La plutocracia despeinada

A mediados del año pasado, el novelista Óscar Collazos dedicó su columna en El Tiempo a un empresario colombiano cuya vida privada (sus rutinas, pero sobre todo sus propiedades) había sido retratada en un video que se volvió inmediatamente célebre. En él, una periodista española visitaba la casa del empresario en Cartagena, se subía a su ascensor y a su carro y a su avión, hacía algunas preguntas y recibía las respuestas. Y eso era todo. Pero el retrato que se desprendía del video, a pesar de documentar sin ambigüedades la riqueza del empresario, se prestó a comentarios que no fueron de admiración: dos de ellos, los de María Jimena Duzán y Daniel Samper Ospina, fueron particularmente críticos o sarcásticos con la exhibición (es el verbo correcto) que el empresario hace en aquellas escenas. Pero es la columna de Óscar Collazos la que ha llevado al hombre —en un ataque de colombianidad— a demandarlo penalmente por injuria y calumnia. Digo colombianidad, en efecto, porque nuestro país sigue siendo un país de leguleyos donde los debates han sido reemplazados por los juzgados.

Pues bien, yo acabo de releer la columna de Collazos y no logro entender por qué le pareció al abogado que hay el más mínimo mérito para la demanda. Léanla ustedes también y comprueben esta situación extraña: el empresario ha demandado por injuria y calumnia a un columnista que en toda su columna apenas si se refiere directamente a él. El cargo de calumnia es simplemente absurdo, pues en ningún momento se le atribuyen al empresario hechos ni palabras distintos de los que aparecen en el video: más bien se le atribuyen sólo las cosas que el video enseña. Aceptemos, por otra parte, que los adjetivos son la herramienta de quien injuria: no se puede injuriar a alguien, creo yo, sin calificarlo. Y resulta que en la columna Collazos le dedica al empresario sólo tres adjetivos: riquísimo, hortera e intrascendente. Que es riquísimo es algo que salta a la vista; que es intrascendente es algo que no podría repudiar un juez, pues la trascendencia no se puede demostrar en un juzgado. Mi diccionario define “hortera” como “de mal gusto”; si el juez ha admitido la demanda con base en este adjetivo, muy pronto se verá en la situación inverosímil y ridícula de tener que llamar peritos para calificar el gusto del empresario. ¿Quién vendría para hablar de eso? ¿Hay expertos conocidos o se tendría que poner un aviso en la prensa?

La mentira y el insulto no deberían, no deben, tener lugar en la prensa; manifestar una opinión negativa acerca de alguien es, por el contrario, una prerrogativa a la que no hay que renunciar. Eso es lo que ha hecho Collazos, y además lo ha hecho con elegancia: pocos columnistas comienzan una crítica con las palabras “sin ánimo de ofender”. Y lo que interesa a Collazos —y esto lo ve cualquiera que sepa leer— no es ni siquiera la persona del empresario, sino algo mucho más profundo: una exploración de cierta plutocracia colombiana. Esa plutocracia tan vulnerable que desenvaina no ya la espada, sino el abogado, apenas le dicen que está despeinada.