La cuenta de cobro de la reforma

La reforma ocasionó la salida de Juan Carlos Esguerra del gabinete del presidente Juan M. Santos. / Presidencia

Antes de su posesión como presidente de Colombia, Juan Manuel Santos sabía que, dados los antecedentes de la nociva pelea entre el gobierno Uribe y la Corte Suprema, se la debía jugar por una necesaria reforma a la justicia. Pero también entendía que era meterse en un terreno pantanoso. Sin embargo, de entrada contó con un líder político de peso en el Congreso como Germán Vargas Lleras para hacerle frente a la espinosa reforma. Hoy, casi dos años después, es claro que el revanchismo del Congreso contra la justicia peló el cobre y, de paso, le creó una crisis al Gobierno de insospechadas consecuencias.

Ahora, en parte por su inexperiencia para lidiar con los intereses creados de un sector de la clase política que sigue atrincherada en sus malos hábitos, pero también porque en el momento crucial no exigió o denunció a tiempo la encerrona que estaban fraguando los conciliadores de la reforma a la justicia, el sacrificado terminó siendo el saliente ministro Juan Carlos Esguerra. En una actitud valerosa asumió el costo político del fracaso, pero detrás de su salida quedaron en evidencia las grietas que empieza a mostrar el modelo de la Unidad Nacional y la necesidad de darle un timonazo en favor del país.

Lo que quedó claro es que un sector del Congreso sólo estaba pensando en cómo blindarse de la justicia, pero también cómo el Gobierno, en su objetivo de sostener su aplanadora en el Legislativo, pecó cediéndole hasta el escenario crucial el de la conciliación del último texto. Como lo refiere la directora del Instituto de Ciencia Política, Marcela Prieto, quedó en evidencia el error del presidente Santos de querer darle gusto a todo el mundo. El costo es ahora un nuevo trato con el Congreso, más allá de una expectativa de reelección, pero dándoles prioridad a los intereses nacionales por encima de una clase política que quedó en evidencia ante el país.

“La reforma a la justicia fue un desacierto de principio a fin y lo único claro es que en la sucesión de errores, ni el Congreso demostró ser imparcial o idóneo, ni se atendieron aspectos claves que se necesitaba abordar, ni debió hacerse con los magistrados. El sacrificado terminó siendo Juan Carlos Esguerra”, criterio del constitucionalista Juan Manuel Charry, y refleja de una manera concisa el yerro del gobierno Santos por persistir en una reforma que no tenía norte claro y terminó en un conciliábulo que rechazó el país. Hasta los magistrados de las altas cortes quedaron mal, transando por un contentillo de cuatro años más en sus dignidades.

Se dirá que Juan Carlos Esguerra se equivocó por confiar en los congresistas; que al presidente de la Cámara, Simón Gaviria, le faltó experiencia a la hora de dejarse imponer a los integrantes de la Comisión; que el presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, siempre se la jugó por revivir el fuero parlamentario, pero a la hora de las decisiones hizo mutis por el foro, y que el gobierno Santos sintió por primera vez el poder de la crítica. Ahora, de cara a los dos años que le restan de su gobierno y, por supuesto, a su eventual reelección, como se dice en el argot popular, tendrá que barajar de nuevo y enmendar las fisuras de su Unidad Nacional.

Su dedo señalador contra los congresistas tendrá algún costo político. La relación del Gobierno con las cortes, sobre todo si se hunde definitivamente la reforma, también tendrá un precio. Como lo admite la investigadora de la Universidad del Rosario Bibiana Andrea Clavijo: “Santos tendrá que ingeniárselas para darles curso a nuevos proyectos de ley y contar con la destreza de sus ministros para recomponer las relaciones con los poderes Legislativo y Judicial, que de alguna manera salieron maltrechos y expuestos como responsables del escándalo. Algo así como volver a empezar evaluando quiénes son leales y quiénes se acercan por poder.

Sin embargo, mientras pasa el trago amargo de esta semana, el Gobierno tendrá que resolver el interrogante que hoy prevalece en el país: ¿Qué va a pasar con la reforma a la justicia? Y, sobre todo, ¿cómo evitar que lo sucedido en la Comisión de Conciliación se convierta en un referendo derogatorio y eventualmente un inesperado plebiscito ciudadano en su contra? Por ahora la apuesta es la objeción presidencial a la reforma, aunque los entendidos sostienen que es un camino jurídicamente inviable, pero algo tendrá que suceder en el laberinto del derecho, y la primera solución tendrá que proveerse de manera paralela a la búsqueda de un ministro.

