¿Carrusel pensional en todas las cortes?

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara ha sido cuestionada por su inoperancia en los procesos.

Las tensiones entre el Congreso y las altas cortes están en su punto más álgido. Esto a raíz del anuncio del presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Germán Blanco, de abrir investigación contra más de 200 magistrados por su presunta participación en el escándalo del llamado “carrusel de las pensiones”.

Hasta ahora estos señalamientos tenían en el ojo del huracán a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura —entre ellos Julia Emma Garzón, Ovidio Claros, Henry Villarraga y Pedro Sanabria—, quienes ya rindieron versión libre en la Comisión. Sin embargo, tras la apertura de este proceso, la célula legislativa planteó dudas sobre comportamientos similares en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

Quiere decir eso que, presuntamente, en todas las cortes los magistrados titulares contrataban como auxiliares a personas que, luego de trabajar unos pocos meses, aumentaban de forma sustancial su mesada de jubilación generando un importante deterioro patrimonial a la Nación. Según explicó el representante Blanco, “la postulación de sus auxiliares la hace cada magistrado, esa es un responsabilidad personal y por eso estamos abocados a investigar dos tipos de irregularidades: detrimento patrimonial y faltas disciplinarias”.

En su denuncia, la Comisión de Acusación especifica, nombre a nombre y con número de identificación, a 61 magistrados titulares que habrían podido realizar este tipo de nombramientos con el fin de favorecer el aumento inusitado en la mesada pensional de funcionarios de la Rama (ver facsímil de lista publicada el martes). También están referenciados en el documento más de 140 magistrados auxiliares que se habrían favorecido con el nombramiento. (Otra parte de la lista de magistrados).

Este nuevo tire y afloje entre el Congreso y las cortes se da a pocos días de reiniciar el debate de la reforma a la justicia, que entra en su etapa final en el Legislativo y en cuyo articulado se está definiendo, por un lado, la forma de juzgamiento de los parlamentarios, y por el otro, si la Comisión de Acusación seguirá a cargo de los procesos contra los magistrados de los altos tribunales.

En el tercer debate de la reforma, en la Comisión Primera de la Cámara, a altas horas de la noche, los congresistas habían decidido modificar las facultades nominadoras de las cortes para los cargos de fiscal, contralor y procurador, lo que generó el inmediato retiro de los representantes de la Rama Jurisdiccional del debate. Ello dio pie en algunos sectores a la teoría de que el Congreso lo que tenía era una ánimo de revancha contra la Corte Suprema por sus decisiones en la parapolítica.

Sin embargo, para el presidente de la Comisión de Acusación, Germán Blanco, no hay ningún interés de fondo en las decisiones que se han tomado en este tribunal legislativo y sostiene que “en la reforma no se ha planteado la eliminación de la Comisión, simplemente estamos siendo diligentes con unas denuncias sobre las cuales la opinión pública reclama resultados como lo son las de los carruseles de las pensiones”.