Se desboca (de nuevo) la bestia

Ya están notificados el gobierno y la sociedad: su poder de fuego, sus grandes recursos económicos, su comprobada capacidad de intimidación (resultado de más de veinte años de masacres y crímenes selectivos) les da la fuerza suficiente para paralizar ciudades grandes, medianas y pequeñas. Y centuplicar el terror.

Decía el Ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, en una entrevista radial, que esos grupos de delincuentes “no defienden a nadie, ni están tratando de enfrentar amenazas de distinto tipo que afecten a la ciudadanía”; mejor dicho, no tienen ningún propósito contrainsurgente. Pero el ministro se equivoca por partida doble.

Con su acción, esas milicias de muerte han creado un hecho político innegable, mediante la táctica de la presión armada, calco de los métodos de la guerrilla: buscan advertirle al gobierno que la eliminación de los cabecillas tendrá consecuencias, que están en capacidad de plantearle un pulso de verdad a la administración central y que tienen una influencia real en amplias zonas del país donde mandan. En otras palabras: son un factor de poder.

También se equivoca el ministro Pinzón al afirmar que esos escuadrones de pistoleros no tienen “relación alguna con fuerzas del Estado”, porque es todo lo contario, como es ya tradición: hay agentes del Estado cómplices de esas bandas; Human Rights Watch, en su informe de 2010 sobre “los herederos” de los paramilitares, publicó testimonios de fiscales especializados en perseguir a esas bandas (en Urabá) en los que señalan que “ hay relaciones (entre los criminales) y la fuerza pública, fiscales, policía y DAS. Se mueven (los delincuentes) como pez en el agua”.

Con la intrépida acción de los neoparamilitares en estos primeros días de enero, queda más claro que nunca que la desmovilización de las AUC, durante el gobierno de Uribe, fue una calculada operación de impunidad, cuando no una pantomima, porque, como se ha dicho miles de veces, no se desmantelaron, al mismo tiempo, sus estructuras militares, sus redes criminales y sus fuentes de financiación. Esta nueva cepa de escuadrones de asesinos, más atomizada, sin un mando central, sin “ideólogos “a la vista, aún más sanguinaria que la anterior y dispuesta a todo, empieza a salirse de madre, ante la impotencia de un Estado que no puede o no quiere cortar de raíz esa espesa red de complicidades tejida a lo largo de tantos años .

Una vez más, le sale el cobre a la tal seguridad democrática: un colosal fuego fatuo, que sigue mostrando la mentira de fondo, es decir, que nos devolvió la tranquilidad y nos puso en el camino del “posconflicto”.

Con la cara dura que lo caracteriza, el expresidente Uribe receta, en uno de sus trinos de antología, lo siguiente: "se necesitan operaciones contundentes contra bandas criminales, por ejemplo bombardeos, sin la excusa de que no son parte del conflicto". ¿Bombardeos? ¿Conflicto? ¿De qué habla? ¿No se pasó ocho años negando el conflicto armado y, de paso, buscando impunidad para gran parte de sus aliados políticos quienes, con la complicidad o ayuda de los paramilitares, lo llevaron dos veces a la presidencia?

Qué difícil pensar en un proceso de paz de largo alcance, en el desarrollo efectivo de una ley como la de víctimas, en una profundización de la democracia, cuando se dan hechos como el paro armado de los “urabeños”. Aquí no hay medias tintas: si el gobierno no depura sus instituciones a fondo (empezando por la militar), si no somete de verdad a la justicia a esos delincuentes, y no fortalece el estado en las zonas de influencia de las “bacrim”, no hay nada qué hacer: el presidente Santos repetirá la misma historia de nuestro fracaso secular.

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@sergiootalora