¿Para qué sirven los condenados?

La sentencia que se le impuso (según aparece en Vigilar y castigar, de Michel Foucault) decía lo siguiente: el reo “debe ser llevado y conducido en una carreta, desnudo, en camisa y con un hacha de cera encendida, a la plaza de Grève, y sobre un cadalso, deben serle atenaceadas las tetillas, brazos, muslos y pantorrillas y su mano derecha quemada con fuego de azufre y sobre las partes atenaceadas se le verterá plomo derretido, aceite hirviendo, pez resina ardiente, cera y azufre fundidos juntamente y a continuación, su cuerpo será estirado y desmembrado por cuatro caballos y sus miembros y tronco consumidos en el fuego, reducidos a cenizas y sus cenizas arrojadas al viento”.

Esta forma espantosa de matar a los delincuentes tenía, por supuesto, el propósito de castigar; pero más importante que eso, cumplía con la función de identificar a los enemigos de la sociedad y de teatralizar la victoria del bien contra el mal; un mal encarnado en esos enemigos delincuentes. Así se llevaba a cabo una especie de ceremonia de sanación colectiva que le daba cohesión al cuerpo social.

Esta manera de castigar fue abolida en el siglo XVIII con la llamada humanización del derecho penal. Se dejó entonces de castigar el cuerpo y se empezó a castigar la libertad (el alma) encerrando a los delincuentes en las prisiones. Se supone entonces que la ceremonia del castigo se acabó y que las cárceles se convirtieron en sitios de resocialización de los delincuentes.

Pero nada de eso ocurre hoy: el espectáculo del castigo no ha terminado (ni qué decir de la función resocializadora de la cárcel); sólo han cambiado la forma y los actores que participan en ese espectáculo. La plaza pública se ha trasladado a la prensa y a los noticieros de televisión, los reyes han sido reemplazados por los jueces mediáticos y el cuerpo del condenado por la exhibición pública de su vida privada.

En la lucha contra al crimen sigue habiendo una ambigüedad inevitable: la sociedad rechaza a los criminales (sin duda), pero también necesita de ellos para definir, a través de ese rechazo, sus fronteras morales y, por esa vía, fortalecer su identidad colectiva. La sociedad odia a los delincuentes, pero necesita de ellos.

En ningún delito es tan evidente esa ambigüedad como en el narcotráfico. El fracaso de la lucha contra las drogas es tan evidente que plantea serias dudas sobre la intención de los gobernantes de acabar con ese delito. Más bien pareciera que quieren reproducirlo; alimentar al enemigo en lugar de matarlo.

Escribo todo esto después de leer la noticia sobre la publicación, esta semana, del informe sobre drogas ilícitas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Allí se concluye que el 95% de la cocaína que ingresa a ese país proviene de Colombia y que, a pesar de todos los esfuerzos hechos, dicen ellos, “no se puede cantar victoria”. Sin eufemismos, eso significa que los mismos promotores de la lucha contra el narcotráfico reconocen que su política es un fracaso.

Nada de esto sería un escándalo si no fuera porque, además de no servir para acabar con el narcotráfico, la rentabilidad simbólica de la lucha contra las drogas (la cohesión del cuerpo social) es cada vez menor. El espectáculo de la guerra contra los ‘narcos’, en un país como Colombia, no sólo reproduce esa guerra, sino que, como si eso fuera poco, destruye los lazos sociales y confunde moralmente a mucha gente; que es justo lo contrario de lo que Nixon y los conservadores de los años 60, en los Estados Unidos, buscaban cuando decidieron satanizar a los consumidores de marihuana.