Fiscalía y reforma a la justicia

Ha dicho que los congresistas deben ser investigados por la Fiscalía General de la Nación, dejando a la Corte la fase del juzgamiento. Sólo mediante esta clara separación de funciones se garantiza plenamente la imparcialidad de los magistrados, quienes al momento de dictar sentencia se pronunciarán sobre la validez, coherencia y grado de persuasión de las labores de investigación adelantadas por funcionarios que no hacen parte de esa corporación. No hay nada que limite más la objetividad de un juicio de valor que tener que emitirlo sobre un trabajo propio.

Por otra parte, estuvo de acuerdo en que una nueva sala de la Corte Suprema se encargará de tramitar las apelaciones contra resoluciones adoptadas por otra sala de la misma corporación. Esa figura es sólo un remedo de respeto al principio de la doble instancia, que por su propia naturaleza supone que sea un superior jerárquico del que profiere la decisión quien tenga la potestad de revisarla; sólo desde esa perspectiva vertical puede imponer su criterio sobre el del inferior. Si los juzgadores de primer y segundo grado ocupan un mismo nivel al interior de la Corte, no hay una verdadera apelación independiente; y si una de ellas tiene más rango que la otra, entonces habrá surgido una nueva ‘supercorte’.

Sigo siendo partidario de que sean los tribunales superiores los encargados de juzgar a los legisladores investigados por la Fiscalía, dejando la eventual revisión de sus decisiones a la Sala Penal de la Corte Suprema. Soy consciente de que algunos parlamentarios, con un malentendido concepto del principio de igualdad, exigen ser procesados por sus pares y sólo reconocen como tales a quienes componen la Corte Suprema. Lo que parecen no entender es que no es factible que se les conceda una segunda instancia real, a cargo de un juez de mayor nivel jerárquico, si no se deja la primera en manos de un funcionario de inferior categoría.

También llamó la atención el fiscal Montealegre sobre la necesidad de que el presidente de la República sólo pueda ser penalmente procesado después de que el Congreso lo juzgue políticamente. En realidad esa es la verdadera naturaleza de la Comisión de Acusaciones, aunque se la suela confundir con un juez penal. No comparto en cambio su idea de extender ese procedimiento a los magistrados de las altas cortes. El filtro del Parlamento tiene sentido frente al presidente para evitar que el hecho político-democrático de su elección pueda ser fácilmente desconocido por una decisión judicial. Pero ese peligro no existe respecto de los integrantes de la Rama Judicial, cuyos cargos no son de representación popular, lo cual hace desaconsejable que sean sometidos a un juicio político previo por el Parlamento.

Desde el punto de vista del diseño de nuestra política criminal, resulta reconfortante que la Fiscalía tenga una participación activa en la discusión de los muchos proyectos de ley que afectan la legislación penal colombiana.