Sufrimiento: ¿hasta cuándo?

Tomemos, para no ir más lejos, el problema del abandono de los campos en Colombia y la destrucción de la cultura campesina en pos de acuñar el sueño de la efímera “industrialización”, hoy presentado en la forma de grandes proyectos agroindustriales. Recordemos que la demanda por derechos humanos surge precisamente ante el sufrimiento colectivo de clases campesinas asoladas por intereses terratenientes hace varios siglos. La historia se repite. El deseo de existir por medio del trabajo propio en condiciones de igualdad y dignidad se estrella con el interés de acumular riquezas mediante la extensión de la propiedad inmueble. Un autor clásico en el tema es Thomas Hobbes. Para el filósofo inglés, todos somos tan iguales y tenemos tanto miedo a una muerte violenta, que tendemos a someter y despojar a otros por la fuerza, creando una situación de violencia generalizada que clausura la prosperidad general. La única salida de este estado de naturaleza sería la suscripción de un pacto social entre los actores en pugna cuyo incumplimiento sea gravemente castigado.

En tiempos de la posmodernidad y la cultura mediática global se trivializan las demandas por redistribución de la tierra en Colombia. En el maremágnum de emociones cruzadas, de indignación y desconcierto, la Ley de Víctimas se estrella de frente contra la degradación de las condiciones de vida rurales, donde proliferan narcos, bandas criminales, guerrillas fanatizadas, militares desmoralizados cuyos superiores buscan blindar penalmente a sus tropas para la batalla final. Desde la arrogancia del poder “capitalino” se desoyen las voces autorizadas de monseñor Darío Monsalve, arzobispo de Cali, o de Piedad Córdoba, que nos advierten sobre lo lejos que estamos de poder superar el sufrimiento que nos indigna y condena. Unos y otros, Gobierno y Farc, pretenden resolver el problema social colombiano por vía de la bota militar. Para ello instrumentalizan a los secuestrados, quienes se tornan en trofeos de caza de los bandos en contienda. No dejarán de saltarme al cuello quienes consideren inaceptable la anterior equiparación. A ellos adelanto que la legitimidad de las instituciones no se gana predicando sino actuando. La impunidad penal, la corrupción oficial, la venalidad del sistema electoral, la violación de derechos humanos por agentes del Estado, no son propiamente pruebas de la aceptabilidad política y moral de las instituciones existentes.

El pueblo colombiano parece estar condenado a otros cien años de sufrimiento, al negarse a entender que este vasto fenómeno no obedece a pocos desadaptados sino a una falla estructural del proceso educativo y de socialización que impide alcanzar un pacto social para construir una sociedad menos insensible y más igualitaria. Mientras las élites no parecen estar preparadas para una redistribución material, la sociedad exige una redistribución intelectual mediante la extensión y mejora de la calidad de la educación pública como factor de integración social.