Opinión |4 Abr 2012 - 11:00 pm
La información pública es de todos
Por: Elisabeth Ungar Bleier
El pasado 8 de marzo se aprobó por unanimidad en la Comisión Primera del Senado la ponencia para primer debate del proyecto de ley de Transparencia y Acceso a la Información.
Este proyecto, cuyo texto original fue elaborado por organizaciones que conforman la alianza Más Información Más Derechos, fue acogido por un grupo de senadores, quienes le introdujeron algunos cambios y adiciones, y más recientemente recibió el respaldo del Gobierno Nacional. De convertirse en ley, Colombia habrá dado un paso muy importante, como lo han hecho numerosos países en el mundo y en particular en América Latina, en el proceso de garantizarles a los ciudadanos el derecho de acceder a la información pública, y por esta vía ejercer otros derechos.
En un reciente foro, realizado en Bogotá por Transparencia por Colombia, sobre el papel de los medios en la lucha contra la corrupción, todos los panelistas coincidieron en señalar que acceder oportunamente a la información pública de calidad es esencial para el periodismo de investigación. Por ejemplo, uno de ellos afirmó que si bien éste es un período interesante en términos tecnológicos y de digitalización de la información, y esa misma evolución se da en el periodismo, ésto no necesariamente se ha traducido en mayor acceso a la información. “De las 25 bases de datos que yo considero fundamentales para el periodismo de investigación, podemos acceder a no más de cinco”, aseveró. Y otra de las panelistas no dudó en decir que “el mayor enemigo de la libertad de prensa en Colombia es el difícil acceso a la información pública (…). Cuando usted tiene información clave para investigar, por ejemplo, a un alcalde, un gobernador, revisar contratos, ejecuciones, y cuando quiere buscar más allá y le ponen un ‘pare’, la libertad de prensa se coarta, se generan frustraciones. Estamos perjudicando a la sociedad, porque no se informa y no se toman buenas decisiones”.
La información pública es, como su nombre lo indica, un bien público, y por lo tanto las limitaciones para acceder a ella deben estar taxativamente señaladas. Por ejemplo, cuando su publicidad genera comprobados riesgos a la seguridad nacional o a violaciones a la privacidad de las personas. El acceso a la información es una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción y por la transparencia, y, por ende, una condición para el buen gobierno. La opacidad no sólo constituye un escenario propicio para la acción de los corruptos, sino que puede convertirse en un obstáculo para el diseño e implementación de políticas y la prestación de servicios públicos.
La política de restitución de tierras que está impulsando el Gobierno es un triste ejemplo de esto último. Como lo afirmó el exdirector del Incoder en reciente entrevista a Cecilia Orozco** , “(…) además de que continúa existiendo una gran pluralidad de fuentes, no se han podido establecer mecanismos de depuración y de sistematización de las cifras”.
Nota: El Espectador, 125 años defendiendo la libertad de expresión.
* Directora ejecutiva de Transparencia por Colombia. ** http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/entrevista-de-cecilia-orozco/articulo-335706-hay-afan-de-protagonismo
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