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Política 29 Jun 2011 - 11:20 pm

Política electoral, bajo lupa

Empieza a regir la Ley de Garantías

Desde las cero horas de este jueves, a cuatro meses de las elecciones de autoridades locales y regionales en el país, comenzó a regir.

Por: Elespectador.com
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Una norma que propende porque las campañas de los candidatos, que irán a los comicios del próximo 30 de octubre, se desarrollen con total transparencia, sin injerencia de dineros públicos ni el apoyo de actuales gobernantes. Y la Ley –la 996 de 2005– establece cuatro prohibiciones básicas que regirán hasta el mismo día de la cita en las urnas.

En primer lugar, la ordenanza establece una tácita restricción en materia contractual, según la cual los alcaldes, gobernadores, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas –tanto del orden municipal, como departamental o distrital– no podrán celebrar convenios interadministrativos cuando éstos impliquen recursos públicos.

Tampoco se podrán inaugurar obras públicas o programas de carácter social en presencia de candidatos a gobernaciones, asambleas departamentales, alcaldías o concejos municipales. De la misma manera queda prohibido que aspirantes a cargos de elección popular hagan campaña o celebren reuniones políticas en inmuebles oficiales.

La Ley de Garantías establece una suerte de ‘congelador’ a las nóminas de los entes territoriales, ya que éstas, durante los cuatro meses que rige la norma, no podrán ser modificadas. Las únicas excepciones que aplican para este inciso son cuando se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, muerte o renuncia irrevocable y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa.

Finalmente, se determina una serie de faltas ‘gravísimas’ para aquellos servidores públicos que utilicen sus rangos profesionales para promover candidatos. Las principales faltas tipificadas por la Ley son: presiones a subalternos para apoyar alguna candidatura, difundir propaganda electoral a través de medios de comunicación oficiales, favorecer a subalternos que simpaticen con causas ideológicas de sus superiores y ofrecer beneficios a los ciudadanos mediante obras o subsidios para influir en la intención de voto, así como aducir razones de “buen servicio” para despedir funcionarios de carrera.

Con estas cuatro prohibiciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá que velar por que las campañas de los candidatos que buscan salir elegidos a alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas el próximo 30 de octubre, se realicen en total transparencia y evitar que los actuales mandatarios departamentales y municipales, así como cualquier clase de ordenador de gasto público,  pueda utilizar su poder electoral y económico para promocionar candidatos afines con sus propios intereses. Mientras tanto, la Misión de Observación Electoral (MOE) advierte sobre los riesgos de la utilización de las ayudas por la emergencia invernal para fines electorales. Desde hoy las alertas están prendidas.

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