La distancia entre los dos...

El presidente Santos ha dicho que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, de la mano de una reforma agraria en la cual jugarán un papel clave los predios expropiados a los narcos, será la razón de ser de su gobierno en una perspectiva histórica. Una propuesta que está en las antípodas de la visión de Álvaro Uribe sobre la realidad rural del país.

El expresidente, con su ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias a la cabeza, veía detrás de cada campesino a un guerrillero camuflado que llevó incluso al comienzo de su gobierno a la judicialización de cientos de ellos a partir de listas construidas con base a testimonios —sin cotejar— de informantes. Santos, por el contrario, reconoce que los campesinos son una población vulnerada, la más golpeada del conflicto, frente a la cual el Estado tiene una deuda por saldar. Éstos, para el gobierno Santos, junto a los empresarios, y ojalá trabajando de una manera mancomunada, son un ingrediente fundamental para el desarrollo agrícola del país.

El gobierno Uribe satanizaba a las ONG, sobre todo a aquellas dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Tanto él como su coro de aduladores veían en estas organizaciones sociales enemigos agazapados. Santos las convoca a la Casa de Nariño y les reconoce su papel en la ejecución de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que entiende como un compromiso de la sociedad en su conjunto.

León Valencia, director de la Fundación Arco Iris, ha sido para Álvaro Uribe más que un contradictor político, un enemigo que ha intentado silenciar en los estrados judiciales, mientras el ministro del Interior, Germán Vargas, lo contrata para realizar el mapa de riesgo electoral en las elecciones parlamentarias pasadas. Arco Iris, junto a otras fundaciones de Urabá, —Tierra y Vida y Forjando Futuro—, igualmente señaladas como infiltradas por la subversión en el gobierno anterior, fueron las grandes aliadas para la organización de la marcha campesina de Necoclí.

En Urabá, y de la mano del exgeneral Rito Alejo del Río, hoy detenido por presuntos vínculos con el paramilitarismo, Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia impulsó las Convivir como base de la estrategia que luego se conocería como la seguridad democrática. Durante los ocho años de su gobierno, Urabá fue considerada zona de riesgo a donde Uribe viajaba a presidir consejos de seguridad y diseñar planes de guerra. Santos lo convirtió el sábado en un escenario de reconciliación y de esperanza para miles de campesinos que han sido despojados de sus tierras.

Aislado de las decisiones de gobierno y con el Twitter como un permanente micrófono incorporado, el expresidente sólo atinó a trinar desde Fresno, California: “riesgo de odio a los empresarios del campo”, en un tono incitador de viejos miedos, esos sí potenciales generadores de violencia. Con una rabia enconada con la que sólo conseguirá profundizar un abismo que se torna irreconciliable entre los otrora aliados políticos.