Reforma a la justicia: los secretos de la conciliación

El presidente de la Cámara, Simón Gaviria, y el renunciado ministro Juan Carlos Esguerra, durante el debate de la reforma a la justicia. / El Espectador

En la conciliación de la reforma a la justicia el asunto no era de argumentos, sino de votos. Una premisa que no supo o quizá no quiso entender el Gobierno, pese a que algunas voces desde el mismo Congreso de la República advertían sobre la necesidad de que en las comisiones que se encargarían de ajustar el texto del proyecto había que tener ‘amigos’, es decir, parlamentarios que compartieran las posturas del Ejecutivo frente a temas sensibles, como la pérdida de investidura o el juzgamiento de altos funcionarios del Estado, entre otros. Se lo dijeron a Juan Mesa, el secretario general de Presidencia; a Federico Renjifo, el ministro del Interior, y, por supuesto, a Juan Carlos Esguerra, el ya renunciado ministro de Justicia.

Algo olía mal desde el principio. En una reunión previa se conoció una lista de posibles conciliadores, en la que no estaban ni Luis Fernando Velasco, ni Juan Fernando Cristo, ni Juan Carlos Vélez, ni Germán Varón, ni Alfonso Prada, ni Roosvelt Rodríguez, ni Guillermo Rivera, algunos de los ponentes más activos durante el trámite de la reforma y a quienes el Gobierno quería tener en esa última y definitiva etapa. Si alguna solicitud se hizo ante los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Juan Manuel Corzo y Simón Gaviria, quienes en últimas eran los que decidían quién iba y quién no en la conciliación, o no se fue convincente o éstos se hicieron los de oídos sordos. Al final, de los aliados del Gobierno, sólo Rodríguez y Varón clasificaron.

El martes en la mañana las comisiones conciliadoras de las dos corporaciones legislativas se reunieron en el Club de Ejecutivos. Allí llegó el ministro Esguerra y fue el senador Luis Fernando Duque (Partido Liberal) el encargado de notificarle que se había decidido trabajar sin su presencia. Varón y Rodríguez protestaron por su exclusión, pero éste no dio pelea y se retiró diciendo que respetaba la soberanía del Legislativo. Punto a favor de quienes querían alejar al minjusticia, teniendo en cuenta que en una de las tantas reuniones de ponentes, cuando alguien le propuso que por qué no metían que a los ministros los investigara directamente la Corte Suprema, se negó con vehemencia y amenazó con retirarse de la discusión, ya que la gente iba a pensar que estaba buscando favorecerse. “Ni por el putas (...) me hago matar”, les dijo.

La conciliación inició con decisiones drásticas. De entrada se eliminó el artículo que establecía la detención preventiva por 36 horas para evitar que algún imputado o procesado obstruyera la justicia o pudiera poner en riesgo los derechos de otras personas. Cuando se llegó al artículo sobre los juicios políticos —un tema que el Gobierno consideraba superado, pues el texto del Senado lo excluía— el senador Jesús Ignacio García (Partido Liberal) pidió la palabra para advertir que estaba de acuerdo con revivir el asunto. La norma dice ahora que al Senado le corresponde conocer de las acusaciones que formule la Cámara contra los magistrados de las altas cortes, el fiscal general, el procurador y el contralor. Y se revivió.

Luego vino el tema de la pérdida de investidura. El senador Juan Carlos Restrepo (Cambio Radical) fue el encargado de liderar la propuesta de recoger lo más benéfico para los congresistas de los textos aprobados en Senado y Cámara. Fue cuando se estableció la gradualidad (posibilidad de sólo ser suspendidos), que se tendrá en cuenta el dolo o la culpa con que se haya actuado, y se eliminó el régimen de inhabilidades como una de las causales para perder la dignidad de legislador. Además, se hizo la escisión de algunos artículos, pese a que la Corte Constitucional dice que eso sólo es posible cuando se trata de corregir la redacción, mas no cuando se cambia el espíritu de la norma.

