Por: Arlene B. Tickner

Guantánamo: de la excepción a la norma

A diez años de su apertura, el centro de detención de Guantánamo (Gitmo) se ha convertido en un símbolo grotesco de los excesos cometidos por Estados Unidos en nombre de la guerra contra el terrorismo.

De los 779 individuos que han pasado por el “gulag americano”, 600 han sido liberados, no sin antes estar años detenidos sin causa alguna. Como es el caso del egipcio Adel al Gazzar, quien después de ser vendido por una jugosa recompensa —como la inmensa mayoría de los otros “sospechosos”— desde un hospital donde estaba internado en Pakistán, pasó una década en detención, y ahora enfrenta cargos falsos similares en Egipto. De los 171 que quedan (ocho murieron), solamente cuatro han sido sentenciados, mientras que otros 89 “exonerados” esperan ser traslados a sus países natales o a un tercero, tarea difícil ante su estigmatización como “terroristas”.

El presidente Barack Obama no sólo incumplió su promesa de poner fin a lo que alguna vez llamó la falsa opción entre luchar contra el terrorismo o respetar el hábeas corpus, sino que la convirtió en ley al aprobar recientemente el Acta de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) de 2012, que otorga a los militares el poder de detener (e interrogar) indefinidamente a cualquier sospechoso de tener vínculos con Al Qaeda u otros grupos terroristas. Si bien los estadounidenses no podrán ser detenidos dentro del territorio nacional sin el derecho a juicio, por fuera del país serán sometidos a las mismas reglas que los extranjeros.

Es decir, Guantánamo es tan sólo uno de los hechos “impensables” que se fueron normalizando después del 11-S. Lo que se concibió originalmente como un enclave limitado “sin ley”, para negarles a los sospechosos de terrorismo el debido proceso y así permitir su interrogación/tortura inmediata, sin las ataduras constitucionales que generalmente aplican, se ha ido esparciendo al resto del sistema político y judicial de los EE.UU.

Por más que el discurso oficial haya cambiado, la idea de que la “amenaza terrorista” justifica la restricción de los derechos y libertades civiles se ha convertido en el pan (imperceptible) de cada día. Las requisas de cuerpo entero se han vuelto cotidianas y “naturales” en los aeropuertos y otros espacios públicos; la Ley Patriota, prorrogada hasta 2015, permite el monitoreo sin orden judicial de comunicaciones telefónicas y electrónicas, y archivos personales; la vigilancia aérea con drones “espía” se populariza; crecen los intentos por regular y filtrar la información que circula por internet, como ilustra la ley SOPA (Stop Online Piracy Act), criticada por violar la libertad de expresión, y los ciudadanos estadounidenses pueden ser arrestados, encarcelados, torturados y hasta asesinados selectivamente —como ocurrió en septiembre de 2011 en el caso del clérigo, líder de Al Qaeda, Anwar al Awlaki, en Yemen— legalmente.

La política de seguridad de Estados Unidos —de la cual Gitmo es un simple reflejo— pone de manifiesto la erosión de algunos de los valores fundacionales de esa nación, tales como la justicia, la libertad y los derechos humanos, y su gradual reemplazo con algo más parecido a un “Estado policial”. Guantánamo parece ser la excepción que se ha vuelto la norma.

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