20 de julio de 1997, unos 100 paramilitares de las Auc controlaron Mapiripán y asesinaron y descuartizaron a todos los que consideraban cómplices de la guerrilla. La crueldad fue extrema. Así, José Rolán Valencia fue decapitado y su esposa Marina Sanmiguel tuvo que arrastrar con una mano su cuerpo y con la otra su cabeza para unirlos y poder sepultarlo completo.

La responsabilidad del Estado quedó además totalmente establecida. Los paramilitares volaron desde Urabá y aterrizaron en el aeropuerto de San José del Guaviare, dos zonas fuertemente militarizadas. Y se desplazaron sin problema hasta Mapiripán y durante cinco días aterrorizaron a la población. Ni la Brigada Móvil II ni la Brigada VII, que estaban en la zona, intervinieron, a pesar de que habían recibido información sobre la incursión. Por ello la Corte Interamericana concluyó que la masacre fue ejecutada “con la colaboración, aquiescencia y omisión de miembros del Ejército”.

El número de víctimas nunca se ha podido establecer, pues muchos cuerpos fueron descuartizados y botados al río Guaviare. Esa incertidumbre hizo que la Corte le ordenara a Colombia hacer todo lo necesario para identificar a las víctimas ejecutadas y desaparecidas en Mapiripán. Pero es claro que son decenas. La Corte habla de aproximadamente 49 víctimas, recogiendo la cuenta hecha por Carlos Castaño, quien reivindicó esa masacre como un gran triunfo.

Si algún día llegamos a precisar el número de víctimas, puede que sea menor. Pero puede ser mayor pues la Fiscalía ha encontrado evidencias de otras víctimas. Pero incluso si el número baja un poco, no por ello la culpabilidad del Estado o de los posibles victimarios se vería menguada, pues una cosa es la responsabilidad por la masacre, que es clara e incontrovertida, y otro el debate sobre quiénes fueron las víctimas a ser reparadas, que está inconcluso.

Esta responsabilidad fue además reconocida por el propio Estado en el proceso ante la Corte Interamericana, en donde aceptó los hechos y expresamente presentó una lista de víctimas, que incluye a todos los familiares de la señora Mariela Contreras. Por su parte, el Colectivo de Abogados le creyó de buena fe a la señora Contreras, como también le había creído la Fiscalía, quien recibió su testimonio y lo usó en sus investigaciones. ¿En dónde están entonces las trampas del Colectivo y del Sistema Interamericano?

Los fraudes que cometan las víctimas falsas deben ser investigados y sancionados. Y si algún abogado es cómplice de esas trampas, debe también ser castigado. Pero esos inaceptables engaños no deben servir para ocultar el sufrimiento de los millones de víctimas reales que hay en Colombia, ni para minar la legítima labor del Sistema Interamericano y de las organizaciones de derechos humanos.

*Director del Centro de Estudio DeJuSticia (www.dejusticia.org) y profesor de la Universidad Nacional.