Prueba de fuerza

El narcotráfico, el contrabando y el sicarismo siguen siendo sus fuentes logísticas, pero es posible que, hoy por hoy, la extorsión sea la más jugosa de sus actividades. Se sabía que en Bello, todo negocio, grande o pequeño, paga vacuna o cuota de seguridad a uno o a otro combo. En Ciénaga, Magdalena, sucede lo mismo. En Istmina, en Montelíbano, en Tumaco, ibídem. Se ha creado una gran red de extorsión que, no dudo en pensar, es nacional o está a punto de serlo. Se ha ido creando a la sombra de la desmovilización del paramilitarismo. Las Auc cobraban rigurosamente aportes o colaboraciones o cuotas para sostener sus organizaciones. Al principio, ganaderos, comerciantes, transportadores los pagaban con gusto, porque a cambio recibían protección para sus negocios, lo que implicaba sacar la guerrilla —que también extorsionaba, y extorsiona— a punta de masacres o de asesinatos ejemplarizantes, imponer salarios bajos y liquidar protestas laborales. Y claro, hacer limpiezas sociales. Los paras tenían bases de datos de toda la gente pudiente. Con el tiempo, los colaboradores se fueron cansando o quebrando. Coincide este momento con la desmovilización: es más barato, dijeron, pagar los impuestos que las cuotas. Pero ya era tarde. Los combos desmovilizados, cada uno por su lado, continuaron cobrando aportes, respaldados por las muchas armas que nunca entregaron y por la fama que cada paraco tenía en la zona. Ya no necesitaban uniformes, ni brazaletes ni armas largas. Más aún, en muchas partes, los colaboradores tenían —y tienen— que pagar a varios combos al tiempo, porque no hay unidad de mando. En cada región mandan al tiempo Urabeños, Paisas, Rastrojos, y todos reciben. La gran diferencia con el tiempo de las Auc es que ahora se popularizó la extorsión. En Ciénaga, por ejemplo, paga cuota desde el que vende minutos hasta las grandes empresas bananeras o mineras. Pero sucede en todo el departamento de Magdalena. Y en toda La Guajira. Lo conozco y lo vi en el sur de Córdoba y presumo que hacia el norte, igual. En Urabá y en las zonas mineras del Pacífico la situación es la misma. La extorsión domina y por esta vía controlan la población. ¿De qué vivían Cuchillo y Caracho en Meta y Vichada? A medida que el narcotráfico se concentra y monopoliza en carteles medianos y grandes, la extorsión se democratiza, se amplía —digamos— la base tributaria paralela. Con seguridad, en muchas zonas rurales se paga más en extorsión que en impuesto predial.

La organización que se requiere para la extorsión es, por supuesto, militar: los combos andan armados y asesinan colaboradores o aportantes que se atrasan en sus obligaciones o que se niegan a adquirirlas. Pero voy más allá: ¿Cómo es posible que siendo un fenómeno tan generalizado, tan gravoso para los extorsionados, las autoridades no se den cuenta? ¿O se dan cuenta y cobran su parte? No digo todas; tampoco que sea un comportamiento institucional, pero la dimensión del negocio impone esta explicación. Alejandro Arias, un juicioso periodista samario, escribe: A la policía nadie le cree porque “se ha dedicado a jugar a la política y ha mentido en los aspectos relevantes de la seguridad ciudadana. No hay muerto que no esté justificado en sus comunicados de prensa: lo mataron porque era abogado, era periodista, era mendigo, era desmovilizado, era cualquier cosa por la que se justifica lo hayan asesinado; sí, y por cuenta de ello la sociedad debería estar tranquila”. Hay que mirar con cuidado.

La muerte de Giovanni —Juan de Dios Úsuga— dio pie a una demostración de fuerza que tiene un mensaje: Déjennos trabajar. ¿Cómo podrían los Urabeños y asociados paralizar seis departamentos si no tuvieran una gran red de negocios respaldada por un eficaz poder armado?