Guerrilla, paramilitares y agentes de Estado siguen violando los DD.HH.

Con manifestaciones de organizaciones de derechos humanos se celebró la condena al general Alfonso Plazas Vega en 2010. /Archivo

Amnistía Internacional emitió su informe anual en materia de derechos humanos . El documento verifica los avances y retrocesos en esta materia en 155 países. En el capítulo sobre Colombia, el veredicto es el mismo que por años ha perseguido a los gobiernos: rajados en derechos humanos.

Y advierte la entidad : “el Gobierno siguió manifestando su compromiso para los derechos humanos. Pese a ello, hubo pocas mejoras tangibles en la situación general de estos derechos”. A la vez alertó que las principales víctimas de las violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado son “especialmente pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas”. A la vez, dicha organización manifestó su preocupación por la ausencia de eficaces sistemas de protección para los defensores de derechos humanos, dirigentes campesinos y comunitarios, y sindicalistas.

Sin embargo, la ONG internacional aplaudió los esfuerzos adelantados por el gobierno de Juan Manuel Santos, en el sentido de reconocer los derechos de las víctimas del conflicto armado. En especial, por la sanción de la Ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras. Pero al mismo tiempo sostiene que “la persistencia de los homicidios de quienes luchaban por la restitución de tierras como de las amenazas contra ellos puso en peligro la aplicación de la ley”.

El apéndice que corresponde al panorama de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el escenario del conflicto armado no es muy alentador. “Los grupos guerrilleros, paramilitares y las fuerzas de seguridad siguieron cometiendo delitos contra el derecho internacional, tales como homicidios, secuestro o desapariciones forzadas, y desplazamientos”, señala el documento.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) reportó que entre enero y noviembre del año pasado 111 miembros de sus comunidades murieron por causas violentas. Y recuerda el caso de Zaragoza, Antioquia, donde paramilitares asesinaron a cinco integrantes de la etnia zenú, en junio de 2011. También recuerda el homicidio de Crisanto Tequia, indígena katío, al parecer por parte de las Farc, en Chocó. Además, menciona tres casos de desplazamientos forzados ocurridos en el Valle del cauca y Antioquia.

Frente a la Ley de Víctimas y Tierras, la entidad internacional sostiene que pese al avance que ésta significa en el reconocimiento del conflicto armado y de quienes han sido afectados por éste, existe el temor de que muchas víctimas no sean reparadas y que las tierras usurpadas no lleguen a manos de sus legítimos propietarios. A la vez que recuerda el asesinato de Antonio Mendoza, dirigente de una asociación de desplazados en San Onofre, Sucre.

En cuanto a las violaciones a los derechos humanos perpetradas por miembros de la Fuerza Pública, se advierte que en la primera mitad de 2011 se registraron 17 casos de ejecuciones extrajudiciales, una cifra mayor al mismo período de 2010. Sin embargo, se reconoció el avance de la justicia con la condena de ocho uniformados por estas conductas en julio de 2011. Pero a la vez alertó sobre el alto índice de impunidad que ronda esta práctica y los pocos avances de las investigaciones.

Por otra parte, Amnistía Internacional expresó su preocupación por los proyectos de reforma constitucional de la ampliación del fuero militar y del llamado marco legal para la paz, argumentando que “el sistema de justicia había cerrado sistemáticamente este tipo de investigaciones sin esforzarse seriamente en hacer rendir cuentas a los responsables” y que “el Congreso también debatía medidas que permitirían a autores de abusos contra los derechos humanos, entre ellos miembros de las fuerzas de seguridad, beneficiarse de amnistías de facto”.

El informe advierte sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de las Farc y el Eln. A la vez que exhibe su preocupación por presencia de grupos paramilitares, que el Gobierno se ha empeñado en llamar bandas criminales. Incluso, sostiene que el proceso de justicia y paz no ha tenido avances significativos, negándoles a las víctimas de éstos el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

Finalmente, recuerda los casos en que han sido asesinados defensores de derechos y plasma su preocupación por las amenazas y persecuciones de que son objeto en razón de su oficio. Y cierra el informe con el capítulo de la impunidad. “Hubo avances en un número limitado de casos claves de derechos humanos”, se lee en el documento. Aunque valora la condena de los generales retirados Jesús Armando Arias Cabrales y Alfonso Plazas Vega, condena la absolución del también general Iván Ramírez y los desafortunados pronunciamientos de miembros del Gobierno y oficiales activos ante las decisiones de la justicia. “La impunidad persistió en la mayoría de los casos, exacerbada por los homicidios de testigos, abogados, fiscales y jueces, así como por las amenazas contra ellos”, concluye.