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Opinión |25 Ene 2012 - 11:00 pm
Un compromiso pendiente
Por: Elisabeth Ungar Bleier
En septiembre de 2011, Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, el Reino Unido y los Estados Unidos suscribieron un acuerdo conocido como Sociedad de Gobierno Abierto (Open Government Partnership —OGP—, por su nombre en inglés), al que adhirieron 46 naciones más, entre ellas Colombia (ver http://www.opengovpartnership.org/open-government-declaration).
La declaración constitutiva reconoce la creciente demanda de los ciudadanos de medidas que garanticen mayor apertura por parte de los gobiernos, más participación de la sociedad civil en los asuntos públicos, transparencia, efectividad y rendición de cuentas, todo lo cual implica contar con más y mejor información. Los gobiernos firmantes de esta iniciativa se comprometieron a fortalecer sus esfuerzos para ser más transparentes, luchar contra la corrupción, empoderar a los ciudadanos y aprovechar las nuevas tecnologías para lograr estos propósitos. Para hacerlo, asumieron el compromiso de recolectar, sistematizar, guardar, publicar y entregar oportunamente información completa, comprensible, de fácil localización y actualizada sobre la gestión gubernamental, en formatos asequibles al público, y adoptar los correctivos necesarios para subsanar obstáculos en la consecución o entrega de la misma. Así mismo, abrir canales de comunicación con la ciudadanía para conocer de primera mano sus necesidades de información, con el fin de trabajar conjuntamente para responder a sus requerimientos y propuestas, y alcanzar gobiernos y sociedades más abiertas y transparentes.
Uno de los aspectos más relevantes de esta alianza es el papel protagónico y activo que se le confiere a la sociedad civil, como beneficiaria por excelencia de la información pública, y a la participación ciudadana, sin discriminaciones de ninguna naturaleza, en la formulación de políticas públicas y en los procesos de toma de decisiones.
No es casual que entre los países latinoamericanos firmantes del acuerdo se encuentren México, Brasil y Chile, los cuales han avanzado significativamente en el reconocimiento del derecho de acceso a la información. Los tres cuentan con leyes que regulan la materia y con órganos autónomos para vigilar su cumplimiento. Además, ya han logrado importantes avances en los procesos de consultas a la sociedad civil sobre los temas mencionados, como un paso requerido para la definición de los planes de acción para alcanzar los principios acordados.
Infortunadamente, éste no es el caso de muchos otros países, entre ellos Colombia, donde no hay suficiente información sobre los alcances y el contenido del OGP, ni se ha efectuado el proceso consultivo acordado. Esto llama la atención teniendo en cuenta que en abril se reunirán en Brasil los países firmantes, con el propósito de evaluar lo realizado hasta el momento.
Para superar estos obstáculos es fundamental definir y poner en marcha mecanismos de comunicación y un diálogo constructivo entre el Gobierno y organizaciones de la sociedad civil, que permitan efectivamente ejercer el derecho de acceso a la información pública, una mayor participación ciudadana y un gobierno más abierto, eficaz y eficiente. Es decir, cumplir con los principios del OGP.
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