La orden del presidente Santos es que sólo él tiene las llaves de la paz, pero que de debe mantener la ofensiva militar. / SNP

La fórmula es el hermetismo y la discreción, sabiendo en su fuero interno que ese es el objetivo de su paso por el poder. Alrededor no habrían más de tres personas que saben que iniciar y desarrollar un proceso de paz es un reto mayúsculo lleno de incertidumbres, obstáculos y posibilidades. Y sobre todo, teniendo en cuenta las circunstancias colombianas, que hay que apostar en lo militar y en lo político. El presidente Juan Manuel Santos así lo entiende y hacia allá parece estar dando sus puntadas de filigrana, con la premisa de que la prioridad sigue siendo la seguridad, pero que no se pueden trancar las puertas de la paz.

Los rumores abundan: que en su reciente visita a Cuba habló con Raúl Castro y Hugo Chávez de acercamientos con las Farc y el Eln. “Cuba podría ser el destino final de los jefes guerrilleros para lograr un acuerdo del cese al fuego y de liberación de todos los secuestrados”, contó el periodista venezolano Nelson Bocaranda en su columna ‘Runrunes’, del diario El Universal de Caracas. Ahora, se dice también que ya algunos emisarios habrían tenido contacto con el mismísimo Timochenko en la zona de frontera con Venezuela, y que Suiza quiere ayudar a crear un escenario de entendimiento.

Y aunque en una entrevista con El Espectador el jefe de Estado negó supuestos contactos secretos y calificó todas las versiones que se escuchan como “puros rumores”, sí dejó un mensaje en el ambiente al señalar que “si hubiese algún acercamiento, ustedes serían los últimos en saberlo”. Porque si algo tiene claro Santos es que desde sus tiempos en la Fundación Buen Gobierno aprendió a analizar el rumbo del conflicto armado y de qué manera la transición pacífica es producto de las aproximaciones con el mayor sigilo posible y la creación de un ambiente propicio a la necesidad de la paz.

Ambiente que pareciera comenzar a darse con la anunciada liberación de los 10 militares y policías secuestrados por las Farc, que se espera pueda concretarse en próximos días, y con el reciente anuncio de esa guerrilla de renunciar al secuestro extorsivo. Señales que en criterio de algunos apuntan a dos fines claves: generar hechos que demuestren avances reales en materia de entendimiento y cesar la interferencia que, sin quererlo, producen tantos actores sociales en torno a los secuestrados de la guerra. Comisiones civiles, políticos, periodistas: la idea en la estrategia de paz es reducir intermediarios.

Ahora, evidentemente o como él mismo dice, con las llaves de la paz en su bolsillo, el presidente Juan Manuel Santos sabe que hay unas etapas que surtir cuando se camina hacia un proceso de paz. Y la primera es aquella fase exploratoria, o de tanteo, en la que las personas que intervienen en ella calibran el convencimiento de las partes, es decir, si están realmente seguras de que van a iniciar un proceso negociador en el que tendrán que ceder algo. Un momento decisivo en el que la experiencia ha demostrado que la guerrilla ha buscado ganar tiempo para rearmarse.

Ocurrió, efectivamente, en las fallidas conversaciones del Caguán, donde las Farc se sintieron fuertes y poderosas, y manejaron las negociaciones en términos de aprovechar el momento para fortalecerse aún más, escogiendo una metodología sumamente lenta que les beneficiaba en el tiempo, pero que no conducía a ninguna parte. Por eso, para Santos el modelo Caguán es impensable y tampoco el mejor ejemplo es Ralito.

Lo cierto es que hoy se advierte que, además de las liberaciones de los miembros de la Fuerza Pública cautivos o los anuncios de que las Farc van a renunciar al secuestro, la única apuesta del momento no es sólo la guerra. Eso no significa que en términos de confrontación con la guerrilla la orden no sea el avance fuerte y sostenido. Las cartas se están jugando. En el Congreso el asunto tiene nombre propio: el denominado marco legal para la paz, la reforma constitucional que busca consolidar instrumentos de justicia que faciliten la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera.

Una iniciativa que ya fue aprobada en primera vuelta y que entra a su etapa definitiva en la actual legislatura, con perspectivas de aprobación a través del voto mayoritario de la alianza de gobierno. Se trata de una reforma a la Carta Política que, entre otros aspectos, pretende un trato diferenciado a las distintas partes del conflicto a las cuales se les aplicarían instrumentos de justicia transicional, creando incentivos para contribuir de manera definitiva a la verdad o satisfacer en la mayor medida posible los derechos de las víctimas. Objetivos que ya no quedarían amarrados a interpretaciones jurídicas, sino que serían obligatorios por mandato de la Constitución.

De manera paralela, normas como la Ley de Víctimas, la Ley de Restitución de Tierras o los desarrollos de la Ley de Justicia y Paz, indirectamente apuntan hacia el mismo propósito: garantizar que si eventualmente se dan las condiciones para un proceso de paz con los grupos guerrilleros, desde la Constitución y la ley —en el país de los abogados— se pueda contar con piso firme a la hora de negociar. Es decir, un marco reglamentario que les dé menos margen a los cercos legales.