Otra discusión compleja se dio sobre la captura de parlamentarios después de sentencia en primera instancia. Algo que había desaparecido en los últimos debates en Senado y Cámara, pero que se quiso recuperar en la conciliación. Al final se descartó. Y surgió una controversia hasta ahora desconocida por la opinión pública: el senador Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador) pidió la palabra señalando que desde hace cinco años estaba sub júdice por un anónimo, lo cual le parecía injusto. Y planteó incluir un punto que dijera que si después de dos años de una investigación no se profería resolución de acusación, se tenía que dictar inhibitorio, y si a los seis meses no había un hecho nuevo, se diera tránsito a cosa juzgada. Es decir, prescripción a los dos años y medio en los procesos contra los congresistas.

“Ya estamos jalando mucho la pita (...) si llevamos eso se hunde la reforma”, comentó alguien. La reunión ya llevaba a estas alturas más de cinco horas y fue cuando Varón decidió llamar vía telefónica al ministro Esguerra, pues seguía la discusión sobre el director de Administración Judicial, uno de los puntos de honor del Gobierno. El criterio era que no se podía acabar de un tajo con el Consejo Superior de la Judicatura y dejar a una sola persona ejecutando billonarios recursos. Se dio el debate, se procedió a votación y nuevamente las fichas del Ejecutivo fueron derrotadas. Germán Varón decidió abandonar la conciliación. La situación pasaba de castaño a oscuro y los ministros Esguerra y Renjifo consideraron la posibilidad de amenazar con que el Gobierno iba a retirarle el respaldo a la reforma definitivamente.

Pero no era el momento para chocar con el Congreso. El Marco Legal para la Paz todavía estaba en juego y no se podía correr el riesgo de su hundimiento. Mientras tanto, la conciliación siguió su paso y se le incluyeron puntos como el que los secretarios de Senado y Cámara entraran a la lista de aforados y la gota que rebosó la copa: el representante Alejandro Chacón (Partido Liberal) vendió la idea que dentro de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia estuvieran el investigar y juzgar a ministros, defensor del Pueblo, consejeros del Consejo Nacional de Disciplina Judicial, miembros del Consejo Nacional Electoral, directores de los Departamentos Administrativos, embajadores, gobernadores y generales y almirantes de la Fuerza Pública, entre otros.

Una propuesta que prácticamente tumbó la reforma, pues la posibilidad de excarcelación de funcionarios, incluyendo los de alto gobierno, la hizo indefendible y causó la indignación ciudadana. En efecto, una providencia de la Sala Penal de la Corte Suprema —recientemente aprobada, pero aún no publicada— establece que cuando se cambia de juez en la etapa de instrucción o investigación se viola el principio de la inmediación de la prueba y ello genera la nulidad del juzgamiento. Pero también eliminaron los parágrafos transitorios, lo que implica que si empezara a regir el acto legislativo, la Sala de Investigación y Juzgamiento que debe crearse en el alto tribunal para juzgar a esos aforados no existe, no está funcionando todavía y, sin juez, cualquiera puede meter un hábeas corpus pidiendo libertad, que tendría que ser concedida, así esté en etapa de juicio.

La conclusión que queda es que todo fue intencional, que hubo una estrategia orquestada para meterle esos ‘goles’ a la reforma a la justicia, aunque los conciliadores hayan salido a dar explicaciones, disculpas y reconocer sus errores. Es claro que hay que comenzar a pensar en la reglamentación de las conciliaciones, ordenando por lo menos que se levante un acta donde queden consignadas las posiciones de todos para saber de qué manera se toman las decisiones. Esguerra ya renunció aceptando su responsabilidad política, aunque en muchos momentos el Gobierno lo dejó solo en su tarea. ¿Y la responsabilidad del Congreso? ¿Y la responsabilidad de las altas cortes, que se hicieron a un lado, pero guardaron silencio frente a la ampliación del período de los magistrados? Algo o mucho falló, el presidente Santos lo sabe: Falta ver cuáles serán las consecuencias.

La frase de la conciliación

‘‘Vamos a meter  que a uno le abren la investigación y le tienen  que dictar un inhibitorio a los dos años si no le profieren  resolución de acusación, y si a los seis meses  no hay un hecho nuevo hace tránsito a cosa juzgada”

Senador Eduardo Enríquez Maya