Cubrir la guerra

Su secuestro —no parece otra cosa— cuando preparaba un reportaje sobre una operación antinarcóticos en una zona de influencia de las Farc, es un atentado contra la libertad de prensa que evidencia las dificultades y amenazas que enfrenta el ejercicio del oficio en un país convulsionado y complejo como el nuestro, y que pone de nuevo sobre el tapete el debate sobre periodismo y conflicto armado.

¿Debe un periodista acompañar al Ejército usando un chaleco y un casco que podían asimilarlo con la tropa? No tenía más alternativa, porque es una exigencia de seguridad para acompañar operaciones militares. ¿Se expuso innecesariamente Langlois al viajar con una unidad antinarcóticos? ¿Podía haberlo hecho por su cuenta sin correr los mismos o aun mayores riesgos? Por regla general, los periodistas tienen dos posibilidades para llegar a las zonas rojas: o hacerlo con las autoridades militares o de Policía, o con ayuda de la guerrilla. ¿Compromete eso la independencia periodística? Ni lo uno ni lo otro comprometen necesariamente y per se la independencia, aunque ejemplos hay y aunque difícilmente los periodistas que cubren la guerra escapan a señalamientos como los de ser idiotas útiles de la guerrilla o esquiroles del gobierno, según el caso. Langlois, un curtido corresponsal a quien sus colegas califican como crítico e independiente, ya fue descalificado por Anncol —agencia que hace de caja de resonancia de las Farc—, diciendo que tiene “asientos VIP en los aviones y aparatos de guerra de las FF.MM.”.

El caso de Langlois plantea dos situaciones poco analizadas. La primera, que no hay protocolos claros para los periodistas que cubren el conflicto, ni existen prendas especiales que los identifiquen como personas protegidas, como sí sucede en otros lugares del mundo en conflicto donde intervienen fuerzas internacionales como los Cascos Azules de la ONU. La consigna entre los periodistas es quitárselos de inmediato si hay un ataque, para que no los confundan con la tropa y, según la versión oficial, eso fue lo que hizo Langlois, quien se dirigió hacia los guerrilleros y se identificó como civil. Conocedor de las normas del Derecho Internacional Humanitario, lo hizo para salvar su vida, pero las Farc no respetan el DIH. Su ley es la ley del monte.

La segunda situación es que cubrir la guerra dejó de ser parte prioritaria de la agenda de los medios desde cuando el presidente Pastrana puso fin al proceso del Caguán y el gobierno Uribe impuso el discurso de la amenaza terrorista y estigmatizó como aliados de las Farc a los periodistas que tenían contactos con ellas o favorecían la solución política del conflicto. Por presiones, comodidad, miedo, autocensura, falta de garantías, indiferencia —o todas las anteriores—, poco a poco fueron desapareciendo las Unidades de Paz y los espacios de discusión con expertos, y los periodistas especializados, con honrosas excepciones, fueron tirando la toalla. Bajamos la guardia —o nos presionaron para hacerlo— y cedimos en el esfuerzo por comprender los hechos más allá de la coyuntura, por desentrañar la dinámica de un conflicto atravesado por el narcotráfico y con nuevos actores ilegales —y legales—, que hacen más difícil su interpretación. Perdimos impulso en el intento de entender y explicar por qué nos pasa lo que nos pasa, de hacer un periodismo más analítico y crítico, que es el que aporta en la construcción de la paz. Estamos en mora de volver por esa senda con todos los riesgos que eso implica.