Paradójicamente, esta estrategia también pasa por la guerra. Por eso es claro que a través de las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo busca demostrar que el Estado es superior a la insurgencia. Por eso es clave la información que hoy se obtiene del enemigo para debilitarlo, para demostrarle que el mejor camino es la paz. Como acaba de suceder en Arauca, donde fueron abatidos 32 guerrilleros del frente 10 de las Farc, aprovechando de paso la deslegitimación en que ha caído el jefe guerrillero de la zona, alias Grannobles, de quien se dice —y es otro rumor— no camina en la senda de Timochenko.

La orden es clara: no cesar la búsqueda de objetivos específicos de la guerrilla, como tampoco la identificación de sus fisuras en el mando. Y el Gobierno sabe que las Farc también quieren demostrar que tienen poder militar y que las prácticas terroristas generan una percepción de inseguridad que les da ventajas. Por eso, la doble instrucción desde la Casa de Nariño es que “por ahora nadie está autorizado para hablar de paz a nombre del Ejecutivo, y en cambio debe sostenerse la ofensiva militar”.

El otro componente es judicial. La experiencia del proceso con las autodefensas dejó un ejemplo que no puede repetirse: improvisación a la hora de la definición de los prontuarios, que se ha prestado para una confusión sin límites. De la mano de la justicia, el Estado quiere tener claro cuáles son las cuentas pendientes de la guerrilla, para centrar los esfuerzos de la investigación penal hacia los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

El presidente Santos tiene su propia senda que labra sin ruido. Hay muchos temas en juego y su mandato apenas va por el segundo año. A inmediato plazo urge la libertad de los cautivos. A mediano plazo la hora de las definiciones en la guerra. Y un poco más allá, la seducción o no de la reelección presidencial que desde 2005 ya forma parte del imaginario político de los colombianos. Entre su propio norte de Unidad Nacional, los coletazos del uribismo vivo y coleando o la oposición sin figuras relevantes, la transición pacífica es una obsesión del presidente con una sola llave hacia la paz, la suya propia.

El proyecto del marco legal para la paz

Con un artículo único, la iniciativa señala que “los instrumentos de justicia transicional tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera”. En este sentido, menciona también que dichos instrumentos buscarán la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. La ley podrá autorizar un tratamiento diferenciado para cada una de las partes que hayan participado en las hostilidades y el Congreso, a iniciativa del Gobierno, determinará mediante ley los criterios de selección y, en consecuencia, podrá autorizar la renuncia a la persecución penal o a la suspensión de la pena. Los instrumentos de justicia transicional no podrán aplicarse a los miembros de grupos al margen de la ley que no hayan suscrito un acuerdo de paz.

Un mensaje de reconciliación

La paz se juega en lo militar y en lo político. Y hablando de lo segundo, según conoció El Espectador, una agencia de comunicaciones ya estaría asesorando al Gobierno para diseñar una estrategia encaminada a ambientar un proceso de verdadera reconciliación entre todos los colombianos. El objetivo es crear en la sociedad la idea de que el país no puede seguir desangrándose en una guerra inútil y atroz y que tenemos que parar ya el conflicto.

Lo que sí es claro es que el Gobierno sabe que la sociedad está muy polarizada y que hablar de diálogo con las Farc tiene pésima presentación. Por eso el mensaje es hacia la reconciliación y, a partir de allí, generar conciencia de que no se puede seguir por la misma ruta que llevamos hace más de 50 años. Y una cosa clara: la guerrilla definitivamente tiene que dar muestras de que está dispuesta a cambiar su agenda de guerra y que quiere dar el paso hacia un movimiento político.

En voz baja, se dice que quienes aún tienen línea de comunicación con las Farc están en la tarea de que el grupo subversivo convoque lo más pronto posible una nueva conferencia en la que se tracen los lineamientos para comenzar a hacer tránsito hacia dicho movimiento político. Pero por ahora, insisten en la Casa de Nariño, no hay ambiente propicio para el diálogo y la orden es dar más golpes, contrarrestar las acciones terroristas y llevarlos a pensar que el mejor camino es la paz.

Los mensajes de ‘Timochenko’

Desde que Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, asumió el mando en las Farc, ha enviado varios comunicados en los que habla de reconciliación y paz. “Por nuestra parte, consideramos que no caben más largas a la posibilidad de entablar conversaciones”, escribió en un mensaje fechado el 26 de febrero, en el que además anunció la decisión de renunciar al secuestro con fines extorsivos.

En enero de este año el jefe guerrillero habló de tratar varios asuntos en una hipotética mesa de conversaciones, retomando la agenda que quedó pendiente en el Caguán. Y el pasado 3 de marzo, en un nuevo comunicado, Timochenko señaló: “Nosotros creemos que vale la pena intentar romper ese círculo maldito y apostarles más bien a la reconciliación y a la paz”.

Mensajes que la gran mayoría toma con precaución, mientras no se vea verdadera voluntad de parar las extorsiones, los secuestros y los ataques terroristas. Para otros, son señales evidentes de que las Farc quieren dialogar.