Por: Paloma Valencia Laserna

Estado; proveedor de los ladrones de identidad

Por estos días, casi todos tenemos dos vidas; la de siempre y la del ciberespacio. Es un mundo nuevo donde nos movemos fácilmente pero no conocemos los riesgos circundantes. Y llega a tanto el desconocimiento del medio virtual que el Estado colombiano es el mayor violador de las leyes que protegen la información personal de los ciudadanos.

Uno de los problemas más graves que enfrentan las sociedades virtuales es el robo de identidad. Es el delito con mayor crecimiento en el mundo y consiste en que un delincuente se apropia de datos personales de alguien más y con ellos puede hacer suplantaciones y estafas.

Daniel Torres Falkonert de Enfocus Security, me mostró los resultados de una búsqueda –que él califica como no muy sofisticada- sobre información personal en la red, donde encontró que sólo el Estado colombiano tiene colgadas miles de hojas de vidas, y él pudo descargar sin dificultad más de 1.500 ciudadanos. Los documentos en .pdf o escaneados tienen nombre, dirección, teléfono, foto, historia laboral, y a veces, copia de la cédula, los diplomas de grado y la firma autógrafa; son pues un manjar para los delincuentes. Las hojas de vida corresponden a trabajadores del Estado o personas que se han presentado a convocatorias, y en general se cuelgan en la red para darle transparencia a los procesos de contratación. Esto es abiertamente ilegal; la ley 1266 de 2008 que reglamenta el habeas data y las bases de datos con información personal establece que quien la tiene debe garantizar la protección de los datos. El artículo 4 que recoge los principios, lo dice claramente: “los datos personales, salvo la información pública, no podrán ser accesibles por Internet o por otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable”.

Sin embargo el Ministerio de Defensa y la Comisión del Servicio Civil son los más descuidados de todos, y junto a ello otras entidades estatales son los mayores expendios de hojas de vida con todos los datos de los ciudadanos. Es fácil encontrarlos, mirarlos, incluso bajarlos al computador.

Otro mecanismo para obtener la información de las personas son los portales donde se comprueba la identidad del usuario con preguntas. Se trata de páginas abiertas a todo el mundo, con el sistema de selección múltiple –con cuatro o cinco respuestas. Visto desde el punto de vista de los delincuentes es, también, una manera fácil de extraer los datos personales; cada respuesta tiene entre un 20% y 25% de ser correcta y con un poco de paciencia no será difícil determinar cuál es la verdadera. Este sistema, muy conocido por Datacrédito, tampoco es ajeno el Estado; la DIAN y el DAS lo utilizan para ciertos trámites, dejando a los ciudadanos sin garantías para su debida protección.

Es preocupante que el Estado establezca leyes para ser el primero en violarlas. Éstas no son fallas de mala fe, pero demuestran que el Estado no está preparado en la materia. El documento Conpes sobre ciberseguridad, según varios expertos, es ingenuo y no traza una estrategia para el Estado; se limita a consagrar lo que para quienes están en el medio son cosas obvias. Hay instituciones como la Policía y el Ejército que han empezado a resguardar la información que poseen y a blindar sus redes ante los ataques de hackers, pero la mayoría del Estado tiene la estructura crítica abierta. Un ataque sería capaz de causar muchos tropiezos; podría apagar la luz, tergiversar resultados electorales… en fin, es una materia delicada.
Los Estados desarrollados ya son expertos, por ejemplo el virus Stuxnet que atacó a Irán para intentar frenar su programa nuclear, es tan poderoso y sofisticado que se especula que fue creado por Israel y EE.UU, pues un hacker solitario no habría podido hacerlo. La seguridad de los países tiene que ocuparse de ambos territorios. Colombia no puede descuidar el ciberespacio, pues ahí también habitan los ciudadanos y reposa la información fundamental para el correcto curso del Estado y la nación.

 

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