Lo demás es la sumatoria de cuentas de cobro que se seguirán pasando. Al actual ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, porque cuando ocupaba la cartera del Interior impulsó una reforma constitucional que eliminó los conflictos de intereses para que los congresistas pudieran votar reformas constitucionales, facilitando que pasaran por alto sus impedimentos a la hora de participar en la reforma a la justicia; o a algunos magistrados de las altas cortes, quienes por prolongar sus dignidades por cuatro años más, por debajo de la mesa le dieron el visto bueno a la reforma. Obviamente, el costo mayor, para los congresistas que demostraron su interés por sacar ventaja ante la justicia.

A no ser que el Ejecutivo logre salir avante con su arriesgada apuesta de la objeción de la reforma a la justicia, la frustración tiene interrogantes propios: ¿Seguirá vigente el Consejo Superior de la Judicatura con su desprestigio a cuestas? ¿Se mantendrán los períodos actuales de los magistrados de las altas cortes y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes con nulas evidencias de operatividad? ¿Caerá la pérdida de investidura parlamentaria, uno de los mayores logros de la Constitución de 1991? Todo está por verse y saldarse en los terrenos de la política, la participación ciudadana y los estrados judiciales, en especial la Corte Constitucional.

Pero de alguna manera estaba cantado. No iba a ser fácil sacar adelante una reforma a la justicia. En la historia contemporánea de Colombia, esta ha sido una pelea de siempre. La perdió López Michelsen con la miniconstituyente, fracasó Turbay Ayala con otro acto legislativo, tuvo que desistir de ella Virgilio Barco porque el Congreso prefirió un referendo contra la extradición, avanzó César Gaviria con la Constitución de 1991, pero quedaron hilos sueltos. Y desde entonces no ha sido posible que la justicia no se politice ni que la política quiera tomarse la justicia. Un choque de trenes donde la única perdedora ha sido la sociedad que no accede a ella.

En últimas, la crisis política de esta semana que concluye sólo ha dejado perdedores: el Gobierno, que sacrificó a uno de sus ministros más rectos y terminó enredado en sus argumentos; los conciliadores en el Congreso, que quedaron expuestos a la picota pública e incluso a demandas judiciales por sus indelicadezas y abusos para tratar de sacar ventajas; los magistrados de las altas cortes, que expusieron su majestad por unos cuantos años más de toga, y la ciudadanía, que sigue constatando cómo la impunidad sabe hacer sus esguinces a la ley y la aplicación de justicia conserva la condición de seguir siendo un perro bravo que sólo muerde a los de ruana.

Cronologías: De salidas políticas y jurídicas

1986

Diciembre

La Corte Suprema de Justicia tumbó la ley aprobatoria del Tratado de Extradición. Lo hizo porque la ley no fue firmada en 1980 por el presidente Julio César Turbay, sino por su ministro delegatario Germán Zea. El entonces presidente Virgilio Barco, ante la crisis planteada con Estados Unidos y la presión criminal del narcotráfico, optó por una medida inusual: él decidió firmarla. Siete meses después la Corte volvió a tumbar la ley por una simple razón: si Barco quería firmar la ley tenía que volver a tramitarla.

1992

Julio

Estrenando la Constitución de 1991, la Fiscalía se percató de que en el nuevo Código de Procedimiento Penal existía un artículo, el 415, que le daba un término a la justicia para mantener privados de su libertad a los sindicados por distintos delitos. Por los atrasos de la justicia, eso significaba, ni más ni menos, una masiva excarcelación de presos. Ante la disyuntiva, el Gobierno no encontró otro camino que declarar la conmoción interior para frenar el apremio. Después de dos prórrogas, el asunto no se solucionó.

1996

Enero

Ante las revelaciones del entonces exministro Fernando Botero de que el presidente Ernesto Samper sí sabía de la filtración de dineros del narcotráfico a su campaña presidencial, el primer mandatario respondió con una intervención pública en la cual dijo someterse a su juez natural, el Congreso, e instó a las facultades de economía a indagar su campaña y prometió una consulta para que, en el caso de ser absuelto, el país decidiera si debía quedarse. Nada se concretó y la salida política fue perfecta.

2000

Enero

Tras el fracaso de un proyecto para buscar facultades extraordinarias en materia de paz, el gobierno Pastrana anunció un referendo. La idea no prosperó y el asunto terminó en una alianza política.