Por: Humberto de la Calle

Plazas Vega: cancelar el insulto

Preocupa que ante el reciente fallo condenatorio del Tribunal, las reacciones hayan ido más al insulto que al raciocinio.

Para que quede claro: en la toma del Palacio estoy del lado de la fuerza pública. Y hoy también lo estoy, lo que no impide condenar sus errores. Pero sucede que esa no es la materia del fallo. Por una dislocación de la discusión, ha brotado toda la polarización alrededor del conflicto, pero se ha dejado de lado la cuestión esencial: es un hecho que hubo desaparecimiento forzado después de la retoma del Palacio de Justicia.

No sólo el Tribunal constató la desaparición. Lo aseveró el propio procurador general en la FM, funcionario cuya inspiración no la dicta propiamente la guerrilla. Él afirma que Plazas es inocente, pero acepta que hubo desaparecidos. No es el único testimonio: por allá en la época de los sucesos, ante un juez de instrucción, nadie menos que Belisario Betancur dijo lo siguiente: “PREGUNTADO: ¿Concluidos los hechos y en ejercicio de la Presidencia tuvo conocimiento de la desaparición de los empleados de la cafetería? CONTESTÓ: No solamente de los empleados de la cafetería sino que tuve conocimiento de que había numerosos desaparecidos (…) a través del Ministro de Justicia dispuse la iniciación de todas las investigaciones que fueran necesarias…”. Y en otra declaración posterior agregó que “se me informó (por parte del ministro de Defensa) que era posible que algunos de los asaltantes hubieran salido con vida”.

Una discusión menos apasionada debería, pues, incluir lo siguiente: el fallo de la justicia no es sobre la retoma. Por desmesurado que parezca ahora el indulto al M-19, habría que mirar si la alternativa del extermino total de este grupo era deseable y a qué costo. La desmesura proviene del desequilibrio entre militares presos y exguerrilleros gobernando. Es un hecho evidente. Pero los propios militares se negaron, hasta hace muy poco, a que se consideraran medidas jurídicas en su favor. En el fragor de esta disputa, las víctimas han sido casi que olvidadas. Por estos dos elementos, aun quienes creemos que se debía conceder el indulto a los miembros del M-19 que no participaron en la toma, debemos reconocer que la solución fue incompleta y que es necesario acudir de nuevo a buscar fórmulas imaginativas. Pero, por fin, ante la evidencia de los desaparecimientos, dejando de lado el dudoso llamado a la Corte Penal Internacional, no es ilegítimo, ni antipatriótico pedir que a un ejército en una democracia, aún si puede emprender operaciones que implican fallecimiento de civiles, le esté vedado que personas rescatadas, aun guerrilleros salvajes, sean objeto de desaparecimiento forzoso. ¿Es mucho pedir? ¿Es esto una afrenta inaceptable? Muchos colombianos hoy se sienten protegidos por la fuerza pública. En esto no debe haber excepciones.

Algo crucial: si 2 o 3 años después hubiera aflorado esta discusión, más allá de la situación personal de Plazas todavía cobijado por la presunción de inocencia, ¿se hubiesen presentado después los falsos positivos? ¿Tenemos garantía de no repetición?

A toda costa debe combatirse la simple emoción y el insulto a los jueces. Afrontemos como comunidad problemas serios que a todos nos conciernen. Serenidad y raciocinio por favor.

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