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Política 4 Feb 2011 - 11:33 pm

Hace 20 años se instaló la Asamblea Nacional Constituyente

En su primer día de sesiones en el Salón Boyacá del Congreso, la Asamblea se declaró soberana y autónoma.

Por: Armando Novoa García *
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Foto: Gabriel Aponte

Hace 20 años, el 5 de febrero de 1991, se instaló la Asamblea Nacional Constituyente que expidió la Constitución Política. La ocasión es propicia para hacer memoria sobre los hechos que dieron lugar a este episodio, calificado como uno de los diez acontecimientos más importantes de la historia política colombiana de los últimos cien años. Evocar su creación es traerla a las realidades del presente para confrontarla con las expectativas de las nuevas generaciones, pues la Constitución es un proceso político abierto.

Una Constituyente de origen popular y pluralista

Colombia tuvo seis asambleas constituyentes. En 1828, 1863, 1886, 1905, 1910, 1953 y, una fallida, en 1978. A diferencia de ellas, la Constituyente del 91 no fue producto de una hegemonía o de acuerdos excluyentes, sino de la confluencia de voluntades diversas que reclamaban una reforma institucional para la democracia.

Fueron varios los sucesos que dieron lugar a su convocatoria. En la última década del siglo pasado, los asesinatos de los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro no lograron detener el torbellino que reclamaba el cambio. La decisión de varios grupos insurgentes como el M-19 y el Epl; la insubordinación de los estudiantes, que promovieron una séptima papeleta en las elecciones de marzo de 1990; la fatiga ciudadana por la violencia de los años 80, en particular, del narcoterrorismo, y el rechazo a la corrupción política, desataron una fuerza democrática en ascenso.

El entonces presidente Virgilio Barco apoyó este proceso y abrió espacio a la consulta ciudadana. Con el respaldo de la justicia, se apeló al pueblo como constituyente primario. Entre tanto, la Corte Suprema señalaba lo siguiente: “El país reclama el cambio institucional, aunque dentro de los cauces del orden jurídico, y ante el fracaso de los órganos del Estado responsables del mismo, ha venido pidiendo la conformación de una Asamblea Constitucional que pueda realizarlo”.

La Asamblea fue recibida con escepticismo. Algunos críticos no advirtieron su potencial democrático y se limitaron a señalar la abstención que la antecedió. Pero se legitimó por consecuencia. En cinco meses redactó una Constitución de 380 artículos y 60 normas transitorias y demostró que era posible una política sin clientelas y corrupción.

Sin embargo, la política tradicional no fue derrotada. Los constituyentes respetaron los límites temporales que les impuso el pueblo. Aunque la historia lo justificaba, no cayeron en la tentación de abusar de su poder para prolongar sus funciones, como sí lo hizo años después uno de sus más enconados detractores. Tal vez, un diseño más cuidadoso de las normas de transición política nos hubiera ahorrado el Proceso 8.000 y la captura del Estado por la parapolítica.

¿Expectativas frustradas?

La Constitución del 91 no logró la paz integral y varios de los males que enfrentó subsisten. El conflicto con las guerrillas, que descalificaron ese proceso, se agudizó, pero la Carta deslegitimó la violencia como instrumento de la política. En algunas esferas públicas la corrupción es manifiesta, pero se entregaron instrumentos para combatirla. Las desigualdades sociales y la pobreza extrema no han sido erradicadas pero, a pesar de las amenazas en su contra, la acción de tutela y la Corte Constitucional son garantías poderosas al servicio de los ciudadanos.

Las minorías étnicas y los grupos discriminados siguen siendo maltratados, pero ahora pueden reivindicar sus derechos fundamentales. Algunos de los actores políticos que le dieron vida se evaporaron, pero el espíritu constituyente irradia los derechos de la ciudadanía. La Constitución no lo puede todo. Lo que ha faltado son políticas de Estado en consonancia con sus mandatos.

Renovar el consenso democrático

Existen temas no resueltos. El régimen territorial es uno de ellos. Iniciativas de reformas, como la sostenibilidad fiscal, pueden afectar gravemente la protección judicial de los derechos económicos y sociales y el concepto mismo de Estado Social de Derecho. Otras, como la anunciada a la justicia, advierten que el ejercicio de evaluación constitucional es polémico y de actualidad.

Luego de cuatro lustros de crisis políticas, de negociaciones de paz frustradas, de confrontación y degradación del conflicto, de empoderamiento de la ilegalidad y de amenazas de distinto orden, la Constitución sigue siendo el camino. Contar con una Constitución legítima es un valor supremo de la democracia. De allí que los esfuerzos de esta conmemoración deberían dirigirse también a abrir espacios para un nuevo pacto: el de la renovación del consenso democrático alrededor de su vigencia efectiva.

Se necesita una fuerza colectiva para lograrlo. Si se apelara al nuevo lenguaje gubernamental habría que afirmar que la Constitución es la “locomotora” más importante para la “prosperidad social”. Todos deberíamos concurrir a ese propósito.

 

 * Director Ejecutivo Centro Estudios Constitucionales Plural.

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